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Muerte digna

Los acusados de ayudar a suicidarse a una mujer aceptan penas que suman dos años de cárcel

  • La fiscalía pedía más de seis años de prisión por tres delitos; entre ellos, los de cooperación al suicidio y contra la salud pública

infoLibre Publicada 24/05/2016 a las 15:42 Actualizada 24/05/2016 a las 15:46    
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Fernando Acquaroni, Manuel Jesús Tey Ariza, abogado de Acquaroni; Luis Montes y Fernando Marín (de izda. a dcha.)

Fernando Acquaroni, Manuel Jesús Tey Ariza, abogado de Acquaroni; Luis Montes y Fernando Marín (de izda. a dcha.)

DMD
Dos miembros del colectivo Derecho a una Muerte Digna (DMD), Fernando M. y Mercedes C., acusados de ayudar a suicidarse a una mujer en Avilés en 2012 aceptaron este martes penas que suman dos años de prisión, multa y seis meses de inhabilitación. Además, un tercer acusado, Fernando A., hermano de un enfermo terminal que se puso en contacto con los dos primeros para que le proporcionaran los medicamentos adecuados para poner fin a la vida de su familiar en Cádiz, aceptó seis meses de prisión por un delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa. Al no tener antecedentes, ninguno irá a la cárcel. 

La historia se remonta a 2012, cuando una mujer, M.L.D., falleció en un hotel de Avilés tras ingerir pentobarbital combinado con un zumo. El fiscal sostiene que esta mujer se había puesto en contacto con J. M. C., un voluntario del colectivo Derecho a una Muerte Digna (DMD) de Cataluña –ya fallecido– porque "sufría un trastorno de personalidad con depresión y quería quitarse la vida, cosa que ya había intentado en otras ocasiones". Siempre según el fiscal, el hombre le entregó a la mujer el pentobarbital sódico –un anestésico utilizado en medicina veterinaria– a cambio de 6.000 euros. Los condenados sostienen que ambos establecieron una relación de confianza al margen de DMD. 

¿Dónde está la vinculación de los miembros de DMD en el caso? Según el Ministerio Público, el voluntario J. M. C. estaba en contacto con Fernando M., médico y presidente DMD Madrid, quien le suministraba medicamentos "a sabiendas del destino que se les daba y con conocimiento del resultado que se produciría". Fernando M. sostiene, sin embargo, que se le enviaron esos frascos porque J. M. C., enfermo de parkinson, le había expresado en varias ocasiones su deseo de disponer de la sustancia para cuando la dolencia evolucionara, que aquel fue "un caso puntual" y que la labor de DMD se limita a informar a sus socios sobre cómo disponer de su vida, sin facilitar medicación ni recetas. 

Por estos hechos, la Fiscalía atribuyó al médico Fernando M. y a la voluntaria jubilada Mercedes C. –voluntaria que hacía algunas tareas administrativas en la oficina de DMD Madrid– un delito de cooperación al suicidio y pedía para ellos tres años de prisión. Este martes, el Ministerio Público accedió a modificar la participación de ambos de autoría a "cómplice", lo que baja la pena de tres años a uno. En cualquier caso, los acusados mantienen que "nunca pudieron cooperar con una persona con la que nunca tuvieron otro contacto que dos correos electrónicos en los que precisamente se le negaba la ayuda que solicitaba". 

Por otro lado, la policía registró la sede social de DMD en Madrid en julio de 2012 y, según el Ministerio Público, encontró medicamentos "cuya custodia, conservación y dispensa se debería realizar a través de farmacias, hospitales y centros de salud, observando las prescripciones facultativas (...) cosa que no se hacía en el presente caso, donde el uso y entrega de estos medicamentos de forma ilícita o clandestina (...) podía poner en peligro la salud, pudiendo llegar a ocasionar la muerte". Por este hecho la Fiscalía atribuyó a Fernando M. y Mercedes C. sendos delitos contra la salud pública y pidió para ellos dos años de cárcel, petición rebajada finalmente a seis meses

Los condenados sostienen que los medicamentos incautados procedían de familias que tras la muerte de sus familiares se los entregaban a Fernando M. para su destrucción, si estaban caducados, o para ser utilizados por otras personas que los pudieran necesitar. Asimismo, califican de "hipotético y especulativo" el presunto uso atribuido por la Fiscalía y recuerdan que Fernando M. es un facultativo colegiado especializado en medicina paliativa, cuya labor profesional es la asistencia domiciliaria de enfermos terminales, para lo cual obtiene los medicamentos con receta médica según la ley y los conserva en su domicilio o en la sede de DMD.

Cuidados paliativos

Por otro lado, el 4 de julio de 2012, el tercer condenado (Fernando A.) se puso en contacto telefónico con el médico Fernando M. para que le proporcionara los medicamentos necesarios para poner fin a la vida de su hermano, que estaba enfermo, con metástasis en varios órganos vitales, en estado terminal y que había expresado su voluntad de poner fin a su sufrimiento. El facultativo le ofreció enviarle a Cádiz ese mismo día los medicamentos necesarios para realizar una sedación paliativa profunda, que duraría entre 8 y 24 horas, y las pautas para administrarlos. Y, como no estaba en Madrid, le pidió a la voluntaria Mercedes C. que preparara el paquete y lo llevara a una mensajería.

Sin embargo, el paquete –en el que había jeringuillas, agujas y varios medicamentos, junto con un papel con las anotaciones para dosificar los productos– fue interceptado sin que llegara a su destino porque en el curso de la investigación del caso de M.L.D. se había pinchado el teléfono de Fernando M. y se interceptó la citada conversación. La Policía relacionó entonces la sedación paliativa de Cádiz con el caso de eutanasia de Avilés. La Fiscalía también acordó este martes rebajar la petición de pena de 1 año y 5 meses de prisión para Fernando M., Mercedes C. y Fernando A. por un delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa a seis meses. Por este caso, Fernando M. estuvo 14 días en la cárcel de Soto del Real tras pagar una fianza de 30.000 euros. 


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