La empresa acusada de pagar en negro a la ‘Púnica’ por orden del Gobierno madrileño ingresó 129 millones en adjudicaciones de Aguirre y González

La empresa tecnológica Indra, dos de cuyos directivos están investigados en el caso Púnica por su presunta participación en el pago en negro al informático Alejandro de Pedro, recibió adjudicaciones por 129,4 millones de euros de los sucesivos gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González [entre noviembre de 2003 y septiembre de 2012], según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

Esta documentación pone de manifiesto que desde la llegada de Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en octubre de 2003 y tras el tamayazo, y hasta la salida de su sucesor, Ignacio González, en junio de 2015, Indra se hizo con contratos de la Administración regional madrileña por un total de 129.440.000 euros. 98 millones de esta cantidad corresponden a los Ejecutivos de Aguirre, mientras que 31 millones son del periodo de González.

La importancia de estas cifras contrasta con los gastos realizados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. En 2000 el Ejecutivo del que después fuera alcalde de Madrid y ministro de Justicia de Mariano Rajoy abonó a Indra 17.579 euros, por 46.518 en 2001 y 12.000 euros en 2002. En los diez meses de 2003 en los que se mantuvo en funciones, Gallardón pagó 390.923 euros a la empresa tecnológica.

Pero la entrada de Aguirre permitió que Indra obtuviera un importante aumento de sus ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid. En sólo tres meses, la multinacional española obtuvo de la comunidad presidida por Aguirre 780.665 euros.

Los contratos se disparan en 2006

En el primer año completo de Aguirre, en 2004, la tecnológica realizó trabajos por 547.754 euros y el año siguiente recibió pagos por 2.916.636 euros. Pero 2006 fue el año con un mayor aumento, ya que la comunidad abonó 12.549.552 euros, cifra que se elevó hasta 16.667.395 euros en 2007, año en el que la empresa hizo la mayor facturación.

En los siguientes años de Aguirre, los ingresos de Indra procedentes de la Comunidad de Madrid se mantuvieron en cifras similares (15.176.947 euros en 2008, 12.793.274 euros en 2009, 11.150.386 euros en 2010, 15.891.329 euros en 2011 y 13.255.757 euros en 2012).

Aguirre abandonó el Ejecutivo en septiembre de 2012, dejando la Presidencia en manos de su delfín, Ignacio González. En 2013, primer año completo de González al frente de la comunidad, los ingresos de Indra fueron de 15.211.476 euros, por 8.885.171 euros en 2014. En 2015 los ingresos ascendieron a 10.808.279 euros, de los que 3,6 se corresponden a la primera mitad del año y los 7,2 restantes al segundo semestre, ya con Cristina Cifuentes como presidenta madrileña. En lo que va de año 2016, Indra ha realizado trabajos para la Comunidad de Madrid por 2.503.783 euros.

Victoria ordenó el pago

Los directivos de Indra imputados son el consejero delegado, Javier de Andrés, y el entonces director general de Operaciones de la empresa tecnológica, Santiago Roura [que abandonó la empresa en septiembre de 2015], quienes según el juez Eloy Velasco participaron en el supuesto encubrimiento de un pago ordenado por el exconsejero de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (Eico), con la que los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa realizaban servicios de mejora reputacional en Internet.

Los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González se beneficiaron de estos trabajos de posicionamiento online, tal y como desveló infoLibre. Y, según la declaración del propio Alejandro de Pedro ante el juez, estos trabajos, que se habrían realizado sin contrato, generaron una deuda de alrededor de 120.000 euros. 

Los pinchazos telefónicos y las diferentes declaraciones de los imputados muestran que Salvador Victoria se puso en contacto con el ex consejero delegado de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, uno de los detenidos en la Púnica, para que convenciera a Indra de que sufragara esta deuda en metálico: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar Victoria al informático De Pedro.

Un antiguo contrato

En el sumario de la Púnica, al que ha tenido acceso infoLibre, el informático se pone en contacto con una de sus empleadas para reactivar un contrato antiguo con Indra, con la intención de cobrar una parte de la deuda.

“Respecto a la línea de investigación vinculada a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en la Comunidad de Madrid –explica un auto del juez Velasco–, se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de dicha comunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas, utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura y Javier de Andrés, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa respectivamente”, especifica el juez en el auto en el que explicaba los motivos por los que imputaba a los directivos de Indra.

Según la declaración del ex consejero delegado de la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, el entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, le ordenó que se dirigiera a Indra para que esta firma abonara en negro los 120.000 euros de la supuesta deuda que mantenía el Gobierno madrileño con la empresa de Alejandro de Pedro, que había hecho trabajos de posicionamiento online a Esperanza Aguirre e Ignacio González.

10.000 euros en la chaqueta

El propio Alejandro de Pedro, que fue detenido en su casa por la Guardia Civil, tenía en su chaqueta 10.000 euros en billetes, que supuestamente habría recibido de uno de los directivos de Indra en un coche. En la declaración de Martínez Nicolás ante los agentes tras ser detenido, el entonces consejero delegado de la empresa de informática de la Comunidad de Madrid confirmó que el pago realizado por Indra al informático Alejandro De Pedro era de 10.000 euros, mientras que el realizado a la firma Swat era de 90.000 euros. 

Preguntado por los agentes por el motivo por el que Indra atendía las peticiones económicas de Salvador Victoria, Martínez Nicolás aseguró que podría ser que Indra, "al ser adjudicataria de numerosos contratos en la Comunidad de Madrid, quisiera corresponder al consejero de Presidencia o a la propia comunidad por creer que esta persona pudiera tener influencia en la adjudicación de contratos".

Martínez Nicolás se defendió al asegurar que su papel era el de mero intermediario entre su jefe, Salvador Victoria, y los directivos de Indra. Precisamente, la Guardia Civil ha focalizado su investigación en un contrato realizado por la Consejería de Presidencia por un valor de 1.959.858 euros adjudicado a la empresa tecnológica.