Crisis de los refugiados

Jueces, abogados y fiscales denuncian las ilegalidades del acuerdo entre Turquía y la UE

Jueces, abogados y fiscales subrayan las ilegalidades del acuerdo entre Turquía y la UE

Hace unos días el Ayuntamiento de Madrid se planteó la posibilidad de retirar el enorme cartel que da la bienvenida a los refugiados. Se colocó en la fachada del Palacio de Cibeles el pasado septiembre y en principio solo iba a permanecer allí una semana. Según Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad, al final se decidió dejarlo "para que los refugiados sepan que aquí no nos olvidamos de ellos".

Sin embargo, más allá del gesto simbólico y reivindicativo, ¿cuántos migrantes han tenido la oportunidad de ser bienvenidos en España? De los 16.000 que el Gobierno aceptó acoger solo 18 están viviendo en nuestro país, lo que no significa que no haya refugiados que llegan a territorio español cada día. "Muchos entran por Ceuta y Melilla. El Gobierno les da en Málaga la tarjeta de refugiados y el Ayuntamiento [de Madrid] les espera en la Estación Sur de autobuses, donde tenemos un albergue para ellos en el que suelen estar tres días. Pero se quieren ir a Austria porque son conscientes de que les hemos abandonado y solo piensan en sus familias, que están en el norte de Europa", relató Carmena este jueves en el acto Fronteras y Derechos, organizado por varios colectivos de juristas. "Son de clase media y alta, pero su situación es lamentable", añadió la alcaldesa.

Carmena fue solo una más de las que participó en esta mesa redonda organizada por jueces, abogados y fiscales. Aunque el acto estaba convocado antes de conocerse el acuerdo entre Turquía y la UE, todas las intervenciones se centraron en él. María de las Heras, de la Unión Progresista de Fiscales, comentó que había estado repasando el marco legal por si este fuera insuficiente para dar respuesta a los refugiados. "Pero no es así, ya que para empezar, la Convención de Ginebra prohíbe las expulsiones colectivas y garantiza el derecho de asilo", aseguró De las Heras. En España, dijo, se reguló en 2009 el derecho de asilo (aunque no se desarrolló "porque no hubo voluntad política") para "permitir al Gobierno que lleve a cabo políticas de reasentamiento basadas en el principio de solidaridad". Entonces, ¿por qué no se aplican estas normas? De las Heras lo tiene claro: "Se ha reaccionado con descontrol y falta de capacidad para gestionar, quizá porque no es una prioridad política", añadió la representante de los fiscales, para quien "los refugiados son una responsabilidad internacional que conlleva obligaciones".

Marcelo Belgrano, del Colegio de Abogados de Madrid, lamentó que los acontecimientos estén demostrando que "en las fronteras no hay derechos" y que Melilla sea "la gran olvidada". Y si bien es cierto que solo han llegado 18 refugiados de los 16.000 comprometidos, "a otros que también piden asilo a España se les deniega diciéndoles que vienen de países seguros". Países que, como recordó Elena Vázquez, de la Asociación Libre de Abogados, "ni siquiera respetan los derechos de sus propios ciudadanos", refiriéndose a Marruecos, Argelia y Turquía. "No hablamos de ser solidarios, sino de cumplir los derechos, porque cuando firmas una ley tienes que cumplirla", subrayó Vázquez, que aprovechó sus 10 minutos de intervención para poner en valor que "las sociedades mejoran cuando se mezclan".

Mensaje este que no parecen compartir muchos ciudadanos europeos, que han alzado a las instituciones a partidos xenófobos como el Frente Nacional, el Partido Popular Danés y Amanecer Dorado, algo que María de las Heras atribuye a la "falta de campañas institucionales" que mentalicen a la población. "En lugar de eso se han enviado mensajes que identifican a los refugiados con el peligro de perder lo que se tiene", explica la fiscal, que considera que todo este caldo de cultivo ha sido un "balón de oxígeno" que los líderes de la UE han utilizado para justificar el principio de acuerdo con Turquía.

Al final, todos estos mensajes han conseguido que determinadas situaciones "se acepten como normales", explicó Purificación Sáez, del Sindicato de Secretarios Judiciales. Citó en concreto a la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública y a la existencia de los CIE, "en los que se sufre una violación de los derechos más dramática que la que se da en las cárceles".

"Sufrimiento y brutalidad policial"

También se reflexionó sobre las condiciones en que viven quienes permanecen durante meses atrapados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). "Según el legislador son de naturaleza no penitenciaria –dijo Ramiro García, de Jueces para la Democracia–, pero los CIE pueden ser definidos como centros de sufrimiento y brutalidad policial". En este punto aprovechó para criticar los "difícil" que resulta incluso para él (que es uno de los tres jueces que controlan el CIE de Aluche) acceder a estos centros, precisamente por lo "reacio" que es el sector policial a que controlen sus acciones, añadió el magistrado. Aunque él y sus compañeros quisieron cerrarlo, por no tener competencia para ello fracasaron sus aspiraciones.

Los CIE son una realidad oculta que apenas ocupa espacio en los medios de comunicación. Menos incluso que las denuncias lanzadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que han alertado de la violencia sexual que sufren muchas mujeres refugiadas: violaciones por los combatientes en sus países de origen, violaciones durante su viaje a Europa, por parte de los vigilantes, las mafias... Miles de personas que huyen de esta y otras violencias y que al llegar a Europa se encuentran con que "el derecho de asilo es el más protegido y a la vez el más vulnerado", lamentó Purificación Sáez.

"Se cambian vidas por dinero"

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Desde Jueces para la Democracia emitieron el miércoles un manifiesto –respaldado Por la Unión Progresista de Fiscales– en el que criticaron que el acuerdo con Turquía cambia "vidas por dinero". Una interpretación que se refiere a los 6.000 millones que recibirán los turcos hasta 2018 para atender a todos los refugiados que lleguen a Europa, que serán deportados a este país y a los que se privará de pedir asilo.

"El artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a la unión a tener una política de asilo común que garantice la protección internacional de todo nacional de un tercer país sometido a persecución y respete el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra", añaden desde la asociación.

"Sin embargo con esta medida se generalizan expulsiones colectivas, expresamente prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la unión sin respetar el derecho a la solicitud de asilo que asiste a todo ciudadano que se encuentre en el interior de un estado miembro, cualquiera que sea el medio por el que accedió a él". Desde Jueces para la Democracia aseguran que "se basan para ello en la concepción" de que Turquía es un país seguro "a pesar de las dudas que suscita su sistema político y de la limitadísima aplicación que se realiza en dicho país de la Convención de Ginebra".

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