Las claves del accidente del Alvia que deberán ser investigadas tras la reapertura del caso

La Audiencia Provincial de A Coruña decidió este viernes reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente ferroviario ocurrido en 2013 en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, y que acabó con la vida de 81 personas, cuyos familiares vieron cómo sus demandas de justicia caían en saco roto con la decisión del juez instructor y el fiscal de cerrar la investigación con el maquinista como único culpable.

Ahora, el auto de la Audiencia Provincial estima los recursos de apelación interpuestos –16 en total– y ordena al juzgado que siga investigando, concretamente partiendo de la fase de diligencias previas. Obliga, de este modo, a una "ratificación y aclaración" de dos informes periciales y de las pruebas necesarias para determinar si existió "evaluación integral" del peligro existente en el tramo perteneciente al barrio compostelano. Asimismo, pide al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que confirme si "existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones".

El dictamen de la Audiencia viene ratificando lo que la principal asociación de víctimas lleva reclamando desde hace casi tres años: que los responsables asuman las consecuencias de sus decisiones. Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de afectados, explica en conversación telefónica con infoLibre cuáles son los puntos que hasta ahora no han sido sometidos a investigación, y que podrían ser claves a la hora de resarcir a las víctimas e impartir justicia.

1. Reducción de la seguridad

En el año 2010, siendo ministro de Fomento José Blanco (PSOE), Adif tomó la decisión de reducir la seguridad de la línea del Ave Ourense-Santiago de Compostela, tramo donde se produjo el siniestro. Dos meses después del accidente, el primer juez instructor de la causa, Luís Aláez, imputó a 27 técnicos y directivos de Adif por esta rebaja, pero en octubre del mismo año la Audiencia Provincial de A Coruña levantó las imputaciones por considerarlas prematuras y exigió la elaboración de análisis técnicos por parte de expertos.

Tras los informes periciales requeridos, el juez volvió a imputar esta vez a once exdirectivos de Adif, pero la Audiencia levantó de nuevo las imputaciones en septiembre del 2014 por considerar que no quedaba demostrado el incumplimiento explícito de las normas de seguridad.

"En su día se desestimó la imputación porque se consideró que los informes periciales no estaban completos", recuerda Domínguez, quien sin embargo subraya que uno de los peritos, el único independiente y con experiencia en el sector del ferrocarril –que fue además escogido por sorteo–, consideró que Adif no había analizado debidamente el riesgo de la curva antes de tomar la decisión de rebajar la seguridad.

2. Desconexión del sistema anterior

Por otro lado, en el año 2012, con Ana Pastor (PP) dirigiendo la cartera de Fomento, no sólo no se corrigió la decisión tomada dos años antes, sino que además se autorizó a los trenes Alvia a que desconecten el sistema de control ferroviario europeo (ERTMS).

Según explica Domínguez, Renfe y Adif –ambos dependientes de Fomento–, autorizaron la desconexión en contra de la normativa europea y española, amparándose en que dicho sistema producía retrasos en los viajes.

3. Ningún sistema alternativo

Tras la decisión de retirar el sistema de seguridad, incide el portavoz de las víctimas, ninguno de los organismos propuso un sistema alternativo para compensar las carencias de seguridad que esta medida implicaba, lo cual podría haber evitado, considera Domínguez, el descarrilamiento mediante una advertencia al maquinista por exceso de velocidad antes de llegar a la curva.

4. Exceso de peso

Jesús Domínguez denuncia, además, que tal y como constata el documental Frankenstein-04155, el tren que descarriló superaba el peso permitido por Renfe.

Sumadas a las pruebas que revela el metraje, el pasado mes de febrero el abogado del maquinista presentó unas fotografías del tren, donde la existencia de irregularidades en relación al peso quedan presuntamente evidenciadas gracias a un rótulo en el convoy siniestrado, en el que se indica el peso al vacío del tren.

5. Informe opaco

Por otro lado, el presidente de la plataforma recuerda que la Agencia Ferroviaria envió el pasado mes de abril un dictamen a la Comisión Europea, en el que examina el informe de la CIAF –comisión de investigación de accidentes ferroviarios–, sobre los motivos del descarrilamientos. Dicho informe, no obstante, se ha mantenido oculto, lo que ha suscitado las quejas de la plataforma y de partidos como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ha solicitado a la Comisión que lo haga público.

Domínguez sostiene que "se denegó porque España incumple la directiva de seguridad ferroviaria del 2004, por lo que tiene abierto un expediente", de modo que "se consideró que el informe no debía ser publicado para mantener las relaciones internacionales". 

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El presidente de la asociación denuncia que la transparencia pública incluye "el derecho de acceso al expediente por parte del interesado o afectado". En este sentido, reconoce las "excepciones a la transparencia" con las que la Agencia justifica la opacidad del dictamen, pero incide en que los dos artículos en los que se ampara determinan que el acceso a un documento deberá hacerse efectivo si "su divulgación revista un interés público superior".

La plataforma ha iniciado una petición a través de Change.org, donde por el momento ha alcanzado la suma de 262.346 firmas de apoyo. "Tenemos la esperanza de que en menos de un mes el informe se haga público", señala Domínguez.

La reapertura de la investigación deja ahora en manos del juez y el fiscal que los pasos a seguir para reparar los daños vayan más allá del maquinista y aclaren, esta vez, todas las presuntas irregularidades que las víctimas no han dejado de poner en primer línea desde aquel fatídico julio de 2013. "Esperamos que tanto el fiscal como el juez se pongan manos a la obra, porque entendemos que esta es una buena decisión" en torno a un hecho "que requiere justicia para que no se vuelva a producir", concluye Domínguez.