300 días de bloqueo político: así afectan a la economía y las instituciones

Este domingo se cumplen 300 días desde el real decreto que disolvió las Cortes Generales de la décima legislatura a finales de octubre de 2015 y que convocó las elecciones del 20D. También se alcanza este domingo la barrera de los ocho meses desde que el Gobierno de Mariano Rajoy está en funciones, pues el 21 de diciembre de 2015 cesaron oficialmente los miembros del Ejecutivo. Un bloqueo político sin precedentes que, además, no tiene visos de solventarse a corto plazo.

Y es que, salvo sorpresas de última hora, el candidato del PP fracasará en el debate de investidura, tanto en la primera votación –que se celebrará el próximo miércoles 31 de agosto y donde Rajoy necesitaría la mayoría absoluta de los votos para salir reelegido– como en la segunda –el viernes 2 de septiembre, cuando le bastaría lograr más síes que noes–. En la mejor de las hipótesis, Rajoy acudirá a esa cita con sus 137 votos, los 32 de Ciudadanos y el de Coalición Canaria. En total 170 diputados a favor y, previsiblemente, 180 en contra.

Algunos analistas sostienen que tener un Gobierno en funciones durante todo este tiempo ya está afectando a la economía española. Alertan, además, de que si esta situación continúa en el tiempo los problemas aumentarán y, por ejemplo, habrá que prorrogar los presupuestos. En el ámbito institucional, ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso contemplan varios de los escenarios ocurridos en los últimos meses, de modo que expertos en Derecho Constitucional han sugerido reformas para acabar con las lagunas del proceso de investidura.

¿Cómo afecta a la economía la situación política? ¿Qué puede pasar si no hay un nuevo Gobierno pronto? ¿Se están deteriorando las instituciones? ¿Es necesario reformar la Constitución? Tres economistas –Santiago Carbó, doctor en Económicas y profesor de la Bangor University en Gales (Reino Unido); Javier Santacruz, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles; y Juan Laborda, economista y profesor de la UC3M– y dos expertos en Derecho Constitucional –José Antonio Montilla, catedrático de la Universidad de Granada; y Fernando Álvarez-Ossorio, doctor de la Universidad de Sevilla– analizan los efectos de estos 300 días de bloqueo.

Paralización e incertidumbre

Para Santacruz, la consecuencia más evidente del bloqueo político es la "incertidumbre" y la "paralización absoluta" de todo aquello que depende del Gobierno. "No hay nuevas leyes y el Ejecutivo gobierna por decreto", subraya el economista, que destaca las dudas que se crean sobre cuestiones cotidianas como los precios de los suministros –luz, agua, gas–, las convocatorias de ayudas y subvenciones... Carbó, por su parte, destaca que el Gobierno "hizo bien" en aprobar al menos los presupuestos de 2016, de modo que se mantiene cierta "seguridad jurídica" pese al largo periodo de bloqueo.

Ambos economistas coinciden en que conviene que se forme Gobierno cuanto antes. Santacruz apunta que hay "acuerdos comerciales en el limbo", algo que afecta "especialmente a los exportadores", y que ya hay indicadores que apuntan cierta desaceleración: la confianza de consumidores y empresarios muestra "síntomas preocupantes", apunta, y hay pedidos de la industria que "se retrasan" a la espera de ver qué nuevo Ejecutivo se forma. "Además –enfatiza– hay una parte del perjuicio que provoca la situación que no se ve: ¿Cuánto estamos dejando de ganar? ¿Cuánto podríamos estar creciendo?".

Carbó, en esa línea, admite que por ahora "la inercia es buena", pero avisa de que "la inversión privada se resiente" cuando se prolonga la situación de Gobierno en funciones. Y hay, añade, deberes pendientes para evitar que la economía retroceda de nuevo: "El país necesita reformas. No necesariamente liberalizadoras, pero si hay temas pendientes, como las pensiones, la reducción del déficit, aligerar la estructura del Estado... no vale con dar hachazos brutales a infraestructuras, sanidad y educación. Eso es lo fácil, pero no la solución", subraya.

Se acaba la inercia

Si el bloqueo político se prolonga mucho más allá de los 300 días, coinciden los analistas, los problemas pueden comenzar a amontonarse. Los elementos que sostienen la actual buena marcha de la macroeconomía española, enumera Santacruz, son "en parte, el efecto rebote después de un desplome" y, además, "el sector exterior, la buena marcha del turismo, la baja inflación, el precio del petróleo, el control de las importaciones...". "Y la política del BCE, que sigue comprando deuda, favorece a España", añade Carbó.

"La economía por ahora avanza por sí sola, pero no se puede mantener mucho tiempo más esta situación. Casi un año de incertidumbre implica que acabaremos perdiendo fuelle y en un nuevo estancamiento", advierte Santacruz. Entre las cuestiones más peliagudas, Carbó cita la necesidad de aprobar el techo de gasto y unos nuevos presupuestos: "Si no hay presupuestos probablemente no podremos cumplir todos los plazos que marca Bruselas, y la prórroga puede tener un efecto especialmente negativo en un contexto de desconfianza por acontecimientos como el Brexit o el conflicto en Turquía", dice.

"Es imprescindible tener unos nuevos presupuestos y no prorrogar los actuales, porque las cifras de ingresos y gastos no tienen ningún parecido con la realidad", comenta Santacruz, que califica esa posibilidad de "suicidio". El economista añade que las pensiones y sueldos de funcionarios quedarían en un "limbo" y que "podrían no subir" –si no hay nuevos presupuestos, el Gobierno podría incrementarlos por decreto–, y que también es necesario un nuevo Gobierno "pronto" para regular cuestiones como el salario mínimo, la financiación autonómica, el fondo de liquidez para los ejecutivos regionales y el fondo para pago a proveedores.

