La legislatura se cierra sin mejoras en la transparencia de los parlamentarios

La XI Legislatura se extinguió este lunes con el record a sus espaldas de haber sido la más corta de la historia de España: no ha llegado a los cuatro meses. El aterrizaje de Podemos y Ciudadanos en unas Cámaras en las que había reinado el bipartidismo agitó el debate de la reforma en el funcionamiento de Congreso y Senado y el de la revisión del régimen de retribuciones y ayudas de sus señorías. Pero los cambios han sido mínimos.

En la Cámara baja la legislatura se despide con cero leyes aprobadas y un real decreto ley, el que prorroga el Programa de Activación para el Empleo. Y en el Senado con un saldo similar: ninguna ley aprobada ni en tramitación. Puertas adentro de estas instituciones tampoco se ha experimentado ninguno de los cambios por los que las formaciones abogaban en campaña y que iban destinados, sobre todo, a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de aquello que se subvenciona gracias a fondos públicos. 

Dado que a partir del martes sólo funcionará la Diputación Permanente de ambas Cámaras, el órgano que asume las funciones del pleno en el periodo no ordinario de sesiones, estos asuntos tendrán que volver a ser recuperados en la XII Legislatura. Está previsto que Congreso y Senado se constituyan en torno al 20 de julio.

A continuación, infoLibre repasa las asignaturas pendientes que deja esta brevísima legislatura en este campo. Y lo que se ha avanzado.

Registro de Actividades

Casi en los minutos de descuento de la legislatura, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictámen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que se autoriza a los parlamentarios compatibilizar el escaño con otro tipo de actividades privadas como el ejercicio de la abogacía, la docencia en centros privados o la participación en tertulias y debates, entre otras.

Fuentes conocedoras del proceso de aprobación de estos documentos consultadas por este diario subrayan que el trabajo ha sido intenso y que se han analizado detenidamente todos los documentos presentados por los parlamentarios para evitar "sorpresas". Y es que la X legislatura (2012-2015) dejó algunos episodios que pusieron en el punto de mira el funcionamiento de esta comisión y el proceso de verificación de los datos que consignan sus señorías. Fue el caso, por ejemplo, del diputado del PP Vicente Martínez Pujalte. Del exministro Federico Trillo. O del ya exdiputado conservador por Segovia Pedro Gómez de la Serna. Les une que en un momento determinado de sus carreras políticas compatibilizaron sus funciones públicas con labores privadas cuya compatibilidad era dudosa. 

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha dado los pasos, según coinciden varios de sus integrantes, para que sea difícil que en el Congreso se sienten políticos que compatibilicen el escaño con tareas privadas que comprometan su función pública o que se sirvan de esa función para lucrarse. Pero todavía queda mucho camino por andar, admiten.

Tarea pendiente, aunque ya se había debatido en el seno de esta comisión que se celebra a puerta cerrada, es la de elaborar unos formularios que permitan a los diputados facilitar información más homogénea sobre sus actividades. A día de hoy son tan abiertos que la concreción queda a merced del interesado.

Otra de las tareas pendientes es la de establecer un régimen de sanciones para aquellos casos en los que se demuestre que los datos consignados no se corresponden con la realidad. Esto lleva a otra cuestión que, de momento, sólo se ha debatido puertas adentro de los partidos: la del régimen de compatibilidades. "Es algo que es necesario abordar cuando abramos en serio la reforma del reglamento".

Las mismas observaciones sirven para las declaraciones de bienes y rentas.

Sin consenso sobre las retribuciones de la Comisión de Reglamento

La legislatura se despide sin que la Mesa del Congreso de los Diputados haya tomado una decisión sobre las retribuciones que perciben los miembros del órgano de Gobierno de la Cámara por ser a la vez miembros de la Comisión de Reglamento.

infoLibre informó el pasado 1 de febrero de que durante la X Legislatura, los nueve miembros de la Mesa del Congreso se embolsaron 441.429 euros por ocupar un puesto en dicha Comisión de Reglamento, que sólo se reunió en dos ocasiones en cuatro años. En total, 49.047 euros de media por cada uno de los nueve diputados.

Los primeros parlamentarios en abrir una reflexión fueron los integrantes del Partido Socialista. Como reacción a esta información, Patxi López, presidente de la Cámara, y Micaela Navarro, vicepresidenta tercera, los dos miembros del PSOE que formaban parte del órgano de gobierno de la institución, anunciaron su renuncia a este complemento que permite que sus señorías vean crecer sus ingresos mensuales con cantidades que van desde los 697 hasta los 1.431 euros según el cargo. 

La renuncia, según confirmaron fuentes de la Presidencia del Congreso, se presentó el 3 de febrero, el mismo día de la constitución de la comisión. 

Días después, el 16 de febrero, fuentes de Podemos avanzaban que sus parlamentarios iban a seguir los pasos de los socialistas renunciando igualmente al complemento.

Ni Ciudadanos ni el Partido Popular tomaron ninguna medida al respecto.

Esto pone de manifiesto que la reflexión fue abierta en el seno de los partidos y no en el de la Mesa del Congreso. En el Partido Popular subrayan que el asunto puede ser tratado cuando se debata sobre la reforma del reglamento. Pero hasta ese momento dejan el asunto en stand by. 

