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La nueva legislatura

Las propuestas que las plataformas sociales consideran “imprescindibles” para el nuevo Gobierno

  • Varias plataformas ciudadanas han presentado este miércoles una docena de condiciones necesarias en materia social de cara a la próxima legislatura
  • Diputados como la número dos de IU, Sol Sánchez, o el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, han estado presentes y han expresado su apoyo para poner en marcha las medidas presentadas

Publicada 24/02/2016 a las 12:56 Actualizada 24/02/2016 a las 17:36    
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Representantes de plataformas sociales presentan sus propuestas en el Congreso.

Representantes de plataformas sociales presentan sus propuestas en el Congreso.

La tortura no es cultura
Diez organizaciones sociales de diferentes ámbitos presentaron este miércoles en el Congreso de los Diputados doce "propuestas ecosociales" que reflejan las necesidades fundamentales en materia social que, a su juicio, deben formar parte de las prioridades de un nuevo gobierno.

Las iniciativas atañen cuestiones medioambientales, derechos civiles, feminismo, sanidad y educación, entre otras, y han sido presentadas por los representantes de las distintas plataformas que han sumado fuerzas para trasladar sus planteamientos a las principales formaciones políticas del Congreso. La rueda de prensa ha contado con la presencia de diputados como la número dos de IU-UP, Sol Sánchez, o el diputado de Podemos y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, quienes han mostrado su apoyo para poner en marcha las medidas planteadas.

1. Contra una ley educativa "segregadora y no inclusiva"

María Santiago, representante de la Marea Verde de Madrid, esbozó los pasos necesarios para alcanzar un sistema educativo de calidad. Santiago reclamó la derogación de la Ley Wert, una normativa que "ahonda en las diferencias sociales, dando la espalda al equilibrio ecológicos y las sociedades organizadas". Para la activista, la Lomce promueve "más segregación, más insostenibilidad, y coloca al mercado como objetivo del proceso educativo", de modo que exigió una nueva normativa en materia de educación mediante "un proceso participativo" para su elaboración.

Pidió, asimismo, la abolición de todos los decretos de universidad, como el 3+2, puestos en marcha en el curso 2014/2015, para que "en el futuro los jóvenes no estén obligados a salir del país para poder tener un proyecto de vida".

2. Lucha contra la violencia machista

La Asamblea Feminista de Madrid propuso una nueva ley contra la violencia de género, que incluya las agresiones por parte de la pareja y expareja, además de las violaciones sexuales y la trata con fines de explotación. La nueva normativa debe asegurar, subrayó esta organización, la asistencia y reparación de todas las mujeres que lo necesiten, así como garantizar los recursos necesarios para las víctimas de violencia machista sin que la denuncia sea requisito imprescindible.

Solicitó, finalmente, la puesta en marcha efectiva de políticas transversales de igualdad a todos los niveles.

3. Vicepresidencia de Sostenibilidad y Ministerio de Medio Ambiente

El representante de Ecologistas en Acción Paco Segura aseguró que desde la plataforma ecologista ya están "cansados de oír la importancia que tiene el medio ambiente y que de ningún modo se traduzca en políticas concretas". Por ello propuso la creación de una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de "revertir la desregularización ambiental por parte del PP" durante la última legislatura, permitiendo "la explotación de los recursos naturales para el beneficio de unos pocos".

Finalmente, exigió una revisión de la normativa en materia ambiental, que incluye, entro otras, leyes como la de costas, montes o la Ley de parques nacionales.

4. Sanidad pública y universal

En cuanto a sanidad, la Marea Blanca puso sobre la mesa los requisitos para alcanzar un sistema sanitario 100% público, universal y de calidad. Reclamó el "blindaje del derecho al acceso sanitario" para toda la población, derogando para ello las leyes específicas que permiten las privatizaciones en sanidad, fundamentalmente el Real Decreto Ley 16/2012. 

Reclamaron además una tarjeta sanitaria accesible para todos los ciudadanos, "sin discriminación ni exclusión social", y el aumento de los presupuestos y de la inversión pública, "recuperando el personal perdido" durante los años de recortes por parte del Gobierno.

5. Contra la desigualdad y la exclusión social

Otra de las propuestas presentadas giró en torno a la necesidad de "adoptar decisiones políticas concretas y urgentes" encaminadas a reducir la desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material, como garantía del acceso a una vivienda social y poniendo fin a los desahucios.

