C's acepta no tocar las leyes polémicas de Rajoy y renuncia a las reformas progresistas de su pacto con el PSOE

Menos de una semana de negociación ha bastado para que el PP y Ciudadanos sellen un acuerdo de cara a la sesión de investidura del candidato de los conservadores, Mariano Rajoy. El texto definitivo se rubricó este domingo en el Congreso de los Diputados, donde las comisiones negociadoras mantuvieron un último encuentro antes de que los portavoces parlamentarios de los partidos firmaran el documento [ver en PDF], que lleva por título 150 compromisos para mejorar España. Rajoy dijo sentirse "cómodo" en este escenario y saludó el texto como "un paso adelante muy importante". No en vano, le permitirá ir a la investidura que comienza el martes con 170 síes. Rivera precisó que, si esta semana no hay Gobierno –tal como sucederá salvo sorpresa mayúscula–, la vigencia del pacto quedará en el aire.

Pero el dirigente del partido naranja, sobre todo, aprovechó la rueda de prensa para reivindicar su capacidad de "bajar a la arena", "dialogar" e intentar "desbloquear" la situación. Su partido, sostuvo, ha trabajado "mañana, tarde y noche" desde el 26J y representa el "nuevo centro" capaz de "arrastrar" a "la vieja derecha" a las "reformas para la clase media trabajadora". "Vamos a hacer reformas sin subir impuestos", "los recortes se van a acabar", proclamó. Rivera habló de medidas "inauditas", "ambiciosas", "nunca vistas", "sin precedentes" en los últimos años. El único texto similar, concedió, es el pacto que él mismo firmó en la legislatura pasada con el socialista Pedro Sánchez [ver en PDF]. Y precisamente hacia Sánchez dirigió las presiones al asegurar que, de las 150 medidas cerradas con el PP, 100 son idénticas a las aceptadas por el socialista.

Lo cierto es que de este nuevo pacto se han desvanecido la gran mayoría de reformas progresistas que sí contenía aquel. Nada de potenciar la negociación colectiva, incrementar siquiera ligeramente el salario mínimo, instaurar un ingreso mínimo vital, aprobar un impuesto contra las grandes fortunas y gravámenes medioambientales, establecer ayudas para que los jóvenes que han dejado los estudios por falta de recursos vuelvan a las aulas, cerrar las centrales nucleares, aprobar una ley de igualdad de trato, exigir primarias en los partidos, derogar la prisión permanente revisable, suprimir las diputaciones y emprender el camino de la reforma constitucional. Todo esto, que figuraba en el pacto alcanzado en febrero, simplemente ya no está.

Rajoy, por su parte, también presionó a Sánchez. Este lunes ambos se verán las caras por última vez antes de la sesión de investidura. La dirección del PSOE avanzó este domingo que su jefe de filas tiene su discurso listo para la ocasión y que en él no hay resquicio a la abstención. Pero el candidato conservador quiso insitir en que lo "razonable" es que "el PP encabece el nuevo Gobierno" porque "es la única fuerza que ha subido en apoyo popular y en escaños" entre el 20D y el 26J y recalcó que le planteará a Sánchez "lo mismo" que lleva "diciendo desde el 21 de diciembre". "No voy a inventarme nada nuevo –enfatizó–. Hay una situación excepcional, y en situaciones excepcionales tenemos que manejarnos con criterios diferentes. Le voy a decir 'tengo el apoyo de 170, ¿quieres que repitamos las elecciones?".

En definitiva, no habrá nuevas ofertas. El PP no se abre a derogar ninguna de sus leyes más polémicas para intentar atraer al PSOE a la abstención, o con el fin de incrementar la presión sobre ellos y alentar, quizá, los debates internos en las filas socialistas. Las reformas más duras de la legislatura de Gobierno de Rajoy también sobreviven en el acuerdo con Ciudadanos. El partido naranja ha cedido y ha dejado intactas muchas de ellas: la reforma laboral se mantendrá en su práctica integridad, no se recupera la justicia universal, no se anulan los límites a los plazos de instrucción –muy criticados por las asociaciones judiciales–, no se deroga ninguno de los preceptos de la ley mordaza. Si la legislatura echara a andar esta semana, todas esas normas se mantendrían en pie.

La herencia más polémica del PP no se toca

Así las cosas, Ciudadanos acepta conservar muchas de las normas más criticadas por la oposición desde 2011, o bien plantea revisarlas parcialmente o de forma inconcreta. En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, se mantienen las indemnizaciones por despido introducidas en 2012 –salvo en el caso del contrato temporal, donde en algunos supuestos aumenta de 12 a 16 días el segundo año y a 20 el tercero–, la ampliación de las causas del despido objetivo, la posibilidad de encadenar contratos temporales hasta 24 o 36 meses, el contrato de formación y la posibilidad de que las empresas que atraviesen una mala situación económica incumplan los convenios, entre otros elementos. 

Entre las leyes que se plantea revisar de forma vaga figura la de seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza. El pacto, en su último punto, plantea "promover una revisión" de la norma "para mejorar diferentes aspectos de su regulación, intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas más graves" con el fin de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas" y de "garantizar la seguridad". 

Al margen de la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial que trascendió durante las negociaciones, el pacto bilateral no revisa las decisiones más polémicas del Ejecutivo del PP sobre Justicia. No se revisan, por ejemplo, las limitaciones a los periodos máximos de instrucción, que según magistrados y fiscales abren la puerta a la impunidad especialmente en casos de corrupción, pues los plazos que marca la ley son insuficientes para las investigaciones más complejas. También se mantiene la última reforma restrictiva de la jurisdicción universal –que tras su aprobación en 2014 obligó, por ejemplo, a archivar la causa sobre los crímenes cometidos contra españoles por los nazis– y, en materia de tasas judiciales, el único compromiso es cumplir la sentencia del Constitucional que anuló parte de la reforma del PP.

