Las solicitudes de dependencia sin tramitar rozan las 100.000, un 21% más que hace un año

Un total de 97.037 personas estaban esperando a finales del pasado julio (últimos datos disponibles) a que la administración pública correspondiente valorara su solicitud y determinara si cumple con los requisitos del baremo y, por tanto, tiene acceso a una prestación o servicio en virtud de la ley de dependencia o, por el contrario, desestimara su petición. Esta cifra es un 21,4% superior a la registrada hace un año, cuando el número de solicitudes sin gestionar era de 79.936. 

Precisamente hace un año –tras dos aplazamientos consecuencia de la política de recortes y con tres años de retraso respecto a lo que preveía inicialmente la ley– se incorporaron al sistema los dependientes moderados. Pues bien, un año después, las comunidades no han sido capaces de estabilizar la lista de espera para la valoración, pues el número de expedientes sin resolver ha aumentado de forma más significativa (+21,4%) que el de solicitudes (+2,2%) al pasar de 1.578.385 a 1.613.342.

De media, el porcentaje de solicitudes que el pasado julio seguían esperando a ser tramitadas era del 6%, pues de los 1.613.342 procedimientos iniciados estaban resueltos 1.516.305. No obstante, el análisis de los datos oficiales vuelve a poner de manifiesto las diferencias por autonomías. Este es un hecho sobre el que también alerta el Consejo Económico y Social (CES), que en su memoria anual [ver en PDF, aquí] insiste en las "diferencias territoriales" en la "acumulación de expedientes" sin resolver. 

En su memoria, el CES –organismo en el que están representados sindicatos, patronales, organizaciones de consumidores y usuarios y el Gobierno– señala que son la Comunitat Valenciana y Canarias las comunidades con más casos pendientes. Los datos oficiales del Imserso constatan este análisis. Así, en la Comunitat Valenciana están a la espera de ser analizados el 17,6% de los expedientes (18.060 de un total de 102.641) y en Canarias el 15,8% (6.756 de 42.890). 

Por encima de la media en el porcentaje de solicitudes sin tramitar, que es del 6%, también está Extremadura, donde siguen a la espera 5.668 de 52.928 expedientes (10,7%); Asturias, donde las solicitudes sin gestionar son 3.190 de 34.422 (9,3%); Aragón, donde no se han resuelto 4.034 de 43.843 (9,2%); Baleares, donde 1.985 de un total 24.47 no se han valorado (8,1%); Cataluña, donde están a la espera 18.833 de 286.557 (6,6%); o Castilla y León, donde 7.128 de 117.124 peticiones no han sido gestionadas (6,1%).

Por el contrario, La Rioja (0,3% de solicitudes sin analizar), Navarra y Madrid (0,7%), Murcia (0,9%), Cantabria (2%), País Vasco (2,3%), Galicia (2,7%), Castilla-La Mancha (4,2%) y Andalucía (5,6%) tienen porcentajes de solicitudes de valoración de dependencia sin tramitar que son inferiores a la media estatal. 

Defensora del Pueblo 

La evolución respecto al año anterior también difiere en las diferentes comunidades. Llama la atención especialmente el caso de la Comunitat Valenciana, donde, en un año, se ha multiplicado por siete el número de solicitudes de valoración de expedientes de dependencia sin resolver. Así, en julio de 2015 eran 2.447 los expedientes sin analizar, mientras que en julio de este año son 18.060. Este aumento ha ido aparejado de un aumento de solicitudes, aunque inferior, del 10,5%, al pasar de 91.894 a 102.641.

También es reseñable el aumento de expedientes sin resolver en Castilla y León, donde el número de solicitudes sin tramitar ha aumentado un 39% (al pasar de 4.356 a 7.128) en el mismo período en el que se registró un aumento de las solicitudes de valoración del 5% (de 111.407 a 117.124). 

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En su informe de 2015, la Defensora del Pueblo [consultar, aquí] subraya que las demoras en el procedimiento de valoración de la situación de dependencia en Andalucía, Madrid, la Comunitat Valenciana y Murcia provocó que "numerosos expedientes quedaran paralizados" lo que dio lugar, en ocasiones, a que la persona solicitante "falleciese antes del reconocimiento de su derecho". Hay que tener en cuenta que el 72% de las personas beneficiarias de prestaciones tienen más de 65 años y que un 54% son mayores de 80.

La ley establece que la Administración tiene seis meses de plazo para resolver las solicitudes presentadas y determinar si hay o no una situación de dependencia acreditada y, en su caso, qué prestación le corresponde recibir a la persona beneficiaria. No obstante, ese plazo "no siempre se cumple", tal y como acredita el CES en su última memoria anual.

Las prestaciones por dependencia se otorgan en función de la situación del solicitante y pueden ser desde una plaza en una residencia o en centro de día a un servicio de teleasistencia o una asignación económica para que el dependiente pague un servicio fuera del sistema público.