El PP valenciano, materia corrupta en investigación

Ya no es la imagen del poder omnímodo. Ni la postal idílica de la derecha moderna. El PP valenciano se ha convertido en un inventario inagotable de impudicias. Y la mayoría absoluta que gozó durante 20 años (1995-2015) se ha desvelado como el grueso telón que aislaba al público de las suciedades y corrupciones perpetradas sobre el escenario. Si algún día el PP valenciano puso las instituciones al servicio de la delincuencia, tal y como sugieren los escritos policiales, la izquierda política trata ahora de arrojar luz al pasado con la creación de comisiones de investigación. La última este martes en la Diputación de Valencia –con los votos a favor del PP incluidos– sobre la presunta trama de blanqueo, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal que se investiga en el juzgado 18.

“Se trata de que los políticos asuman responsabilidades y de que devuelvan el dinero”, apuntó Jorge Rodríguez, presidente de la corporación provincial. Esta comisión no empezará a trabajar antes del 14 de abril, que es cuando está previsto que se levante el secreto de sumario del grueso del caso Imelsa o que se prorrogue un mes más. Bajo la lupa están las irregularidades cometidas, sobre todo, durante la época de Alfonso Rus como presidente y que fueron denunciadas por Rosa Pérez Garijo, diputada de Esquerra Unida.

Según Pérez, la trama recorría todas las instituciones gobernadas por el PP, pero el epicentro estaba en la diputación “porque se hallaba fuera del foco mediático”. La profundidad del agujero creado es aún incalculable, “pero no había contrato sano”, relata. Una infección que afectaba a modificaciones de obras, expedientes de sanción por valor de 32 millones que se dejaron de cobrar, fracción de contratos y pelotazos de 38 millones por la instalación de bombillas leds (de bajo consumo) o de 32 millones para alfombrar de césped artificial los campos de fútbol de la provincia.

Todo ello por escrito y en audio. Pérez aportó al fiscal 10 horas de grabaciones realizadas por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa (empresa dependiente de la diputación), supuesto cobrador y pagador de comisiones y arrepentido “yonqui del dinero” con el síndrome de abstinencia bajo control por efecto de la meditación y el budismo. Desde su reaparición el pasado 25 de mayo, se cuentan por decenas las horas de declaraciones en el juzgado y la Guardia Civil con aportación de documentación y miles de minutos de conversaciones comprometedoras.

50 imputaciones por blanqueo

La comisión de investigación que sí puede comenzar a funcionar es la que creó el Pleno del Ayuntamiento de Valencia el pasado 25 de febrero sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP. Este lunes el juzgado 18 levantó el secreto de sumario sobre esta pieza separada y, a los 49 investigados entre políticos y asesores, añadió la imputación del PP de la ciudad como figura jurídica. En teoría 50.000 euros fueron blanqueados a través del método conocido como “pitufeo”. La práctica totalidad de miembros del grupo habrían inscrito 1.000 euros a las cuentas del partido y después le habrían sido devueltos con dos billetes de 500 euros en un sobre. Todo de origen desconocido y bajo la orden de no ingresarlos en cuenta bancaria alguna.

Entre los mecenas de sí mismos estaban la entonces alcaldesa Rita Barberá, ahora senadora, y el concejal Miguel Domínguez, en la actualidad diputado autonómico. Ambos reconocen el ingreso de los 1.000 euros pero no su reintegro. Y los dos están aforados, algo que impide a los tribunales ordinarios investigarlos, aunque Instrucción 18 les ha ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente antes de tramitar la exposición razonada para que sea el Supremo en el caso de Barberá y el TSJ en el de Domínguez quien les interrogue.

Tres comisiones de investigación

Pero han sido las Corts las que, por ahora, más ingredientes han lanzado al caldo depurativo de la política valenciana. El 18 de febrero, el parlamento autonómico aprobó por unanimidad una proposición de ley de Podemos para la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Y paralelamente se han creado tres comisiones de investigación que atañen al oscuro pasado político del PP valenciano.

La más reciente, y que debería comenzar a trabajar a final de marzo, se centra en las irregularidades detectadas por la Intervención General en la gestión de Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA). Sobre la primera se intuye un agujero de más de 1.000 millones repartidos en sobrecostes (la ampliación entre 2002 y 2003 generó 300 millones), deudas, intereses y cuatro tarjetas opacas en manos de directivos. Este gigante se rige por un Consejo de Administración que Rita Barberá presidió durante sus 24 años como alcaldesa.

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Entre los asuntos a investigar están los 580.000 euros que la entidad ferial no cobró al Partido Popular para la celebración en 2008 del congreso que encumbró a Mariano Rajoy. Un dinero que ahora reclama. O los 7.600 euros en ropa, bolsos y complementos que la propia Barberá recibió como regalos. “Aún no se ha conocido el mayor escándalo de corrupción del PP valenciano”, avisó José Muñoz, diputado del PSPV y uno de los impulsores de una comisión que citará a Barberá, Francisco Camps y Luis Bárcenas, tesorero de los conservadores en 2008.

Tampoco se librará del flexo parlamentario Juan Cotino, imputado en la pieza de la Gürtel que destripa los millonarios pagos a la trama corrupta durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 y epicentro de la comisión que ya está investigando si hubo trato de favor en la adjudicación de más de 6.600 plazas de personas mayores, de las cuales un 40% fueron a parar al grupo Savia, vinculado a su familia. Por este motivo, además del político del Opus Dei, también comparecerán su sobrino y empresario, Vicente Cotino, el constructor procesado en Brugal, Enrique Ortiz, y Rafael Blasco, entonces conseller de Bienestar Social y ahora en prisión por el desvío de fondos de la Cooperación a la compra de pisos en Valencia.

Y Juan Cotino también asistirá a la comisión de investigación sobre el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en marcha desde enero. Por ahora, los comparecientes, muchos vetados en su día por el Partido Popular, ha coincidido en destacar que aquel siniestro que dejó 43 muertos y 47 heridos era evitable, que Ferrocarrils era una empresa deficitaria cuyo presupuesto se desviaba a grandes fastos y que los técnicos y directivos fueron adoctrinados con el único propósito de mentir y evitar que Francisco Camps y su Consell asumieran responsabilidades políticas.