Diez actuaciones demuestran la falta de colaboración del PP con las investigaciones judiciales

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado en diferentes ocasiones que su partido ha colaborado en todo momento con la justicia. La última vez el pasado 4 de febrero, cuando el presidente del PP dijo en el Congreso de los Diputados en relación al PP valenciano: "Esto se acabó y aquí ya no se pasa por ninguna".

Pero apenas unos días después, la senadora y exalcaldesa Rita Barberá se negaba a dimitir. Y esta misma semana, el PP ha negado al juez de Palma de Mallorca José Castro que guarde las facturas de las obras de remodelación de la calle de Génova.

Estas dos negativas del PP no son la excepción en la actuación de los dirigentes del PP, sino que desde que estallara el caso Gürtel en 2009 es la reacción común en el seno de un partido que tiene el triste honor de ser el primero en ser imputado en la historia por el borrado de los ordenadores de Bárcenas.

11 de febrero de 2009

La fotografía que ilustra esta información se tomó el 11 de febrero de 2009, y con ella los conservadores querían denunciar a la opinión pública que el caso Gürtel que entonces investigaba el juez Baltasar Garzón no atacaba la corrupción del partido, sino que más bien al contrario trataba de acabar con el Partido Popular.

En la imagen aparecían arropando a Mariano Rajoy personajes como Federico Trillo, Javier Arenas, Rita Barberá, Ana Mato, Francisco Camps, Esperanza AguirreEsperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal, que acabaron desfilando los juzgados en calidad de testigos o incluso como es el caso de la exministra Ana Mato como posible partícipe a título lucrativo de la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

infoLibre hace un repaso de las actuaciones del PP desde que estalló Gürtel que ponen en duda la supuesta cruzada del PP en la lucha contra la corrupción:

1. El PP colabora con Bárcenas y Ruz le expulsa

El Partido Popular permaneció en el caso Gürtel como acusación popular durante varios años en "fraude procesal", según aseguró el juez Pablo Ruz que constató que la formación de Mariano Rajoy llegó a realizar actuaciones que trataban de exonerar a su extesorero Luis Bárcenas.

En el auto en el que Ruz expulsó al PP del caso, se especifican actuaciones contrarias al ejercicio de la acusación popular. Como por ejemplo que el PP rechazó la reapertura de la investigación sobre Bárcenas. Para el magistrado, todas las alegaciones del PP tuvieron la finalidad de acabar con la investigación sobre el extesorero. "Del mismo modo, los indicios racionales de criminalidad existentes frente al referido imputado por su participación en presuntos delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales, pese a haber sido reiteradamente negados tanto por la defensa letrada como por parte de la representación ostentada por el Partido Popular, fueron posteriormente confirmados", indicaba la resolución judicial.

También el PP actuó en contra de su condición de acusación con el exdiputado Jesús Merino. El PP siempre quiso que la investigación se archivara, llegando incluso a asegurar que era "imposible concretar indicio incriminatorio alguno contra Merino y Bárcenas". La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la imputación de Merino, en contra del criterio del PP.

2. El PP atacó al juez

Durante el proceso de expulsión del PP como acusación, la formación de Mariano Rajoy lanzó duras acusaciones contra el magistrado Pablo Ruz. Y para ello registró el 3 de mayo de 2013 un recurso directo de apelación presentado ante la Sala de lo Penal que insinuaba que el juez podría haber cometido prevaricación, pues le acusaba de tomar una decisión "contraria a la Constitución y profundamente injusta" basándose en un "prejuicio, sin ninguna motivación, doctrina jurisprudencial ni precepto legal que lo sustente".

Pero el PP fue un poco más allá, al considerar que su expulsión partía "de un argumento falaz y gravemente lesivo" para la defensa de los derechos del partido. Y este argumento "falaz" consistía en que podía ser considerado responsable civil subsidiario de las actuaciones cometidas por sus excargos. Al final, el PP ha sido considerado por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción como posible partícipe a título lucrativo de la trama liderada por Francisco Correa.

