Los ocho puntos negros del tribunal de arbitraje del TTIP

En septiembre de 2015, la comisaria de Comercio de la Comisión Europea (CE), Cecilia Malmström, anunció la creación de un nuevo sistema de resolución de desacuerdos entre inversores y Estados en el marco de los tratados comerciales internacionales: el Investment Court System (ICS). La Comisión planteó que este nuevo mecanismo sustituyese dentro de las negociaciones del tratado TTIP con Estados Unidos al ISDS, el polémico órgano que estaba previsto incluir en el acuerdo. Pero un nuevo estudio denuncia que el ICS únicamente es un maquillaje del anterior mecanismo, que permite a las empresas denunciar a los Estados si entienden que un cambio legislativo ha podido afectar a sus beneficios.

El informe, elaborado por –entre otras– la organización Corporate Europe Observatory (CEO), critica que el ICS es tan sólo un lavado de cara del antiguo ISDS. A su juicio, en lugar de acabar con las dudas que generó la inclusión del polémico mecanismo en las negociaciones sobre el TTIP, el nuevo ICS agrava los problemas de los que ya adolecía el ISDS y permitirá que muchas más multinacionales tengan el poder de esquivar los sistemas legales nacionales y demandar a sus gobiernos en unos tribunales paralelos en el caso de que las leyes o regulaciones vayan contra sus intereses económicos.  

En palabras de la comisaria Malmström, el nuevo ICS no afectaría “al derecho de los Estados a regular dentro de sus territorios”, uno de los principales temores de los críticos con estos mecanismos. La presentación del nuevo tribunal de arbitraje se realizó como respuesta a la polémica generada en los Estados de la Unión Europea, y fue vendido por la Comisión como un organismo independiente gestionado por jueces o “juristas de reconocida competencia”. Pero en el documento se destacan varios puntos en los que se prueba el empeoramiento que, a su juicio, representa el ICS con respecto a la anterior propuesta, y rechazan contundentemente la naturaleza “benévola” de este tribunal de arbitraje.

"El ISDS está incluido en miles de tratados internacionales. Este mecanismo permite a las grandes corporaciones demandar a los gobiernos por cambios en las políticas públicas – incluidas las de protección ambiental o de salud– que amenacen con afectar los beneficios privados de las multinacionales", explica el informe del CEO sobre el organismo que, en principio, quería incluir la Comisión Europea en el texto del TTIP. El informe apunta que "estos casos sobrepasan las cortes nacionales, dado que se dirimen en tribunales internacionales de arbitraje, es decir ante tres abogados privados que tienen el poder de decidir si son más importantes los beneficios privados o el interés público".

"En un intento de darle la vuelta a esta enorme oposición hacia el ISDS, la Comisión Europea ha decidido cambiarle la etiqueta", explica igualmente el estudio, que señala que "en lugar del 'viejo' sistema del ISDS, la Comisión promete un sistema 'nuevo' y supuestamente independiente". Pero, según el documento, el mecanismo ICS no es sino un "ISDS zombi" que no soluciona ninguno de los riesgos que denuncian los críticos con este tipo de mecanismos.

1. Los mismos privilegios para los inversores

El nuevo modelo ICS es igual de peligroso para la democracia, las leyes de interés público y para los presupuestos públicos que el ISDS, asegura CEO en su análisis. La nueva propuesta de la Comisión a EEUU incrementa el riesgo de asumir demandas milmillonarias contra medidas de interés público al “otorgar de manera inmediata una garantía absoluta a las grandes corporaciones, que obtendrían más derechos que con los acuerdos de inversiones existentes”.

2. Demandas contra medidas de protección de la salud y el medio ambiente

Una de las principales críticas contra el mecanismo ISDS que proponía anteriormente la Comisión era que facilitaría las demandas contra legislaciones y medidas para proteger la salud, el medio ambiente y otros intereses públicos. Y, según explica el informe, el nuevo ICS calca su funcionamiento, ya que “incluye la misma cantidad de derechos para el inversor que se han usado al justificar casos como el de Phillip Morris" en 2010. La multinacional tabacalera denunció a Uruguay por un monto de 25 millones de dólares, por las legislaciones antitabaco que emprendió el país latinoamericano, que a juicio de la empresa lesionaban su capacidad de obtener beneficios.

3. “Miles de millones de nuestros impuestos para pagar a grandes corporaciones”

Bajo esta propuesta, según el CEO, miles de millones de euros de los contribuyentes pasarán a engrosar las indemnizaciones de las grandes multinacionales por las pérdidas económicas presentes que les generen los cambios legislativos. Según el informe, el ICS que propone ahora la Comisión Europea también incluye la posibilidad que ya daba el ISDS a las empresas: que exijan a los países pagos en compensación por las nuevas propuestas de ley o regulaciones que implanten, si los inversores consideran que van contra sus intereses o perjudican sus beneficios.

4. “Derecho de los inversores a una legislación estable”

El ICS también mantiene la cláusula llamada “de trato justo y equitativo”, que fundamentalmente busca proteger las expectativas de los inversores, según el informe. El estudio alerta de que esta cláusula puede generar el “derecho a una legislación estable”: una herramienta poderosa que podría frenar los cambios en las leyes, aunque hayan sido elegidas e implementadas de manera democrática por los gobiernos de cada país.

5. Demandar a sus propios gobiernos

CEO advierte de que las empresas transnacionales podrían incluso demandar a sus propios gobiernos, mediante una filial o pidiendo a un accionista extranjero que inicie la demanda. En el contexto del TTIP, este peligro es “particularmente evidente”, porque no hay prácticamente ninguna empresa europea que no cuente con inversores estadounidenses que puedan iniciar el proceso en su nombre. Y el nuevo ICS no solventa esta cuestión, que ya se contemplaba en el denostado ISDS.

6. Sesgo a favor de los inversores

En el informe se establece que el ICS, que se presentó como judicialmente independiente, no lo es en realidad, sino que alberga “más bien un sesgo en favor de los inversores”: sólo ellos pueden tomar la iniciativa judicial –como ya ocurría en la anterior propuesta de tribunal de arbitraje–. Según CEO, esto provoca que exista “un incentivo” para que los árbitros favorezcan a los inversores y según el informe provocará que se incremente el número de denuncias, lo que se traduce en nuevas tarifas y prestigio para el futuro”. “Estos árbitros se han beneficiado  –y se beneficiarán– enormemente de este negocio al motivar a los inversores a llevar a cabo demandas”.

7. "Los miembros de la UE quedarán encerrados para siempre"

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Según explica el informe, en lugar de poner fin al ISDS, la agenda de la Unión Europea sobre la protección de los inversores podría encerrar a los miembros de la UE en el ISDS para siempre.  "Será prácticamente imposible eliminar los privilegios de los inversores una vez que los tratados como el TTIP sean aprobados, de hecho, los países tendrían que salir de la UE de darse el caso".

8. Dudas sobre la compatibilidad con la legislación europea

Las organizaciones firmantes del análisis establecen que existen "serias dudas" de que los derechos de los inversores que propone la CE sean compatibles con la legislación europea. Esta propuesta deja de lado a la Justicia europeas y es "ante todo discriminatoria", porque otorga derechos especiales a los inversores extranjeros.