El Senado gana al Congreso en transparencia

¿Pueden las instituciones aplicar la ley de transparencia de dos formas diferentes? ¿Pueden darse varias interpretaciones del mismo texto con consecuencias distintas? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa. Y un ejemplo muy claro de ello está en el tratamiento dispar que Congreso y Senado dan a los datos de sus señorías que se les reclama desde sus respectivos portales de la transparencia.

Esto conduce, según ha podido comprobar infoLibre, a que pueda remitirse la misma pregunta a ambas Cámaras y se sigan criterios diferentes, e incluso contradictorios, a la hora de responder. Una de las conclusiones que se extrae es que el Senado es más transparente al hacer prevalecer el interés público cuando se trata de facilitar datos sobre los medios que se ponen a disposición de los parlamentarios para el desempeño de sus funciones.

El pasado 13 de abril, este medio remitió a Congreso y Senado recurriendo a sus respectivos portales de la transparencia una pregunta muy concreta: "el listado de parlamentarios que han renunciado a la tarjeta de taxi en la XI legislatura", una pregunta que permitió, cruzando los datos de ambas Cámaras, concluir que sólo el 10% de los parlamentarios había renunciado a este servicio que, con un saldo anual del 3.000 euros, permite a los parlamentarios desplazarse por la Comunidad de Madrid, sede de ambas instituciones.

Mientras que en el caso del Congreso la respuesta facilitada fue una relación de los grupos parlamentarios con el número de sus diputados que disponían o no de la tarjeta de taxi, en el caso del Senado la información sí responde en sentido estricto a la literalidad de la pregunta, al "listado".

¿Cómo lo justifican desde las diferentes instituciones?

En el Congreso justifican que no se facilite la relación nominal de diputados señalando que "suministrar información individualizada supondría facilitar datos de carácter personal, lo que impide el artículo 14.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al que se remite el artículo 6 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de dicha Ley, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo". Citan, además, el artículo 15.3 d) de la misma ley, que "advierte sobre la mayor garantía de los derechos de los afectados, en caso de que los datos puedan afectar a su intimidad o a su seguridad".

En el caso del Senado, tras recordar la ley de transparencia y la de protección de datos, se argumenta que no es "posible realizar la disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, ya que precisamente la solicitud pide expresamente el 'listado de parlamentarios que han renunciado a la tarjeta de servicio de taxi en la XI legislatura". Esto, señalan desde la Cámara alta, "implica necesariamente la identificación de cada senador", por lo que "procede realizar la previa ponderación que permita valorar si prevalece el interés público en la divulgación de la información o el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los senadores afectados".

Tras analizar la legislación, el Senado concluye que "debido al carácter público de las personas que ostentan la condición de senador, así como al carácter finalista de los desplazamientos que financia la Cámara para el ejercicio de sus funciones parlamentarias, procede conceder el acceso a la información". Además, la resolución de la Mesa de la Diputación Permanente, el órgano que hace las funciones del pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, fechada el 4 de mayo, que los datos solicitados "no afectan ni a la intimidad ni a la seguridad de los afectados".Información denegada

Información denegada

En una línea similar a lo expuesto, y con argumentos muy similares, el Congreso de los Diputados no informa de forma oficial sobre los parlamentarios que, perteneciendo a la Mesa, y por tanto percibiendo los ingresos que les corresponde por formar parte del órgano de gobierno, renunciaron a la remuneración correspondiente por integrar también la Comisión de Reglamento. Prácticamente inactiva, en la corta XI Legislatura sólo ha celebrado una reunión, la constitutiva. En la anterior sólo se celebraron dos sesiones en cuatro años, lo que arrojó un saldo de 49.000 euros de media para los nueve diputados que la integran.

Los diputados del PSOE y de Podemos en el órgano de Gobierno de la Cámara en esta XI Legislatura ya habían anunciado a este diario que habían renunciado al complemento por formar parte de la Comisión de Reglamento, por lo que parte de la información demandada ya era pública por expreso deseo de los afectados.

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Como ya informó infoLibre, la negativa a facilitar los datos figura en una respuesta de la Secretaría General del Congreso a este diario con fecha de 4 de mayo. La pregunta fue trasladada a través del formulario habilitado en el portal de transparencia de la Cámara el 13 de abril y reclamaba el listado de parlamentarios de la Mesa que habían renunciado al complemento que les corresponde por integrar la citada comisión.

Tradicionalmente, los miembros de la Mesa del Congreso pasan automáticamente a integrar la Mesa de la Comisión de Reglamento. Esto implica que esos nueve parlamentarios complementen sus ingresos mensuales con cantidades que van desde los 697,65 hasta los 1.431,31 euros según el cargo. Todo ello en 14 pagas.

"No procede acceder a lo solicitado pues suministrar información individualizada sobre la renuncia de derechos propios de los Sres. diputados supondría facilitar datos de carácter personal, lo que impide el artículo 14.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al que se remite el artículo 6 de las Normas de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de enero de 2015, para la aplicación de las disposiciones de dicha Ley, en relación con su actividad sujeta a derecho administrativo. De otra parte, el artículo 15.3 d) de la misma Ley advierte sobre la mayor garantía de los derechos de los afectados, en caso de que los datos puedan afectar a su intimidad o a su seguridad". Así figura en la respuesta facilitada a este diario digital por la Secretaría General del Congreso de los Diputados.