La Politécnica de Madrid gastó 10,3 millones en echar a los laborales que el TS le obligó a readmitir

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) lleva gastados, hasta el momento, 10.312.143 euros en el despido de 156 trabajadores laborales interinos del Personal de Administración y Servicios (PAS) de los que decidió prescindir en abril de 2013 bajo la justificación del recorte del dinero que destinaba la Comunidad de Madrid a todos los campus públicos y del ajuste de precios en los estudios tras la subida de tasas aplicadas a los alumnos.

La citada cifra se recoge en el avance del estado de ejecución del presupuesto de la UPM, a 31 de diciembre de 2015, al que ha tenido acceso infoLibre. Este diario se puso en contacto este jueves con el departamento de comunicación de la UPM para solicitar la versión del campus al respecto pero no obtuvo respuesta. Las preguntas, que quedaron sin contestar, se pueden consultar al finalizar esta información. 

Tras un recurso presentado por los sindicatos CCOO y UGT, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 24 de junio 2014, declaró nulos los despidos de esos 156 trabajadores laborales interinos por vacante. El fallo obligaba a readmitirlos, así como a pagarles el sueldo acumulado desde que fueron despedidos en abril de 2013. La UPM contrató –a través de un procedimiento negociado sin publicidad– al bufete de abogados Sagardoy para que le prestara "asistencia en asuntos laboralistas" en el cumplimiento de esa sentencia. Por ese servicio pagó 66.550,00 euros, tal y como se recoge en la adjudicación. Y eso a pesar de que la universidad cuenta con un gabinete de asesoría jurídica.

Pues bien, la UPM readmitió a estos trabajadores el 1 de agosto de 2014, pero optó por que no regresaran a sus puestos de trabajo. Les dio las vacaciones y los días de libre disposición que les correspondían y, cuando estos acabaron, les siguió pagando el sueldo sin que fueran a la universidad hasta que en enero de 2015 la institución inició un nuevo proceso de despidos. Ese proceso acabó en los primeros días de marzo de 2015. 

Acuerdos judiciales 

La justificación que ofreció la universidad para que los trabajadores no regresaran a sus puestos era que estos se habían amortizado y que había una "imposibilidad legal" para su convocatoria como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo público impuesta desde 2011, tal y como se recoge en una carta remitida por la UPM a uno de los despedidos y a la que ha tenido acceso este periódico. Lo que defienden los afectados, sin embargo, es que no se trataba de crear nuevas plazas –para lo que sí se necesitaba la autorización de la Comunidad de Madrid– sino de dar cumplimiento a una sentencia judicial. 

Así, meses después de la sentencia del Supremo, la UPM ofreció a los afectados que firmaran acuerdos judiciales que incluían indemnizaciones similares a las del despido improcedente (45 días por año trabajo hasta febrero de 2012 y 33 días desde entonces con un tope de 42 mensualidades), tal y como han confirmado a este periódico varios despedidos. Para los 66 que, con la voluntad de seguir trabajando, no aceptaron ese acuerdo, la UPM comenzó a tramitar un expediente de despido colectivo por razones organizativas, al que fue aparejado una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo del salario de un año.  

La citada cantidad de 10.312.143,18 euros –de los que 8.316.472 se han imputado al año 2014 y 1.995.671,13 a 2015– es el dinero que la UPM lleva gastado como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Es decir, lo correspondiente a las indemnizaciones, a los salarios de estos trabajadores durante alrededor de 11 meses y a la contratación del bufete de abogados Sagardoy que prestó a la universidad "asistencia en asuntos laboralistas". 

Recorrido en los tribunales 

Sin embargo, es posible que esa cantidad se incremente en el futuro porque todavía se tiene que ver en los tribunales qué ocurre con los 66 trabajadores que, tras no aceptar el acuerdo judicial, fueron despedidos con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El pasado junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tras una demanda presentada por CCOO, declaró "no ajustado a derecho" ese ERE porque no se habían acreditado las causas organizativas alegadas por la UPM, tal y como defendía el sindicato.

La organización sindical ha recurrido este fallo al Supremo para solicitar que el despido sea declarado nulo y, de una vez por todas, estos trabajadores sean readmitidos. La sentencia también fue objeto de recurso por parte de la UPM, pero el Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado. Desde el inicio de este proceso, el sindicato CCOO ha defendido que el despido de estos trabajadores no sólo no se ajustaba a la legalidad, sino que fue injustificado y lesivo. En este mismo plan también fueron amortizadas las plazas de 146 funcionarios interinos. Los sindicatos también denunciaron estos despidos, pero el procedimiento no prosperó. En total, los afectados son 301. 

infoLibre se puso en contacto en la mañana de este jueves con el departamento de comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, donde confirmaron la recepción de las preguntas. A última hora de este lunes este diario no había recibido respuesta alguna. Las preguntas son las siguientes:

1) Dado el coste que, por el momento, han tenido para la UPM los despidos de 156 trabajadores laborales interinos del PAS, ¿siguen considerando que era la mejor fórmula para aliviar la "difícil situación económica" que, según el rector, el Sr. Carlos Conde, atravesaba el campus?

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2) ¿Ha asumido el Sr. Carlos Conde algún tipo de responsabilidad al respecto como máximo responsable de la UPM?

3) ¿Por qué la UPM contrató a Sagardoy Abogados para que le prestara asistencia jurídica en el cumplimiento de la sentencia de 24 de junio 2014 del Tribunal Supremo cuando cuenta con un Gabinete de Asesoría Jurídica?

4) ¿Por qué se utilizó en este caso la fórmula de contratación negociada sin publicidad?