Una mujer lleva al INE ante el juez por no contratarla por haber dado a luz pese a ser la mejor candidata

Una aspirante a trabajadora en el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha llevado a este organismo público dependiente del Ministerio de Economía a los tribunales por un supuesto caso de vulneración de derechos fundamentales al no haberla contratado por haber dado a luz pese a ser la mejor candidata. A preguntas de infoLibre, un portavoz autorizado del INE declina hacer declaraciones sobre las circunstancias específicas del caso, si bien señala que se trataba de una "sustitución temporal" y no de un proceso de selección de personal funcionario. Demandante y demandado están emplazados a un juicio que se celebrará el próximo 19 de mayo. 

Los hechos son los que siguen. La delegación provincial del INE en Valencia convocó el 29 de junio de 2015 un proceso selectivo que tenía como objetivo cubrir, a través de un contrato de interinidad, la plaza de un funcionario fijo que estaba de baja. C. S. T. se presentó a la citada convocatoria y, finalizadas las fases de oposición y concurso, se publicó el 3 de agosto de 2015 la relación de aspirantes que habían superado ese proceso por orden de puntuación. Ella había quedado la primera. 

La cuestión es que entre que la realización de las pruebas y la fecha de incorporación pasó algo más de un mes en el que C. S. T. dio a luz a su hija. A través de un escrito fechado el 4 de agosto, la aspirante facilitó al INE la documentación acreditativa de los requisitos exigidos así como la que acreditaba la imposibilidad de incorporarse al trabajo por haber sido madre nueve días antes. No obstante, insistió en su no renuncia a la plaza y solicitó la reserva de la misma hasta que se pudiera incorporar. 

Pero su sorpresa llegó cuando, un día después, la secretaría general del organismo público le comunicó –tal y como recoge un escrito al que ha tenido acceso este diario– que se había formalizado el contrato con la persona que "encontrándose en la mejor posición" podía realizar el trabajo "de manera inmediata". Es decir, la que quedó en segunda posición. La justificación que le ofreció el INE es que la "inmediatez" y "urgencia" en la prestación de los servicios había llevado a la dirección general de la Función Pública a autorizar "de manera excepcional" la selección de la segunda clasificada. 

"La verdad es que pensaba que no me iban a seleccionar porque hice todo el proceso de selección embarazada de más de siete meses y el tribunal era consciente porque, evidentemente, era algo que no se podía ocultar. Así que cuando me dijeron que habían contratado a otra persona en lugar de a mí, que había quedado en primer lugar, me quedé perpleja", señala la afectada a infoLibre.

A preguntas de este diario, un portavoz autorizado del INE añade que "con carácter general" el organismo público no hace declaraciones sobre las reclamaciones que se le plantean en el ámbito socio-laboral, ya que entiende que la naturaleza de las mismas obliga a guardar reserva "especialmente sobre actuaciones que afectan a personas concretas". Asimismo, recuerda que la actuación del INE está sujeta a la legalidad y al control de los tribunales pero insiste en que "un muy elevado porcentaje" de reclamaciones en materia socio-laboral han dado la razón al organismo.

Demanda judicial 

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Con el soporte del sindicato CCOO, del que es afiliada, la afectada presentó una demanda ante un juzgado de lo social de Valencia en la que alega que la actuación del INE en este caso vulnera el artículo 14 de la Constitución, que es el que consagra la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de sexo; y el artículo 8 de la ley de igualdad, que define como "discriminación" cualquier "trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad". 

La organización sindical considera que la adjudicación de la plaza debería haberse llevado a término y haber iniciado después la situación de baja maternal prevista en la legalidad ordinaria, pudiéndose cubrir esa situación de suspensión de la relación laboral con la contratación de la persona que correspondiera por orden de puntuación en la lista publicada. CCOO reclama para la aspirante la restitución de todos sus  derechos laborales de la trabajadora discriminada, incluidos los económicos y sociales, así como una indemnización por daños morales de 50.000 euros. 

Jesús Guerrero, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Economía, califica de "despropósito de principio a fin" el caso de esta mujer y censura que esta "falta de respeto" y "discriminación" contra una trabajadora provenga de una Administración Pública. Además, Guerrero se queja de la inacción de los organismos públicos a los que, junto a la trabajadora, el sindicato ha presentado escritos de queja durante los últimos meses y que van desde el propio Ministerio de Economía a la Defensora del Pueblo. "Comprensión, pero ninguna solución", sentencia.