'Caso Púnica'

La UCO sostiene que Granados facilitó pelotazos urbanísticos a empresarios amigos por 709 millones

Francisco Granados declara desde la cárcel por videoconferencia en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, facilitó pelotazos urbanísticos en Valdemoro (Madrid) de sus empresarios amigos por un valor de 709 millones de euros, según sostiene el informe financiero de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de febrero pasado.

Durante los años en los que ejerció como alcalde, entre julio de 1999 y noviembre de 2003, "planificó y confeccionó" un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el municipio de Valdemoro. "El devenir de la investigación ha puesto de manifiesto que las directrices de trazado y ampliaciones del nuevo plan fueron acordadas por Francisco Granados en connivencia con los empresarios del sector inmobiliario David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna". En ese mismo cuatrienio, Granados ingresó en sus cuentas de Suiza 1,33 millones de euros, pasando a superar los 1,68 millones en 2005.

Pero la Guardia Civil sostiene que los sucesores de Granados en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres (2004-2012) y José Carlos Boza Lechuga (2012-2015), también colaboraron con la trama, ya que eran afines al ex número dos de Aguirre, "quién por su influencia en el Partido Popular del municipio de Valdemoro y su condición de secretario regional del PP tuvo la posibilidad de influir en su designación como candidatos y por tanto en la línea política y gestión municipal de la localidad".

Los agentes explican que Granados también maniobró desde el Gobierno madrileño con terrenos de diferentes municipios mediante la empresa Arpegio y el denominado Plan Prisma, cuyos movimientos de fondos entre los años 2006 y 2007 superaron los 300 millones. 

Un nuevo Plan General

En 2004 Granados aprobó un nuevo Plan General, "pese a que Valdemoro contaba con un PGOU aprobado en el año 1999 por la corporación que dirigía el exalcalde socialista José Huete López", relata el dossier policial, que completa que los intereses económicos del complejo societario de estos constructores resultaron beneficiados con las "clasificaciones" y "recalificaciones" de parcelas.

Según la declaración de Marjaliza, Granados, que 16 días después de ser nombrado alcalde abrió su primera cuenta en Suiza, fue el que "convocó" a los empresarios a una reunión en la que les informó de las "oportunidades urbanísticas y el interés del propio Granados en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios".

Después de esta reunión, los empresarios constituyeron la empresa Servicios Patrimoniales de Obras y Vías SL, "cuyos socios serían Ramiro Cid Sicluna, David Marjaliza y María José Marijuán" a través de la sociedad Ayjopén, que es la esposa de Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados, "quién encubriría su participación en la sociedad", prosigue el documento policial.

"Se allanó el camino"

Y los empresarios "vieron reclasificados sectores dónde disponían de suelo, se allanó el camino a cualquier proyecto de compensación que procediera de los mismos y se articularon los procedimientos de venta de suelo público en su favor", aseguran los agentes al juez Velasco.

El desarrollo urbanístico del municipio se dirigió hacia sectores dónde los empresarios disponían de suelo, "conociendo de antemano hacia donde se iba a desarrollar el municipio y beneficiándose de manera directa a través de la plusvalía generada, vendiendo el suelo una vez clasificado a terceros interesados en desarrollarlo o haciéndolo a través de empresas propias".

En concreto, y según la Guardia Civil, los supuestos socios de Granados se beneficiaron de la reclasificación de 1,12 millones de metros cuadrados de suelo rústico en el municipio mediante la aprobación del Plan General y otros recalificaciones parciales, que sufrieron una revalorización de unos 550 euros por metro cuadrado, ya que "compraban suelo a sabiendas de que se iba a clasificar en gran parte".

Además, se beneficiaron de la adjudicación concertada de suelo público para la construcción de vivienda de protección oficial, "para lo que tenían que pagar el correspondiente peaje político en forma de comisión en efectivo".

Granados no aporta datos de interés al juez que investiga la trama 'Púnica'

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"Decisiones políticas corruptas"

"Observando estos datos, es fácil tomar conciencia de la gran plusvalía inducida que se puede llegar a generar con las transacciones comerciales relativas a un sector urbanístico favorecido deliberadamente con decisiones políticas corruptas", completa el informe financiero de la UCO dirigido al juez Velasco.

La investigación de la Agencia Tributaria ha determinado que a través de un "sofisticado entramado de facturación ficticia", Marjaliza detrajo del circuito económico legal en España al menos 10,2 millones de euros entre 2004 y 2006. Los investigadores sostienen que Marjaliza envió a Suiza 15 millones.

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