Mungiu-Puppidi: “Con la crisis y la austeridad la opinión pública es menos tolerante con la corrupción”

Alina Mungiu-Pippidi, experta internacional en integridad pública y en corrupción, responde a nuestras preguntas sobre la tendencia actual en cuanto a percepción de la corrupción en Europa y en otras partes del mundo y sobre la repercusión de los papeles de Panamá, una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales relativos a más de 214.000 empresas offshore registradas por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Parece que actualmente la corrupción está en boca de todos. ¿Se está produciendo un aumento de la misma?

Lo que está aumentando es la transparencia, que señala la corrupción que existía anteriormente. Por otro lado, la opinión pública se muestra menos tolerante, debido a la crisis y a la austeridad. Muchas personas pensaban que no había ningún problema con que los políticos se llevaran un pequeño porcentaje indebido de la prosperidad pública en épocas de bonanza económica. Ahora que ya no es así, los votantes de la clase media se vuelven bastante intolerantes ante la corrupción, y puesto que en los países en desarrollo son más numerosos que nunca, observamos que no solo en la próspera Islandia, sino también en Brasil e India ha aumentado la demanda de un buen gobierno.

¿Los papeles de Panamá tratan en algún sentido sobre corrupción?papeles de Panamá

Sí. La corrupción no es necesariamente ilegal. Tal y como planteamos en nuestro informe para la Presidencia holandesa de la UE la falta de efectividad de sus Gobiernos en la gestión de la corrupción es la segunda causa más importante de la pérdida de confianza en la UE, después del crecimiento económico. A dos tercios de los europeos les preocupa la corrupción, según los sondeos del Eurobarómetro, casi tantos como en las muestras globales del Barómetro Global de la Corrupción. Puesto que solo a menos del 10 por ciento de los europeos le han pedido alguna vez un soborno (aquí se incluyen los sobornos a los médicos de bajos ingresos en Europa del Este, que en realidad deberían considerarse como formas directas de pago) las personas no limitan la corrupción a los sobornos, sino que también consideran como tal los privilegios indebidos de las autoridades y los funcionarios públicos en general. Y eso es de lo que tratan los papeles de Panamá: de tratamiento desigual, de personas normales que pagan sus impuestos, mientras que las que ocupan el poder o las altas esferas maximizan sus beneficios. Es precisamente lo que Thomas Piketty no incluía en su principal obra sobre la desigualdad, en la que no emplea en absoluto el término corrupción, ese poder que el capital ha traducido en mucho dinero y en activos en las últimas décadas.

¿De qué modo se demuestra?

Bueno, se puede observar la lista Forbes de los principales empresarios por país y calcular cuántos de ellos amasaron sus fortunas mediante alguna relación privilegiada con las autoridades, con contratos públicos, exenciones fiscales o cualquier otra forma de privilegio. En contextos de capitalismo saludable, se encuentran muy pocos en los niveles superiores (ocupados por minoristas, por ejemplo), mientras que en muchos países en desarrollo, en los cincuenta primeros puestos aparecen únicamente oligarcas que cuentan con el favor del Gobierno, como si fuera un capitalismo clientelista. En los países desarrollados siempre encontraremos también "rent seekers" (buscadores de renta), pero las bases de la competencia serán más sólidas. Aún así, lo que ha sucedido en Siemens y Volkswagen, así como los casos de personajes políticos destacados en Francia, Reino Unido o España debería servir para abrirnos los ojos. La corrupción es parte de la naturaleza humana, lo que ocurre es que sencillamente algunos países desarrollados han logrado crear mejores defensas, porque sus sociedades son más fuertes y más capaces de controlar a las élites políticas.

¿Esta distinción entre más o menos desarrollado tiene algún sentido en un mundo globalizado, en el que la corrupción parece ser el primer aspecto en volverse global?

Por supuesto que sí, porque si bien es cierto que la corrupción se extiende fácilmente donde no hay jurisdicción, no ocurre lo mismo al contrario y la exportación del buen gobierno no funciona, no existe ningún caso de éxito que podamos señalar. Los poquísimos países que han evolucionado hacia un buen gobierno en los últimos treinta años, que no son más de diez o doce como máximo, lo han logrado a través de una evolución interna, no por ninguna transferencia externa de normas. Por consiguiente, los principales obstáculos a la corrupción siguen siendo las limitaciones sociales del país y por ello el primer ministro de Islandia tuvo que dimitir, mientras que el señor Zuma o la señora Rouseff siguen en el poder, a pesar de que las pruebas de corrupción son mucho más claras. Espero que en estos países se llegue pronto a algún punto de inflexión, pero puede que sea necesario más activismo y más tiempo.

¿Significa esto que la comunidad internacional en general y la UE en particular no pueden hacer mucho al respecto?

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Pueden hacer mucho, pero deben considerarse como facilitadores, no como agentes principales. En primer lugar, podrían controlar mejor sus propios fondos de ayuda y establecer ejemplos de cómo se pueden invertir de forma transparente e inteligente. Tal y como Varoufakis señala con cierta razón, Grecia o Sicilia son ejemplos destacados de inversiones prolongadas de la UE en barones regionales, en lugar de en comunidades. En segundo lugar, los países desarrollados, deben ampliar su jurisdicción, como ya han empezado a hacer, a sus propias empresas que invierten en el extranjero y penalizar a las personas que utilizan bancos occidentales para transferir sobornos, como en el caso de la FIFA. En tercer lugar, hacer que todos los datos sean digitales y transparentes en los países desarrollados y en el extranjero, desde los fondos de ayuda hasta las adquisiciones, contribuirá a establecer un ejemplo y también directamente a disuadir actos de corrupción. Alemania se encuentra muy por detrás de Estonia en lo que respecta a transparencia en las adquisiciones. Las ayudas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional no se publican, ni siquiera las relativas al buen gobierno son información pública. Las ayudas de la UE en algunos países, como en Grecia o Rumanía, son también poco transparentes. Pero tenemos que entender que, a menos que las coaliciones domésticas a favor del cambio creen defensas internas, mientras recuperamos con un gran coste los fondos malversados de algún jefe de Estado fracasado, otra persona u otro partido político que llegue después de él robará diez veces más. Debemos cambiar las normas del juego en las finanzas públicas, con transparencia total, para poder supervisar a los "rent seekers". Aparte de los destinos offshore que debemos incluir en listas negras, la mayoría de países disponen de "islas vírgenes" en sus propias fronteras y aplican normas distintas para distintas personas y empresas. Esas normas solo pueden desterrarlas las personas del lugar, aunque recopilemos pruebas de cuáles son las estrategias que funcionan mejor entre las que podemos ofrecer.

En el nuevo sitio web que lanzó durante la semana de la integridad de la OCDE en París (19 al 21 de abril), se pueden ver ejemplos similares de estos consejos. ¿Por qué debe visitarlo la gente?

En este sitio web presentamos el resultado más práctico de nuestros esfuerzos académicos: un índice totalmente objetivo y probado estadísticamente que mide la capacidad de controlar la corrupción de un país, más en concreto, el marco de trabajo institucional de integridad pública. Incluye seis componentes, desde la atribución de poder digital de los ciudadanos (e-ciudadanos) hasta la discreción administrativa en forma de trabas burocráticas. Cualquier país puede ver en qué lugar de la clasificación global se sitúa junto a otros países en todos los ámbitos, y tanto los Gobiernos como las sociedades civiles pueden iniciar sus estrategias basándose en esta prueba, si realmente desean cambiar algo.