Preferentistas que también plantan cara a Hacienda

"Un nuevo jarro de agua fría para los contribuyentes que llevan años peleando en los tribunales para recuperar el dinero invertido en participaciones preferentes". Así ha definido el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la nueva interpretación que la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) decidió emprender el pasado mes de abril y que se materializa ahora en un mayor impacto en la declaración de la renta para los preferentistas.

Las novedades impuestas por Hacienda determinan, en primer lugar, que la indemnización que reciban los preferentistas por daños y perjuicios en sede judicial deberá declararse como ganancia patrimonial en la base imponible general. En segundo lugar, deberán declarar los gastos de la defensa jurídica, también como ganancia patrimonial en la base imponible general. En tercer lugar, la Agencia Tributaria establece que los intereses indemnizatorios o moratorios también deberán ser declarados como ganancia patrimonial, esta vez de la base imponible del ahorro.

Además, el sindicato resalta que en los tres casos citados no podrán deducirse los gastos de abogados y procurador asumidos durante el proceso judicial, "con el débil argumento de que son gastos debido al consumo, obviando que las costas tienen un carácter resarcitorio o indemnizatorio de los gastos objetivamente necesarios o útiles para la defensa". De hecho, tal y como explica el sindicato, los preferentistas no sólo no podrán deducir los gastos en los que incurrieron, sino que además el importe total de las costas será considerado como un ingreso más por el que tributar.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, destaca en conversación con infoLibre que el aspecto más grave es precisamente aquel que atañe a las costas: "Para nosotros, eso es lo más significativo", comenta el experto, al tiempo que explica que "los criterios que tributan en la base general afectan a la progresividad de las rentas ordinarias de cada persona". Para Mollinedo, el cobro de las costas "va a ser muy sorpresivo para los preferentistas, porque los abogados no les cobran directamente a los clientes unos honorarios", por lo que el afectado "probablemente ni siquiera conozca ese importe".

El secretario general de la asociación de bancos y cajas Adicae, Fernando Herrero, destaca que las costas "no suponen ningún beneficio", de modo que de confirmarse lo denunciado por el sindicato de Hacienda "estaríamos ante un despropósito". Herrero sostiene que la asociación tendrá que "evaluar" el problema para "plantear las alternativas" y tratar de que "no haya una nueva injusticia sobre aquellos que son víctimas de un fraude mal resuelto".

Por su parte, Basilio Garmón, presidente de la plataforma de afectados por las preferentes de León, asegura en declaraciones a este medio que "nadie ha tocado el dinero correspondiente a costas, los juzgados se lo ingresan a los abogados y ellos cotizan por él", de forma que, se pregunta, "si no hemos recibido ese dinero, cómo lo vamos a declarar". Por ello Garmón subraya que no acatarán este nuevo criterio, "y si abren expediente nos veremos en los tribunales". "Después de lo que hemos pasado no tenemos nada que perder", añade.

A tiempo de rectificar

Mollinedo explica que el motivo de hacer público el cambio de posición tomado el pasado 1 de abril se explica porque han advertido "que ese criterio no va a ser conocido por la mayor parte de los afectados, que van a confirmar su declaración de la renta". "Pensando en el tipo medio de persona con bajos ingresos, saldrá a devolver", asegura el técnico, hasta que finalmente reciban una carta de Hacienda "reclamándoles una cantidad", con un tipo "del 19% como mínimo", en función de los ingresos y la Comunidad de residencia de cada contribuyente. 

El secretario general del sindicato sostiene que el nuevo criterio por parte de Hacienda responde a un intento de "rebañar ingresos como sea de quienes declaran". En este sentido, los técnicos han expuesto su posición contraria, pero lamentan que ésta "no ha provocado una rectificación". "Precisamente por este motivo lo hemos hecho público, porque, de no cambiarse, los grandes perjudicados van a ser estas personas en un futuro más o menos próximo, cuando la Agencia Tributaria les reclame la cantidad", aclara Mollinedo.

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El técnico recuerda situaciones similares en las que la Agencia Tributaria decidió aplicar una nueva interpretación, como el caso de los emigrantes retornados con pensiones cobradas en el extranjero. "Hay posibilidad de cambiar de criterio, y no es necesario llegar al 30 de junio para hacerlo", sostiene Mollinedo. "Dar marcha atrás puede ser una decisión de unas horas", remata.

Fernando Herrero asegura que esta es "una muestra más del cierre en falso que se ha intentado llevar a cabo con el fraude de las preferentes". "Más allá de los matices", Herrero entiende que se trata de "otro de los muchos flecos" que derivan del "gran problema de las preferentes, que sigue sin resolverse". Sostiene el secretario general de la asociación que el problema continúa aún hoy, "arrastrando toda clase de injusticias flagrantes frente a las que Adicae planteará respuestas", a falta por el momento de un análisis en profundidad.

Por su parte, Xesús Méndez, preferentista que forma parte de la plataforma de afectados de Lugo, denuncia que "el Ministerio de Hacienda se empeña en perseguir a las víctimas en vez de perseguir a los especuladores". Méndez subraya que lo que la Agencia Tributaria ha considerado como una indemnización, es realmente "una recuperación, y en ningún caso del 100% del dinero estafado". Para el preferentista "no se hizo justicia ni siquiera compensando el dinero".  "Y ahora Hacienda nos hace esto", lamenta, al tiempo que no descarta tomar medidas desde la plataforma, que se reunirá y evaluará la situación con la coordinadora gallega.