El PP aseguró también que el juez Ruz había "violado el principio de igualdad de partes en el proceso y desde luego el derecho del PP de obtener la tutela efectiva de los juzgados y tribunales".

3. Pruebas del fraude en el registro de la sede

El juez Ruz, harto del ninguneo del PP, envió a la Policía Judicial a la sede nacional, en la calle de Génova de Madrid, para que los agentes se hicieran con la documentación de los pagos en negro, como por ejemplo los relacionados con las obras de remodelación de la misma sede.

En el auto, el magistrado lamentaba que la formación presidida por Mariano Rajoy utilizara a la Fiscalía Anticorrupción para enviar escritos al juzgado, pese a haber sido expulsado como acusación popular.

Además, el juez desmentía la supuesta colaboración del PP: "Se ponen de manifiesto nuevos documentos relevantes para la presente instrucción, que sin embargo son aportados mediante fotocopia, incluyendo entre otros órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos, cuyo contenido, sin perjuicio del pertinente análisis, pudiere aportar elementos de interés por cuanto no eran conocidos hasta el momento, no habiendo sido aportados antes por la formación política pese al requerimiento cursado", especificaba.

En el registro, los agentes localizaron documentos de vital importancia y que el PP no había facilitado: escritos que mostraban que el arquitecto responsable de la remodelación de la sede de la Calle Génova en Madrid, Gonzalo Urquijo, había hecho una rebaja del 8% al PP al pagar una parte en negro. De esta forma, según la declaración de Bárcenas, los conservadores se ahorraban el IVA.

4. Borrado de correos electrónicos

Los correos electrónicos del extesorero Álvaro Lapuerta y del exgerente Cristóbal Páez fueron borrados, un hecho que constataron los agentes de la UDEF durante el registro de la sede. Los representantes del PP manifestaron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería" había ordenado el borrado de los correos, por lo que "lo lógico" era pensar que debieron ser ellos mismos quienes antes de marcharse dieran "la orden", ya que tenían "funciones para ello".

El juez Ruz tuvo que recurrir a la empresa del arquitecto procesado, Gonzalo Urquijo, para obtener los correos electrónicos que no pudo conseguir en la sede del PP.

Los mensajes de la cuenta corporativa del PP de Francisco Granados sí fueron hallados por los agentes de la Guardia Civil adscritos a la operación Púnica, que acudieron el verano pasado a la sede del PP madrileño, en la primera planta del número 13 de la calle de Génova (Madrid), ya que disponía de una copia de seguridad. Los agentes fueron alertados por un empleado del PP, que permitió que el juez Eloy Velasco haya obtenido correos electrónicos de carácter delictivo intercambiados entre Granados y su amigo de la infancia David Marjaliza.

5. Destrucción de los ordenadores de Bárcenas

En plena investigación sobre la existencia de una caja B en el PP, el juez Pablo Ruz preguntó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, si los dos ordenadores que había mencionado Bárcenas en sus declaraciones se encontraban en la sede del PP.

Y la entonces presidenta de Castilla-La Mancha contestó de forma afirmativa. Las acusaciones reclamaron entonces al juez Ruz que pidiera los terminales, para tratar de confirmar las evidencias de la existencia de una caja B. Pero la respuesta descolocó al propio Ruz. Los discos duros de los dos ordenadores habían sido destruidos. Y por eso el magistrado, que vio indicios de que el PP podría haber cometido un delito, envió el caso a los juzgados ordinarios de Madrid.

La jueza Rosa Freire ha citado a declarar como investigada a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, y al responsable legal del partido, Alberto Durán. Navarro, que reconoció que borraron hasta 35 veces el disco duro de uno de los ordenadores de Bárcenas, aseguró que lo destruyeron pese a que el ordenador no contenía ninguna información. Por el contrario, Bárcenas sostiene que en el mismo había documentos de la caja B, como por ejemplo el pago en negro de la remodelación de la sede nacional.

6. El PP no declara por el borrado de los ordenadores

 

La decisión de la jueza que se encarga de la investigación penal sobre el borrado de los ordenadores de Bárcenas de imputar al PP levantó una gran expectación sobre la persona que iría al Juzgado a declarar. Pero al final la formación política presidida por Mariano Rajoy rechazó declarar ante la magistrada y la Fiscalía.