No obstante, la disposición de sus señorías a la hora de ponerse a revisar las normas del funcionamiento interno de la Cámara ha sido prácticamente nula. Desde el día de la constitución del Congreso a día de hoy, la Comisión de Reglamento se ha reunido sólo en una ocasión. Fue en su sesión constitutiva.

En el Senado, cuya reforma es una de las promesas que figura en todos los programas con los que concurrieron a las elecciones del 20-D los partidos políticos, el funcionamiento de la Comisión de Reglamento ha sido simétrico al del órgano homólogo en el Senado. Sólo se ha reunido en una ocasión, para constituirse.

Sin avances en el registro de 'lobbies'

Otro de los asuntos pendientes desde hace más de 30 años es el de la regulación de los grupos de presión (lobbies). Desde la primera vez que se constituyeron las Cámaras los parlamentarios de todos los partidos han coincidido en que la regulación de esta figura es clave para aportar transparencia al proceso de elaboración de las leyes. Es decir, para conocer la trazabilidad de las mismas, con quién se reúnen los diputados y los senadores en el proceso de elaboración de la legislación y si de esos encuentros se pueden interpretar presiones en uno u otro sentido.La regulación de los grupos de presión no fue posible de la I a la X legislaturas

. Pero tampoco se dieron avances significativos en la XI. La creación de un registro de lobbies en el que tuviesen que inscribirse los representantes de todos los sectores interesados en mantener contactos con los grupos parlamentarios y las asociaciones dedicadas al cabildeo quedarán como asunto pendiente para las Cortes que salgan de las urnas el 26 de junio.

El pleno del Congreso de los Diputados del 27 de abril, en la última semana antes de la disolución de las Cámaras, aprobó una proposición de reforma del reglamento "para la creación del registro de los grupos de interés o lobbies", una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). La toma en consideración contó con el voto favorable de todos los diputados presentes en el hemiciclo: 329. Pero no deja de ser algo testimonial, porque decaerá con la convocatoria electoral. En este asunto, pues, volvemos a la casilla de salida.

El índice rojo de la Mesa del Congreso, al descubierto

Uno de los pasos dados por el órgano de Gobierno del Congreso de los Diputados en aras de la transparencia fue el de publicar con carécter previo el orden del día de cada una de sus reuniones, lo que se conoce como el índice rojo. Con casi total probabilidad, esto será también de aplicación en la próxima legislatura.

La decisión fue tomada después de que se analizara un informe jurídico, a instancias de Podemos, para conocer si existían limitaciones legales a la publicación de estos datos. 

No obstante, no se fue más allá. Respecto a la publicación de los informes jurídicos encargados por el órgano de gobierno de la Cámara sobre determinados aspectos de de la vida parlamentaria no hubo pronunciamiento concreto. El acuerdo, según informó en su día el presidente del Congreso, Patxi López, fue que verían la luz todos aquellos documentos que la Mesa considerase de especial interés.

Tampoco se decidió hacer públicas las actas de las reuniones de la Mesa, algo que sí ocurre, por ejemplo, en el grueso de las comisiones parlamentarias. En esto coincidieron tanto PP como PSOE. López lo vio "lógico". Y Celia Villalobos (PP), vicepresidenta de la Cámara baja, lo justificó argumentando que, de lo contrario, en estas reuniones sus miembros dejarían de expresarse con la misma "libertad" con la que lo hacían hasta ese momento. En todo caso, advirtió de que si estudiaba este asunto desde su partido se exigiría la presencia de taquígrafas. Hasta la fecha, en las actas sólo se recoge aquello que la persona que toma notas considera relevante.

Gastos sin personalizar

Tampoco ha habido avances a la hora de introducir mayor transparencia en el reparto de gastos individualizados por parlamentario en conceptos como, por ejemplo, los taxis y los viajes. En el caso de los viajes, desde la pasada legislatura, tras el estallido del caso Monago, las Cámaras hacen públicos con carácter trimestral los gastos en desplazamientos separando en tres conceptos: actividad política, actividad parlamentaria y viajes oficiales. No se conoce, no obstante, el gasto de cada diputado o senador. Se trata de algo que quedó en manos de la voluntad de los grupos parlamentarios. El PSOE, por ejemplo, sí ofrece los datos de los desplazamientos de forma individualizada pero sin el coste.

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Los mismo sucede con el desglose de gasto en taxi. Según el régimen de retribuciones de senadores y diputados, cada uno de ellos tiene a su disposición una tarjeta con un saldo anual de 3.000 euros para sus desplazamientos por la Comunidad de Madrid. 

En una consulta realizada por este medio a través del Portal de la Transparencia del Congreso, en la XI Legislatura 299 diputados recogieron su tarjeta, frente a 51 que no lo hicieron. No se conoce, no obstante, el gasto concreto de cada uno.

"Suministrar información individualizada supondría facilitar datos de carácter personal, lo que impide el artículo 14.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al que se remite el artículo 6 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de dicha Ley, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo. De otra parte, el artículo 15.3 d) de la misma Ley, advierte sobre la mayor garantía de los derechos de los afectados, en caso de que los datos puedan afectar a su intimidad o a su seguridad", justifican desde la secretaría general del Congreso.