Las maniobras de Manos Limpias para dirigir una acusación contra Repsol y Cepsa

El pseudosindicato Manos Limpias trató de desplazar de la dirección letrada de la acusación contra las petroleras Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil por pactar precios a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que como primera querellante ejercía la acusación popular contra estas importantes firmas.

Según especifica un escrito registrado por Manos Limpias en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional puso como ejemplo de sus "notorios antecedentes de equidad y respeto a la función jurisdiccional", así como de su "absoluta independencia" de las posibles orientaciones políticas involucradas, que había ejercido acciones legales contra el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, contra políticos como Francisco Granados Lerena o contra la hermana del rey Cristina de Borbón.

Esta justificación le sirvió a Manos Limpias para afirmar "que sólo quien hasta ahora ha obrado impulsando la acción judicial en búsqueda de la verdad y neutralidad, con el fin de depurar las responsabilidades penales oportunas, defendiendo en todo momento el interés general, merecería en caso de unificar las direcciones letradas, de ostentar la representación procesal y técnica de las acusaciones populares personadas".

Multa de la CNMC

Es decir, lo que planteaba Manos Limpias al juez Fernando Andreu era que ellos mismos ejercieran la dirección letrada contra Repsol, Cepsa, Disa, Galp y MeroilCepsa, que fueron multadas con 32 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por conductas irregulares.

Pero uno de los párrafos del escrito llaman la atención, especialmente tras la detención del secretario general de Manos Limpias, Manuel Bernad, y del presidente de Ausbanc, Manuel Pineda, como presuntos cabecillas de una organización criminal que se dedicaba a la extorsión a bancos y otras empresas del IBEX.

Y era que la experiencia de Manos Limpias avalaba y garantizaba "el éxito del proceso y la correcta defensa de los intereses de todas las partes personadas en el proceso. Constando con la presente el fehaciente compromiso de llevar a buen fin cualquier negociación que en el seno del presente procedimiento se pueda instruir por su ilustrísima señoría", en referencia al juez Andreu, que no ha contestado al recurso del pseudosindicato.

Un escrito "sorprendente"

El intento de apartar a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena sorprendió al abogado José Luis Escobar, autor de la querella: "El escrito de Manos Limpias resulta sorprendente. Una cosa es que el juez ordene unificar las acusaciones populares, mediante acuerdo, y otra muy diferente que por propia iniciativa, una acusación popular pretenda hacerse con el monopolio de la institución. Son obvias las ventajas crematísticas de cualquier monopolio".

La sorpresa del letrado Escobar fue todavía mayor, ya que él desde un principio había apoyado el intento de la organización de Manuel Bernad de convertirse en acusación popular: "La OCU Jose María Mena que represento, optó por apoyar la personalización de Manos Limpias, solicitando que fuera minorada la caución exigida en este procedimiento", que para el pseudosindicato era de 10.000 euros, mientras que para la asociación era de 1.000 euros.

Escobar, que explica que todos sus contactos con Manos Limpias los ha mantenido a través del Juzgado, asegura que "jamás" ha recibido ofertas para retirar una acusación. "Jamás he recibido una propuesta de negociación extrajudicial en un procedimiento de la OCU. Ni en éste ni en ningún otro procedimiento".

Una decisión del Gobierno de Zapatero sobre el precio del butano acaba costando 109 millones en indeminaciones

Ver más

"Es un medio esencial"

El letrado de la asociación defiende la figura de la acusación popular, que se ha visto muy perjudicada tras conocerse las presuntas extorsiones que ha podido realizar Manos Limpias: "La acusación popular es un medio esencial de control contra la corrupción en España. Hay muchos casos que jamás hubieran sido juzgados. Su eficacia tiende a cubrir un error sistémico en el sistema judicial: el Ministerio Fiscal, en numerosas ocasiones, se ha negado a actuar contra los implicados en los procedimientos contra representantes políticos o financieros". Y como ejemplo de esta negativa, Escobar alude a los caso Botín, caso Alfredo Sáez, caso Dívar o el caso Urdangarin.

"Cuando existe corrupción en el Estado y el principal elemento para combatirla, la Fiscalía, no actúa, el ciudadano queda a merced de los corruptos salvo que intervengan las acusaciones populares. No hay más opciones", sentencia el letrado Escobar, que asegura que se mantendrá como acusación popular en el caso de las petroleras "hasta el final".