El mismo día prestó testimonio como investigada la tesorera Carmen Navarro, que confirmó que los terminales fueron destruidos en ausencia de Luis Bárcenas. En un primer intento de acceder a los ordenadores, los dirigentes del partido llegaron a llamar a un cerrajero para que entrara en el salón que se había asignado a Bárcenas.

Pero el jefe de seguridad del partido impidió su entrada. Meses después el partido tuvo acceso a los ordenadores, que acabaron destruidos pese a que según han declarado ante la jueza Freira, los discos duros no tenían ninguna información. 

7. Destrucción del libro de visitas y de los vídeos

El PP se negó a entregar a la Audiencia Nacional la relación de personas que acudieron a su sede entre 2001 a 2008. Y los conservadores justificaron esa negativa en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que según argumentaron les obliga a destruir los libros de visita.

El juez Ruz trataba de conseguir nuevas pruebas de los pagos de los constructores que estaban imputados en la causa por los supuestos pagos en negro al PP: Alfonso García Pozuelo (Hispánica), Juan Miguel Villar Mir (OHL), José Luis Sánchez Domínguez (Sando), José María Mayor Oreja (FCC), Manuel Contreras (Azvi), Luis Fernando del Rivero (Sacyr), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa) y Antonio Vilela Jerez (Rubau). La acusación contra estos empresarios fue archivada. 

8. Testigos que no colaboran

A lo largo de los años varios testigos han mostrado numerosos olvidos, que han ralentizado la investigación del juez Ruz. El ejemplo más claro de esta forma de declarar, en la que no se aportan datos de interés para la investigación, fue el testimonio del secretario general del PP riojano Carlos Cuevas y de  la gerente del PP en esta Comunidad, Ana Elvira Martínez.

Ninguno de los dos supo aportar datos sobre el supuesto pago en negro de 200.000 euros para comprar una nueva sede en Logroño. Ante los continuos olvidos, Ruz interrumpió la declaración, exigiendo que le aportaran todos los datos relativos al caso en 48 horas.

También llama la atención que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente del PP, Mariano RajoyMariano Rajoy, fueran alertados por el entonces tesorero nacional del partido, Álvaro Lapuerta, de supuestas irregularidades en la adjudicación de unas fincas municipales en el municipio de Arganda del Rey.

Pero sin embargo, Aguirre no paralizó la misma, lo que posibilitó que el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, recibiera hasta 25 millones de euros por su intermediación. Según un confidente policial, el expresidente madrileño Ignacio González, pudo haber percibido otros dos millones en negro.

9. El PP no guarda facturas de la sede

El PP ha asegurado esta misma semana al juez de Palma de Mallorca José Castro que no guarda las facturas de la remodelación de la sede del PP. Tal y como publicó elEspañol.es, el gerente de los conservadores madrileños, Guillermo Mayoral, ha comunicado al juez "que no consta por su antigüedad en los archivos del PP de Madrid presupuesto ni proyectos arquitectónico" de la obra de la sede.

El juez Castro investiga si el PP nacional sufragó una parte de su sede con dinero aportado por la constructora OHL. Pero el PP asegura que no dispone tan siquiera de la licencia de obras. Lo único que ha remitido el partido al magistrado de Palma de Mallorca ha sido facturas del mobiliario y acondicionamiento de la primera planta.

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10. Rita Barberá no dimite

El Partido Popular no ha obligado a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a abandonar su escaño en el Senado. Además, la ha mantenido en la permanente, lo que la mantendría aforada tras una posible disolución de las Cortes. Todos los indicios apuntan a que Barberá podría estar implicada en la operación Taulaoperación Taula, en la que permanecen imputados todos sus subalternos.

Los conservadores tampoco retiraron de su candidatura al diputado Pedro Gómez de la Serna, que al final obtuvo su escaño. Posteriormente, Gómez de la Serna ha rechazado dimitir, por lo que ha pasado a formar parte del Grupo Mixto.