En materia educativa, se promete "impulsar un pacto nacional por la educación" y crear para ello una "subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que permita la elaboración de un acuerdo en el plazo de seis meses". Hasta que haya nueva ley se mantendrá la LOMCE vigente, conocida como Ley Wert, si bien se detendrá su calendario de implantación, de modo que no entrarán en vigor los preceptos que aún no se estén aplicando. Sobre la cultura, únicamente se rebajará el IVA del 21% impuesto por el Gobierno del PP al 10% a "los espectáculos en directo". Los conservadores prometieron en la campaña del 20D devolver el impuesto al nivel del 10% con carácter general cuando la economía lo permitiera.

Las medidas que desaparecen

Pero, además de permitir que muchas de las normas más polémicas aprobadas por Rajoy se mantengan o sufran únicamente retoques cosméticos o en diferido, el pacto suscrito con Ciudadanos también olvida la práctica totalidad de las reformas con tinte progresista que sí se incluyeron en el texto rubricado por Rivera y el PSOE en la legislatura fallida. Entre las medidas a las que mayor importancia confirieron los socialistas, por ejemplo, ha desaparecido toda referencia al ingreso mínimo vital, que se planteó en la pasada legislatura como una nueva prestación no contributiva para las familias que carecen de todo ingreso. 

Del texto ha desaparecido asimismo el compromiso de incrementar el salario mínimo "al menos un 1%" y de "ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo", el programa de ayudas para que el alumnado que haya abandonado la universidad por la subida de las tasas vuelva a las aulas, la posibilidad de crear un impuesto sobre las grandes fortunas "para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario" y la idea de configurar los impuestos especiales como "unos auténticos impuestos medioambientales", de modo que, por ejemplo, se eliminara el impuesto de matriculación de los vehículos y se sustituyera por un gravamen a las emisiones de dióxido de carbono y de nitrógeno.

Otro capítulo con importantes recortes es el dedicado a los derechos y libertades. El pacto que Rajoy empleará para defender su reelección no incluye la ley de igualdad de trato y no discriminación por "nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad u otra condición" que sí pacto Rivera con Sánchez. El partido naranja, a diferencia de lo que ocurrió en febrero, ha aceptado igualmente dejar fuera del texto cualquier referencia a la Ley del Aborto: en febrero Ciudadanos reafirmó su defensa de la ley de plazos y ahora, en el texto cerrado con el PP –que mantiene un recurso en el Tribunal Constitucional precisamente contra esa norma– no aparece ninguna mención.

Olvidadas han quedado igualmente las menciones de la formación de Rivera a la maternidad subrogada y su compromiso con la aprobación de una ley de libertad religiosa y con la revisión del concordato. Ninguna referencia hay tampoco en las 150 medidas presentadas este domingo a la adopción de medidas en favor de los perseguidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, a diferencia de lo que ocurría en pacto con el PSOE; ni a la ley de bienestar animal para "impedir situaciones de maltrato animal en los espectáculos públicos y festejos". Ciudadanos también ha dejado de incluir en esta ocasión la derogación de la prisión permanente revisable, del artículo 315.3 del Código Penal –que contempla penas de cárcel para integrantes de piquetes informativos– y la revisión de las penas contra delitos que afectan al conjunto de la sociedad, tales como los delitos contra la Hacienda, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.

Y, sobre todo, habida cuenta de que la formación de Rivera se ha presentado en numerosas ocasiones bajo la bandera de la regeneración institucional y la transparencia, destaca el elevado número de propuestas en estas materias que sí suscribió en febrero con el PSOE y de las que, ahora, no queda ni rastro. En ese listado figura la implantación de primarias en los partidos para elecciones locales, autonómicas y a Cortes Generales; la vinculación de la financiación de los partidos a su nivel de democracia interna; la obligación de que las formaciones informen trimestralmente al Tribunal de Cuentas sobre las aportaciones privadas recibidas, los créditos pedidos y las deudas renegociadas; y la responsabilidad patrimonial de los partidos que se hayan financiado ilegalmente.

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También la idea de elevar de cinco a diez años el periodo mínimo de servicio que los funcionarios deben cumplir para pasar a situación de excedencia, revisar la regulación de los delitos contra la administración pública –prevaricación, violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraudes– para hacer las condenas más duras; tipificar la figura del testaferro y revisar el delito de financiación ilegal de los partidos, tipificando además la manipulación de las cuentas de las formaciones como delito.

Igualmente, en materia institucional, se ha evaporado el compromiso de reformar la Constitución –"vamos a estudiar la posibilidad de reformarla, lo que no quiere decir que vayamos a reformarla", dijo Rajoy este domingo–, al igual que la reforma urgente que sí pactaron PSOE y Ciudadanos, y que incluía elementos como la reducción a la mitad de las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular y la supresión de las diputaciones.

Otras medidas que desaparecen son el "cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil" que acordaron Sánchez y Rivera –la apuesta ahora es un "pacto de Estado por la Energía", sin más detalles–, la creación de un "fondo verde para la transición energética", la inembargabilidad de la vivienda habitual a las familias de emprendedores con dificultades –ahora únicamente se contempla para ellos la dación en pago y el derecho a permanecer en la vivienda hasta tres años a cambio de un alquiler de hasta el 30% de sus ingresos–, y el "nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas" que, entre otros elementos, reforzaba el papel de la Junta de Accionistas y obligaba a que los comités de auditoría y remuneraciones –donde se deciden las retribuciones de los altos cargos– estuvieran presididos por "consejeros realmente independientes".