La XII Legislatura

El precedente de 2012 desmiente al PP: las pensiones pueden subir incluso si no hay Gobierno

El precedente de 2012 desmiente al PP: las pensiones pueden subir incluso si no hay Gobierno hasta diciembre

Ibon Uría

El PP ha encontrado un nuevo argumento para defender que su candidato, Mariano Rajoy, sea reelegido presidente del Gobierno. Y cuanto antes. Según han sostenido en los últimos días dirigentes conservadores, si no hay nuevo Gobierno en cuestión de semanas no se podrán presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 a tiempo, y automáticamente se congelarán las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Sin embargo, tanto expertos en Hacienda Pública como lo ocurrido en 2012 contradicen esta tesis.

Este mismo martes, el vicesecretario Sectorial del partido, Javier Maroto, insistió en la idea: aseguró que la pretensión del actual Ejecutivo es subir las pensiones un 0,25% –el mínimo legal– y el sueldo de los empleados públicos un 1%, y advirtió de que si no hay una investidura exitosa "en las próximas semanas" los presupuestos se aprobarán "tarde", lo que implicará que se prorroguen las cuentas de 2016 y que estas subidas "no se llevarían a cabo". "Habría, por tanto, unos primeros ciudadanos que pagarían las consecuencias de no tener Gobierno", afirmó.

En esa misma línea, este lunes el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo que la falta de un acuerdo rápido impediría aprobar el techo de gasto en agosto y presentar a tiempo los presupuestos, con lo que se pondrán "en riesgo" la consolidación de la recuperación económica, de la creación de empleo, la subida de las pensiones, el incremento de los empleados públicos, las inversiones públicas, los programas sociales "e incluso las ayudas agroalimentarias". "Todo esto está en juego", proclamó el portavoz.

"Es necesario un Gobierno porque hay que aprobar cuanto antes el techo de gasto, aprobar presupuestos y cuanto antes las Cortes y el Gobierno tienen que empezar a funcionar", apuntó por su parte el presidente del Senado, Pío García Escudero (PP) el pasado sábado. "España puede verse muy afectada por la no presentación de los presupuestos" porque "no todo se prorroga automáticamente", advirtió la vicepresidenta del Gobierno en funciones Soraya Sáenz de Santamaría el viernes, jornada en la que Maroto también elevó la presión al afirmar que "pagarán el pato los más débiles" si no hay "Gobierno ya".

El precedente de 2012

Pero lo cierto es que un simple vistazo a la hemeroteca basta para comprobar que hay soluciones de última hora que permitirían revalorizar las pensiones y los salarios de los empleados del sector público incluso si el Gobierno se forma mucho más tarde. De hecho, el propio Ejecutivo del PP de Rajoy se enfrentó a esta situación en 2011: el líder conservador tomó posesión el 21 de diciembre de aquel año y, a apenas diez días para el inicio de un nuevo ejercicio, se encontró sin presupuestos para 2012 y, obviamente, sin tiempo para tramitar la aprobación de esas cuentas.

¿Cuál fue entonces la solución? La aprobación de un real decreto-ley que el 30 de diciembre, a apenas 48 horas para terminar el año, estableció la congelación del salario de los funcionarios y la revalorización de las pensiones en un 1%. "En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (...), las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, así como las clases pasivas del estado, experimentarán en 2012 un incremento del 1%", rezaba en su artículo quinto ese decreto. Por tanto, 2012 comenzó sin cuentas públicas aprobadas pero con una subida de las pensiones.

A nivel estatal únicamente se han prorrogado cuentas en 1978, 1982, 1995 y 2011. El artículo 134 de la Constitución establece en este sentido que si no se aprueban "antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior". A nivel autonómico y local, eso sí, es una situación mucho más común: sin ir más lejos, siete comunides autónomas comenzaron 2016 sin nuevos presupuestos –Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra, Cataluña y Asturias, estas dos últimas con cuentas prorrogadas–.

