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Corrupción política

La Fiscalía pide cárcel para Ripoll, Ortiz, Lorente y Fenoll por el presunto amaño en la adjudicación del servicio de basuras

  • El ministerio público pide para el expresidente del PP de Alicante 16 años de prisión y 41 de inhabilitación
  • Se les acusa de delitos de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y negociación prohibida

infoLibre Publicada 07/03/2016 a las 20:01 Actualizada 07/03/2016 a las 20:56    
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El expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

EUROPA PRESS
El fiscal pide 16 años de prisión para el expresidente conservador de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll; 17 para el empresario Enrique Ortiz y otros cuatro para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente, en la pieza relativa al presunto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja, derivada del caso Brugal, en la que en total acusa a 13 personas, entre ellos, políticos y ex cargos públicos y empresarios.

En su calificación provisional, el ministerio público solicita para José Joaquín Ripoll, a quien reclama 16 años de cárcel y 41 de inhabilitación; para los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, a quienes reclama 17 años de cárcel y 20 de inhabilitación; Mónica Lorente, que se enfrentará a cuatro años y nueve meses de prisión y 24 de inhabilitación, al igual que el exportavoz del PSPV en la Diputación alicantina, Antonio Amorós.

El fiscal, según los casos, les acusa de los delitos de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y negociación prohibida. Además, para el expresidente provincial y el empresario Fenoll reclama una multa de un millón de euros a cada uno y 300.000 euros para Ortiz. Otro de los acusados es el hijo de Fenoll, Antonio Angel Fenoll, a quien el fiscal pide 8 años y 9 meses de prisión y 16 años de inhabilitación por cohecho, información privilegiada, prevaricación, tráfico de influencias y fraude, informa Europa Press.

Fiscalía explicó que en la tramitación de la adjudicación del plan zonal de Residuos de la Vega Baja, en 2007, el empresario Ángel Fenoll tuvo conocimiento "incluso antes de ser público" del resultado en su contra de un informe que debía valorarse en la Comisión técnica del Consorcio de Residuos para la adjudicación.

Aseguró que medió para que se valorase su oferta con una "estrategia ideada por el propio presidente del Consorcio", José Joaquín Ripoll. No obstante, la comisión valoró la oferta de Enrique Ortiz y motivó la paralización de la adjudicación hasta que, a finales de 2007, por mediación de un tercero, Ortiz y Fenoll pactaron "un acuerdo de reparto de los beneficios que el Plan Zonal generaría, acuerdo auspiciado y dirigido por el presidente provincial".

El pacto alcanzado obligaba a Ortiz a la compra de los terrenos de Las pistolas, propiedad de Fenoll en Torremendo (Orihuela), para ubicar las instalaciones de la planta de tratamiento. Esa compra, según el fiscal, era el paso "previo" y "requisito necesario" para que el Consorcio le concediera finalmente el contrato a Ortiz.

El fiscal considera que esa obligatoriedad motivó a Fenoll para "exigir un sobreprecio" por los terrenos y agregó que Ortiz aceptó porque era "sabedor de que obtendría importantes beneficios económicos gracias a la adjudicación y los sobrecostes por la condición impuesta -compra de la finca-, los compensaría mediante los correspondientes aumentos de los cánones que los municipios pertenecientes al Consorcio debían satisfacer por los servicios prestados.

Sin embargo, según el ministerio fiscal, la Comisión Técnica apostó porque la ubicación de la planta debería ser la localidad de Albatera. Finalmente, tras diversas negociaciones en las que participaron Fenoll, Ortiz, el empresario alicantino Rafael Gregory y el propio Ripoll, "el día 4 de junio de 2008 la Comisión Técnica propuso como ubicación idónea la finca Las Pistolas de Orihuela, señalando que dicho cambio supondría el incremento de un 10% en los cánones más significativos".

Regalos en viajes 


No obstante, José Joaquín Ripoll inició un acercamiento a Enrique Ortiz a partir de 2009 "favorecido –continúa el fiscal–, entre otras circunstancias, por los regalos en viajes", lo que permitió que Ortiz pudiera buscar alternativas de emplazamiento con el beneplácito del expresinte provincial "liberándole así del compromiso de cumplir con el acuerdo alcanzado con Fenoll".

Fiscalía añade que Ripoll disfrutó de dos viajes en el barco de Ortiz para pasar las vacaciones en Baleares y de un viaje a la feria de abril de Sevilla.

Por su parte, Fenoll habría agasajado al expresidente provincial con dos viviendas en el centro de Alicante con un valor de "un millón de euros", que "vendrían sufragadas por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca por parte de CESPA-ORTIZ a Ángel Fenoll, razón por la que el presidente provincial se involucró con tanto interés en el cumplimiento del acuerdo entre Fenoll y la UTE representada por Ortiz".

Una dádiva que "pese al ofrecimiento y consiguiente aceptación de la dádiva descrita, ésta no llegó a entregarse dada la falta de acuerdo definitivo sobre la compra de la finca".

La Fiscalía subrayó que, como consecuencia de todo ello, "ha resultado imposible ejecutar las previsiones del Plan Zonal de la Zona XVII" –comarca de la Vega Baja–, y que por ello los 27 municipios que la conforman "siguen sin tener, a día de hoy, un sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de sus residuos".


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