La “conspiración” de Fernández Díaz con el exdirector de Antifraude acumula ya cinco denuncias y querellas

Las grabaciones difundidas por el diario Público de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el hasta este miércoles director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso han provocado una importante reacción entre las formaciones políticas afectadas.

En concreto, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya SíQueEsPot, el PSC y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) han presentado o anunciado la interposición de tres denuncias y dos querellas contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y contra el exdirector de Antifraude. El exalcalde de Barcelona de CiU Xavier Trias apuntó también la posibilidad de querellarse contra el titular de Interior.

Estas formaciones políticas acusan al ministro de "conspirar", en palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra las formaciones soberanistas. Además, el PSC ha presentado una querella contra De Alfonso por haber acusado a los socialistas de ser los autores de la filtración.

Por su parte, Fernández Díaz se ha defendido asegurando que ha sido "víctima de una conspiración" por la que, en realidad, deberían dar explicaciones quienes difunden esas cintas "ilegales", en referencia al diario Público.

La querella anunciada por CDC ante el Tribunal Supremo, una de las formaciones políticas objeto del supuesto acoso del ministro Fernández Díaz, le atribuirá los delitos de injurias y calumnias, revelación de secretos y atentado contra la autoridad en Cataluña. Este partido no descarta extender la acción judicial, prevista para la próxima semana, al director de Antifrau y otras que aparecen en las grabaciones.

Cooperador necesario

A su vez, el grupo parlamentario de SíQueEsPot ha registrado una denuncia ante la Fiscalía contra Fernández Díaz y contra De Alfonso, que cesó este miércoles en su cargo de director de la Oficina Antifrau de Catalunya, tras la publicación de sus conversaciones.

En el escrito, el grupo parlamentario considera que el ministro ha incurrido en delitos de "prevaricación mediata o, si es el caso, de partícipe a título de extraneus", es decir, que respondería de los hechos como inductor o cooperador necesario o bien como simple cómplice.

Sobre De Alfonso, SíQueEsPot considera que ha podido incurrir en un delito de prevaricación administrativa si el director cursó instrucciones o dictó resoluciones de inicio, impulso, paralización o concatenación de actuaciones con el fin de perjudicar a una persona, en lugar de hacerlo para perseguir el fraude.

Instrucciones del ministro

Asimismo, el grupo parlamentario SíQueEsPot cree que De Alfonso debería ser objeto de investigación por el mencionado delito de prevaricación administrativa si aceptó las instrucciones de otra autoridad -el ministro- contraviniendo la ley de la oficina antifraude catalana que aclara que su director "no recibe instrucción de ninguna autoridad en el ejercicio de sus acciones".

También Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado una denuncia en la Fiscalía en la que acusa a los protagonistas de las grabaciones de haber cometido delitos contra la Administración Pública y concretamente en la realización de actos arbitrarios de funcionarios públicos y divulgación de informaciones secretas por un funcionario.

Finalmente, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación y se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, al Congreso de los Diputados y al Parlament catalán para que exijan responsabilidades al Gobierno español. También anunció, tal y como adelanta el diario La Vanguardia, que llevará los hechos a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado el ministro.

Malversación de fondos

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En una rueda de prensa, el Síndic de Greuges identificó la posible comisión de varios delitos en el caso, como malversación de fondos, pero reconoció que corresponde a las autoridades judiciales determinar la existencia de dichos delitos.

Por su parte, el PSC presentó este martes en un juzgado del municipio de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) una querella por presuntas calumnias contra el director de la Oficina Antifrau de Catalunya alegando que apuntó al partido como responsable de la "filtración" de sus conversaciones con el ministro.

El partido considera que "sin ninguna prueba concluyó y relacionó" que la investigación de la oficina antifraude catalana sobre presunta financiación ilegal del PSC pudo llevar a éste a filtrar las conversaciones.