En cuanto al techo de gasto, otro de los elementos utilizados por cargos del PP para urgir la formación de un Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que "en el primer semestre de cada año" el Gobierno aprobará un acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda en el que se incluirá esa cifra de límite de gasto, de modo que ese plazo ya se ha incumplido. Después, la cifra debe recibir el visto bueno por mayoría simple tanto del Congreso como del Senado. Habitualmente ese trámite se completa a finales de junio, antes del parón estival de las Cortes Generales.

Una "decisión política"

Juan Antonio Gimeno, catedrático de Economía Aplicada, Economía Política y Hacienda Pública de la UNED, señala a infoLibre que la revalorización de las pensiones y los sueldos de los funcionarios es, en esencia, una "decisión política" que no está vinculada al hecho de que haya Gobierno "en semanas", como defiende el PP, o en diciembre, justo a tiempo de repetir el mecanismo que en 2012 permitió que las prestaciones de jubilación experimenta sen esa subida incluso en ausencia de unas nuevas cuentas públicas.

Gimeno argumenta que "tan pronto como haya un Gobierno" se puede aprobar un "decreto" con "urgencia" que establezca esa revalorización de modo que, "incluso si se prorrogan los presupuestos se puede hacer esa subida". El experto considera que las declaraciones de dirigentes del PP no buscan más que "asustar", "exagerar los problemas" y que incluso constituyen una "estrategia de chantaje", pues unas cuentas prorrogadas presentan "más rigideces" y suponen una situación "no deseable", pero sí "perfectamente solventable" con "voluntad política".

Preguntado por los incovenientes concretos que implica la prórroga de los presupuestos, Gimeno responde que implica "pocos problemas" en los "gastos corrientes" y en el funcionamiento de los Ministerios, que puede ser "satisfactorio" incluso en ese escenario, más aún habida cuenta de que la inflación "es casi cero" y de que el déficit está "fuertemente controlado desde Europa", lo que reduce el margen de actuación. Sí admite, en cambio, que puede haber "más problemas" en el capítulo de las inversiones, si bien considera que hay instrumentos suficientes para paliar esos posibles efectos negativos.

Además, recuerda que aunque todavía no haya Gobierno "se puede ir trabajando" en las cuentas. "Lo lógico es que primero se apruebe el techo de gasto y que después, una vez se sabe la cifra global, el Gobierno trabaje en los presupuestos –explica–. Pero lo cierto es que puedes trabajar sobre la hipótesis de un determinado techo de gasto, por ejemplo el mismo del año anterior, y tener todo el trabajo muy avanzado para que, cuando haya Gobierno y sepa que tiene la mayoría parlamentaria suficiente, se aceleren todos los trámites y se aprueben rápidamente".

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Si no hubiera Gobierno antes del final de 2016, se prorrogarían automáticamente las cuentas de este año para empezar 2017. La revalorización de sueldos y pensiones, en cambio, no es automática. Fuentes parlamentarias consultadas por este diario señalan que es posible que, en ese escenario, el Ejecutivo en funciones no pudiera recurrir al decreto ley para aprobar una subida el 1 de enero de las pensiones y el sueldo de los funcionarios, pues sobre el papel el Gobierno en esa situación debe limitarse al despacho de los "asuntos ordinarios" ¿Qué sucedería entonces?

Gimeno responde que, una vez hubiera un Ejecutivo y se aprobasen las cuentas para 2017, la subida de esas cantidades "podría ser retroactiva". "Se pagaría con retraso, pero se pagaría", subraya el experto. Para una pensión de 900 euros –la media en España–, la subida del 0,25% anunciada por el PP supondrá 2,25 euros más al mes. En el caso de los funcionarios –el sueldo medio en el sector público era de 2.544 euros al mes en 2014, según el INE–, la subida del 1% representa 25,44 euros más al mes.

Si los presupuestos se aprobasen, por ejemplo, a finales de junio –así sucedió en 2012, la última vez que no se prepararon a tiempo–, el pensionista medio cobraría con retraso unos 13,50 euros, y el funcionario medio en torno a 150 euros. Ese pago, afirma Gimeno, podría hacerse "seguramente en una única vez", aunque si la cantidad acumulada fuera "importante" y en función de la "situación de liquidez", podría fraccionarse.

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