El bloqueo que evita recortes

El economista Juan Laborda, en cambio, hace un diagnóstico opuesto de la situación: "El bloqueo y tener un Gobierno en funciones no sólo no nos perjudica, sino que nos afecta positivamente", sostiene. ¿Por qué? Fundamentalmente, argumenta, porque la política fiscal de los últimos presupuestos generales era "expansiva" y en ellos el "consumo público aportaba" a la buena marcha de la economía. Es decir, que eran cuentas que acababan con la austeridad e incrementaban el gasto público. "Probablemente por cuestiones electoralistas se hicieron unos presupuestos de ese tipo, expansivos, que son buenos", comenta.

Laborda admite, eso sí, que la "economía española está cogida con pinzas". Por ahora, añade, España se favorece de la "compra masiva de deuda del BCE, que evita el hundimiento de los bancos españoles", de una energía "sorprendentemente barata" que beneficia a los exportadores, un "tipo de cambio con un euro muy débil que también anima las ventas a otros países" y por la buena marcha del turismo. "La inversión privada no está subiendo en ningún lugar de Europa, por lo que decir que va a caer por tener un Gobierno en funciones no se sostiene. España necesita ahora una inversión pública brutal para animar a la privada", añade.

"Mi temor –concluye– es que el nuevo Gobierno vuelva a mater la tijera. Si el PP vuelve a los ajustes drásticos, caeremos, y si desaparecen los factores exógenos que mencionábamos, también tendremos problemas. Pero lo fundamental es que no hay que centrarse en reducir el déficit estructural, sino en aplicar políticas expansivas. A largo plazo hay que abordar, además, cuestiones como el cambio del modelo productivo, con más industria, y revertir el envejecimiento de la población".

Tiene que haber candidato

En la XI legislatura –ese espacio de tiempo transcurrido entre el 20D y el 26J– se vivió una circunstancia inédita: el rey "ofreció" a un candidato ser designado para ir a la investidura y éste "declinó" ese ofrecimiento. La actuación del líder del PP, Mariano Rajoy, provocó un intenso debate, porque la Constitución establece que el jefe del Estado celebra una ronda de consultas y designa a un candidato que se somete al debate de investidura. Es decir, que no contempla las acciones de ofrecer y declinar. Y, además, suscitó reflexiones en torno a una derivada: ¿Cómo se desatasca la situación si nadie quiere ir a la investidura?

José Antonio Montilla considera que "los modelos constitucionales, cuando se plantean, no pueden prever todas las situaciones" y que, por tanto, requieren "pequeñas modificaciones". "La Constitución alemana –ejemplifica– se ha modificado unas 60 veces. En España hacen falta reformas amplias al texto, pero también retoques". De modo que si nadie previó la posibilidad de que alguien se comportara como Rajoy, cabe abrir un debate: "El candidato rechazó ser propuesto, y hay una laguna, ¿porque qué pasa si todos declinan? Es grave, porque el bloqueo podría ser interminable", dice el constitucionalista.

El experto señala que la propuesta podría avanzar en dos direcciones: la primera, que si ningún candidato suma más apoyos, al de un determinado tiempo se invistiera automáticamente al líder de la fuerza más votada. "Es el sistema que aún rige en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, pero no me gusta, porque implica investir a alguien en contra de la mayoría de la Cámara", dice. La otra posibilidad es que el rey proponga siempre en primer lugar al candidato del primer partido y que éste no tenga opción de renuncia, de modo que los tiempos empiecen a correr.

Álvarez-Ossorio afirma, en cambio, que la Constitución no necesita reformas en este punto. "El pluralismo tiene que acabar concitando acuerdos", recomienda. El experto, no obstante, admite que puede darse el "caso extremo" de que el rey "no encuentre a ningún candidato", escenario en el que a su juicio el monarca debería, "por lealtad, pedir a alguien que se presente para deshacer el nudo". El experto rechaza otras opciones como que el plazo para la disolución automática de las Cortes cuente desde su constitución y no desde la primera votación de investidura, porque cree que ello quitaría presión a los partidos para pactar.

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La última polémica en torno al proceso de investidura ha sucedido ya en esta XII legislatura, y ha girado en torno a cuánto podía retrasar la presidenta del Congreso, la conservadora Ana Pastor, la convocatoria del Pleno de investidura. El reglamento de la Cámara baja se limita a señalar en su artículo 170 que, una vez "recibida" la propuesta del rey, el presidente del Congreso "convocará" el Pleno y no establece ningún límite. El PSOE, de hecho, llegó a amenazar con plantear algún tipo de iniciativa parlamentaria para forzar a Pastor a fijar esa fecha.

En este punto hay más consenso entre los expertos. Álvarez-Ossorio afirma que "tiene sentido limitar el tiempo entre la designación de un candidato y la convocatoria del Pleno", porque en caso contrario la presidenta del Congreso "puede quedarse con el reloj y bloquear indefinidamente los tiempos". "Es evidente que en el artículo 170 del reglamento falta algún tipo de referencia temporal", coincide Montilla, que pide que ese texto "precise más" cuál debe ser el plazo máximo.

Hasta ahora, el presidente del Congreso nunca había tardado más de 17 días en fijar la fecha de la sesión de investidura, una marca que estableció Federico Trillo en la primera legislatura de Aznar. En la XI legislatura, por ejemplo, el socialista Patxi López dejó pasar 13 días desde que el jefe del Estado designó a Pedro Sánchez hasta que anunció en qué fecha se celebraría el Pleno. En esta XII legislatura, en cambio, Ana Pastor ha superado todos los registros: tardó 21 días.