Crisis de los refugiados
Abajo la bandera azul: revuelta municipal contra el cierre de fronteras europeas
La condena de las ONG y plataformas sociales contra el preacuerdo firmado hace unos días entre la UE y Turquía se ha prolongado a los ayuntamientos de más de una docena de municipios españoles, que han arriado la bandera europea que ondea en los consistorios. Lo que es a priori un gesto simbólico, contiene la denuncia de aquellos que no suscriben el acuerdo y la exigencia de las localidades que desde finales del 2015 tejieron un entramado de ciudades refugio.
La solución acordada por la Unión Europea para afrontar la crisis de los refugiados que azota a Europa desde hace meses ha levantado fuertes críticas entre los sectores de la sociedad civil. El preacuerdo firmado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, avala la expulsión a Turquía de todos los migrantes que lleguen a las costas griegas, impidiéndoles solicitar asilo. El acuerdo preliminar blinda las fronteras a todo aquel que trate de llegar a territorio europeo, ya sea huyendo de la guerra o como migrante económico.
La iniciativa de arriar las banderas europeas como símbolo de protesta surgió el pasado lunes en Andalucía, donde el municipio de Pedrera (Sevilla), gobernado por IU, fue el primero en poner en marcha la idea. Enseguida se sumaron otros territorios gestionados por el mismo partido, en protesta a la política europea en torno a la crisis migratoria. La Roda de Andalucía, Aznalcóllar –cuyo alcalde ya arrió la bandera tras la publicación de la fotografía de Aylan, el niño refugiado que murió ahogado en las costas griegas–, El Saucejo, Gilena, Bollullos de la Mitación (todos ellos sevillanos) y Medina Sidonia (Cádiz) son los pioneros en adheriste a esta reivindicación, pero ésta se ha hecho extensiva a territorios como A Coruña (gobernada por la Marea Atlántica), Pontevedra (BNG), Cangas do Morrazo (Pontevedra, Alternativa Canguense de Esquerdas), Badalona (Barcelona, Guanyem Badalona en Comú), Dehesas Viejas (Granada, IU), Rioja (Almería, IU) o Valle de Egüés (Navarra, Geroa Bai), aunque cada vez son más los ayuntamientos que lucen la bandera a media asta, mientras que ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Avilés (Asturias) o Algemesí (Valencia) han registrado ya iniciativas en este sentido.
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"Atentado contra los derechos humanos"
El alcalde de la localidad Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano, explica en conversación telefónica con infoLibre que "desde el mismo momento" en que leyeron el preacuerdo entendieron que no podían "mantener la bandera que está representando aquello que repudiamos". El regidor, que gobierna el municipio desde junio del pasado año, decidió entonces retirarla "en señal de protesta" hacia un acuerdo que, a juicio de Soriano, "atenta contra los derechos humanos".
El alcalde explica que "desde el momento en que se supo la noticia", el Ayuntamiento consideró que era "una vergüenza" mantener la bandera y "todo aquello que representa". Se trata, afirma, de "un sentir generalizado entre la ciudadanía, que ha acogido muy bien la iniciativa", mientras que la oposición no se ha pronunciado al respecto, apunta. De momento, Soriano asegura que "hasta que no se garanticen los derechos fundamentales de esas personas" mantendrán la bandera arriada. "Ninguna persona es ilegal, y más hablando de personas que están huyendo de una guerra", reivindica.
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El regidor andaluz sostiene que el Ayuntamiento prevé organizar, además, una sesión de protesta en la que se exigirá una "garantía de los derechos humanos" en territorio europeo, en sintonía con la decisión el septiembre pasado de sumarse a las ciudades de acogida de refugiados: "Nosotros damos la bienvenida a los refugiados, y no podemos dar la espalda al problema humanitario que se ha generado en Europa", comenta Soriano, quien lamenta la "pasividad de otras instituciones".
En Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña se ha sumado también a la bajada de banderas. La concejala de Igualdad y Diversidad, Rocío Fraga, señaló la mañana del martes que el acuerdo "no tiene sentido alguno", porque "se facilitarán 6.000 millones de euros para la atención a las personas refugiadas y demandantes de asilo, pero a la vez se bloquea el acceso a los países de acogida". La concejala destacó, asimismo, "la ola de solidaridad que se abrió" en la ciudad, "con cientos de familias ofreciendo sus recursos para facilitar la llegada de demandantes de asilo", lo que consideró como una "muestra del grave error que supondría hacer efectivo este principio de acuerdo".
Fraga exigió, además, que el Gobierno central, la Xunta de Galicia y la Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP) se pronuncien contra el preacuerdo: "Es necesario que las instituciones denuncien un acuerdo que, de forma tan manifiesta, atenta contra los derechos humanos e incumple todos los tratados internacionales de asilo", remató.
