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La Audiencia reactiva el caso del Puerto de Gijón con la declaración de 16 empresarios investigados

La Audiencia Nacional avanza en la investigación a cuatro constructoras por el sobrecoste de 251 millones en el puerto de Gijón

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela Díaz reactiva este miércoles el caso del sobrecoste de 251,9 millones de euros del Puerto El Musel de Gijón con las declaraciones como investigados (imputados) de los primeros cuatro de los 16 integrantes del comité de la gerencia de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, a la que se adjudicó la ampliación de la infraestructura.

La imputación de estos directivos de la empresa concesionaria eleva a 21 el número de imputados en el caso que se inició tras una investigación de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea.

La Unión Europea reclama la devolución de 198 millones de las ayudas concedida para la obra realizada por la UTE Dique Torres, en la que participan las grandes constructoras Dragados-Drace (ACS), FCC, SATO (OHL) y Alvargonzález Contratas.

Dragados, FCC, ACS y OHL

Los citados en la primera de las cuatro jornadas previstas son Manuel Amaro Martínez-Díaz (Dragados), Javier Hidalgo González (FCC), Vicente Moscardó Basaras (OHL) y Eloy Domínguez-Adame Lozzano (Drace-ACS).

El martes estás citados, también como investigados, los directivos de la UTE Maximino Gorostiza Méndez (Alvargonzález Contratas-FCC), Ana Isabel Dizy Menéndez (gerente de la UTE), Luis Sánchez del Río (Dragados) y Andrés Alonso Quintanilla (FCC), explican fuentes del Observatorio Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN), que ejerce la acusación popular, y que reclamó hace meses la declaración de los empresarios como imputados.

El resto de declaraciones se llevarán a cabo el 8 y 10 de marzo en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la magistrada Carmen Lamela Díaz.

"Sin contraprestación"

Según la Intervención General del Estado (IGAE), la Autoridad Portuaria gijonesa acordó aumentar el presupuesto de la obra pese a tener conocimiento de que la empresa concesionaria, Dique Torres podía extraer las piedras de las canteras del concejo de Carreño, Peña María y La Hoya-Perecil, "sin contraprestación económica".

De los 198 millones de sobrecoste, la práctica totalidad del mismo se debe al incremento del precio de las piedras (189,5 millones) que se utilizaron para ampliar los diques del puerto asturiano.

Sobrecoste del 43%

La Intervención General del Estado considera "incomprensible" que la Autoridad Portuaria de Gijón aceptara un aumento de 251 millones basado principalmente en el aumento del precio de los materiales: "Mientras que la empresa adjudicataria había firmado un contrato para extraer, sin ninguna contraprestación directa, unos 24 millones de toneladas de piedra, representando alrededor del 75% de la totalidad de las piedras utilizadas".

En el caso también están investigados el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach y el exsecretario José Luis Díaz Rato por las irregularidades en la adjudicación a la UTE Dique Torres, con un presupuesto inicial de 579, 2 millones de euros, y por el que se abonaron otros 251,9 millones, lo que representa el 43% del valor del contrato.

Exalcalde de Carreño

También declararon como imputados el exalcalde socialista de Carreño y exintegrante del consejo de administración del puerto asturiano Manuel Ángel Riego; y los exgerentes de Dique Torres David López y Juan Miguel Pérez Rodríguez.

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Según publicó el diario La Nueva España, la Fiscalía Anticorrupción considera que el exalcalde podría haber cometido un delito de prevaricación por "conducta contradictoria". El fiscal Miguel Serrano Solís sostiene que Ángel Riego actuó en su doble condición de vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y de alcalde de Carreño "y con una relevancia jurídica penal en tanto que pudiera implicar una directa responsabilidad en la posible arbitrariedad de las resoluciones adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y su modificación posterior".

Programa cultural

Por su parte, el diario El Comercio aseguró que la jueza Lamela ha recabado también información sobre las cuentas del programa cultural 'A ver la ballena'A ver la ballena en relación a la investigación del puerto de El Musel. Este programa fue cofinanciado por la Autoridad Portuaria con dos aportaciones anuales de 50.000 euros anuales. En ediciones posteriores la empresa Dique Torres fue la encargada de financiar el evento durante cinco años.

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