6. Derogación de la ley mordaza

Alba Villanueva habló en nombre de la plataforma No somos delito para solicitar la abolición de las leyes mordaza, "no sólo la Ley de Seguridad Ciudadana, sino también las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Villanueva denunció "el aumento de la ola represiva" que durante los últimos años ha imperado en el país y que ha mermado "la capacidad de opinión y de movilización".

La activista manifestó durante su intervención que las políticas del PP se han basado "únicamente en el ejercicio del miedo" y reclamó "que el Congreso sea de verdad la casa del pueblo". "Queremos gobernar para todos y construir unas leyes de consenso, desde abajo", concluyó.

7. Impuesto a las transacciones financieras

La plataforma Attact defendió la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras, que recaude fondos "para afrontar las consecuencias de las políticas austericidas, que disuada de la especulación financiera y sirva para avanzar en la erradicación de los paraísos fiscales". Defendió además la creación de una banca pública "sobre la base de las entidades nacionalizadas, empezando por Bankia, con la que desarrollar unas políticas económicas radicalmente opuestas a las actuales".

8. Camino a una transición energética

En representación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Julio Campo señaló la importancia de poner en marcha una transición energética que elimine de forma progresiva los combustibles fósiles y la implantación de energías renovables. Reclamó como medidas imprescindibles para alcanzar los objetivos marcados una mesa de negociación pública y transparente, eliminar todas las barreras al autoconsumo, crear una auditoría "profunda, real y verdadera" del sector eléctrico y el cierre de las centrales nucleares.

Campo consideró que alcanzar un nuevo modelo sostenible supone "una magnífica oportunidad". En primer lugar, por la necesidad de una dinámica económica y social que evolucione en armonía con la medioambiental, pero también porque "buena parte de los problemas económicos derivan de la alta dependencia a los compustibles fósiles", de manera que la eliminación progresiva de estos "nos haría más soberanos económicamente". Finalmente, apuntó al "inmenso yacimiento de puestos de trabajo" que generaría un modelo energético basado en renovables, que sería, además, "mucho más intensivo en mano de obra".
 
9. Un nuevo modelo de agricultura sostenible

Blanca Ruibal, representante de la Plataforma Rural, abogó por un nuevo modelo de agricultura y "alimentos producidos de manera local y sostenible". Para ello, defendió los productos elaborados de forma ecológica, que deben suponer al menos el 30% de la superficie agraria para el año 2020, y la eliminación total de los transgénicos. 

A juicio de Ruibal, el sistema actual de producción y distribución de alimentos está "fracasando completamente", en cuanto a "productos saludables, a preservar el sistema agrario y en relación con una renta digna que permita mantener nuestros pueblos vivos". Finalmente, defendió una "nueva mirada" del medio rural que ponga en el centro a las personas en lugar de los beneficios de las empresas, especialmente "a las mujeres y a los jóvenes que quieran incorporarse al campo".

10. Derogar las reformas laborales

Otra de las propuestas básicas para las asociaciones reunidas durante la mañana del miércoles pasa por instar a los políticos a derogar las reformas laborales "que han permitido la pérdida de derechos" en el ámbito laboral y la precarización de las condiciones de trabajo.

11. Ley de igualdad animal


Sergio García, representante de la asociación La tortura no es cultura, exigió a su vez la creación de una ley de igualdad animal en sintonía con las plataformas sociales, así como la derogación de la Ley 18/2013, que otorga a la tauromaquia la posición de patrimonio cultural. El activista recalcó que "sólo el 5% de la población española apoya espectáculos de especial crueldad" como el Toro de la Vega o el Toro de Coria. Sostuvo que este tipo de festejos, declarados como fiestas de interés turístico nacional, deben terminar.

"La sociedad ha avanzado hasta rechazar este tipo de espectáculos", señaló, "así que entendemos que las instituciones deben reflejar estos avances".

12. No a los tratados de libre comercio

Finalmente, la campaña estatal #NoalTTIP expresó su oposición a los tratados de libre comercio e inversión, concretamente el TTIP, CETA y TiSA. Defendió para ello el establecimiento de normas internacionales de comercio vinculantes que "respeten los derechos humanos y los límites del planeta, promoviendo la cooperación de los pueblos".


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