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Violencia machista

El 41% de las mujeres asesinadas por violencia machista en 2015 habían presentado denuncia

  • Es la tasa más alta desde que se empezaron a recoger estos datos en el año 2006 ya que nunca hasta ahora se había superado el 32% de víctimas mortales con denuncia previa
  • La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, afirma que se identificaron factores como "falta de coordinación entre cuerpos de seguridad o falta de valoración eficaz del riesgo de la víctima"

infoLibre Publicada 11/07/2016 a las 19:16 Actualizada 11/07/2016 a las 19:35    
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Número de atención para víctimas de violencia machista.

Número de atención para víctimas de violencia machista.

E.P.
El 40,9% de las mujeres asesinadas por los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja habían denunciado previamente malos tratos, según las estadísticas oficiales. Es la tasa más alta desde que se empezaron a recoger estos datos en el año 2006 ya que nunca hasta ahora se había superado el 32% de víctimas mortales con denuncia previa, según informó Europa Press.

En total, 23 hombres mataron a otras tantas mujeres con las que compartieron una relación en lo que va de año, una menos que en las mismas fechas de 2015 de acuerdo al balance oficial. No obstante, constan cinco casos en investigación que podrían elevar a 28 el recuento superando la cifra del año pasado.

Este 10 de julio se produjo el feminicidio en Melilla de una mujer de 22 años residente en Oviedo. Según fuentes policiales, la joven se habría desplazado allí para una estancia breve con su hijo de un año de edad. El presunto asesino se personó un día después del crimen ante dependencias policiales con el bebé en brazos, dijo que era su hijo, que él había cometido el asesinato y se entregó. Tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la mujer, quien le había denunciado.

"Si todos estos casos constituyen un fallo del sistema, más lo son aquellos en los que la víctima ha dado el paso a veces heroico de denunciar y confiar en las instituciones", dijo la presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona.

Según afirmó, en el estudio de los últimos casos similares se identificaron "diversos factores y circunstancias ocurridos en el íter procesal, como excesivo plazo de señalamiento en los juicios, reanudación de la convivencia entre el agresor y la denunciante, acogimiento al derecho a no declarar, falta de coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad, dilación en la entrada de partes de lesiones en el juzgado, poca utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento de las órdenes de protección o falta de valoración eficaz del riesgo de la víctima".

Afirmó que, por eso, el observatorio viene proponiendo medidas de diversa índole, como "reformas legislativas, implantación de herramientas para una mejor coordinación institucional, implementación urgente de los nuevos formularios de valoración policial del riesgo o puesta en funcionamiento de las unidades de atención de la víctima".

"Es muy importante que las circunstancias y datos de cada caso se compartan en tiempo real entre todas las instituciones que atienden a la víctima. La integración informática de los sistemas que se utilizan en los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad, los centros sanitarios y los de asistencia social resulta clave para poder valorar más eficazmente el riesgo y para que la actuación sea lo más inmediata posible con el fin de evitar delitos tan graves", afirmó Carmona.

Para la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, si bien en cada caso coinciden factores de riesgo múltiples y diversos, hay un elemento común y es la falta de implementación de las Unidades de Valoración Forense que, integradas por equipos multidisciplinares de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, deberían, según la Ley Integral, hacer una evaluación de cada víctima, cada agresor y el entorno de ambos para ofrecer al juez argumentos de peso a la hora de decidir qué medida de protección adoptar para ella.

"Es lo que más nos preocupa. Estas medidas están en la disposición adicional segunda de la ley y se han creado en muy pocas comunidades autónomas, cuando sirven para asesorar a los jueces sobre cuál es el riesgo real que corre la víctima y adoptar las medidas en consecuencia. Es algo básico y fundamental que sin embargo todavía no se ha puesto en funcionamiento", explicó.

Asimismo, Besteiro destacó el "resurgir de falsos mitos que periódicamente se van recuperando como hacía años que no se veían en los tribunales, como el falso síndrome de alienación parental o el falso mito de las denuncias falsas que va calando" y que requieren "más formación para todos los operadores jurídicos".

"Mientras se siga creyendo que lo que hace una mujer al denunciar es aprovecharse para obtener ventajas patrimoniales, cosa que ha calado y existe en algunos operadores jurídicos que aplican la ley con prejuicios y no tienen además organismos específicos que les asesoren el riesgo de la víctima, seguirán produciéndose resultados desastrosos para ellas y también para otras víctimas, que desconfiarán en el sistema y no acudirán, mientras se refuerza la posición de impunidad de los agresores", afirmó.
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