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Medio ambiente

España sólo ha completado una de las 37 acciones a las que se comprometió para proteger la biodiversidad

  • El Gobierno se implicó en la lucha contra el deterioro de los ecosistemas adoptando una estrategia a nivel europeo de cara a 2020 que no cumplirá, según Ecologistas en Acción
  • El Estado español no frena los impactos directos, no aplica políticas sectoriales y no completa el desarrollo de la red Natura 2000, entre otras carencias

Publicada 06/07/2016 a las 13:54 Actualizada 06/07/2016 a las 14:20    
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Paisaje del Parque Nacional de Doñana.

Paisaje del Parque Nacional de Doñana.

Europa Press
España sólo ha puesto en marcha una de las 37 acciones a las que se comprometió en 2011 para detener el deterioro de la biodiversidad. Así lo señala Ecologistas en Acción en su informe Biodiversidad en el Estado español, en el que analiza las medidas que, según lo firmado, debería poner en marcha el Estado para cumplir el objetivo, consensuado con los líderes de la Unión Europea, de parar la degradación de los ecosistemas del continente en el año 2020. La Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 establece 37 medidas a tomar por los Estados miembros. Según el análisis de los activistas, en España 22 están sin implementar y 14 cuentan ya con un considerable retraso, por lo que creen difícil que lleguen a buen puerto antes de que venza la fecha límite. "España no está haciendo los deberes (…) No va a cumplir el objetivo porque no lo está intentando", consideró el coordinador del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, coautor del informe junto a la autora principal, Isabel Díez. Oberhuber calificó el papel de España como "catastrófico" en este tema, e incidió en que la destrucción de la biodiversidad "no se está deteniendo, sino que está avanzando".

El informe destaca que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo para frenar, de manera directa, la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas. La Comisión Europea se comprometió a proponer en 2015 una iniciativa que evite la pérdida neta de los espacios naturales. Ecologistas asegura que a nivel europeo "se han dado algunos pasos", pero a nivel estatal no se ha hecho nada en concreto para sortear este impacto ambiental. "Las modificaciones que ha habido en los últimos años en la legislación avanzan en sentido contrario", señala la asociación, en alusión a la Ley de Costas o de Montes. 

En 2016 aún no se promueven medidas en los programas de desarrollo rural para que los agricultores protejan el paisaje; no se identifican las subvenciones perniciosas para la biodiversidad y, por lo tanto, sigue habiendo ayudas perjudiciales para detener el cambio climático, por ejemplo; no existen planes de gestión para controlar las especies invasoras catalogadas; y no se integra la lucha contra el deterioro de la biodiversidad en las principales políticas sectoriales, como agricultura, pesca, transporte o energía. Todas esas medidas, entre otras, están planteadas en la Estrategia a la que se acogió España. Los activistas afirman que el papel de la Unión Europea y de España en concreto es deficiente para luchar contra las principales amenazas, y que si bien algunas acciones se culminarán con éxito en 2020, el recorrido hasta ahora invita al pesimismo. La única acción realizada a tiempo es la ratificación del Protocolo de Nagoya, sobre acceso a los recursos genéticos y participación equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la UE.

El documento dedica varias páginas a hablar de la administración de la Red Natura 2000, que plantea una serie de espacios naturales en el continente cuya biodiversidad debe ser protegida por ley. La normativa establece que estos espacios deben contar con un plan de gestión adecuado a las necesidades de las especies amenazadas. Aunque se ha avanzado, Ecologistas en Acción señala que solo el 60% de estos planes están aprobados –en teoría, en 2012 la Red Natura tendría que haber estado perfectamente implementada–. En otros informes la asociación ha denunciado que los planes de gestión no son lo suficientemente incisivos, están mal planteados o no identifican de manera clara los problemas a los que se enfrenta la flora y la fauna de estas zonas. La carencia legislativa, además, provoca la pérdida de fondos europeos que podrían ser destinados a este propósito.

Hablamos de la "pérdida de calidad de vidas de seres vivos. Estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia", como alertó Oberhuber. "Los procesos ecosistémicos son esenciales. Debería ser una política de Estado. Aunque solo fuera por egoísmo", concluyó.



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