Técnicos de Hacienda advierten de que una revisión de la amnistía fiscal es “prácticamente inviable”

"Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria". Así reza el punto seis del acuerdo entre PP y Ciudadanos [consultar aquí el documento con las 150 medidas], que busca, junto a otras reformas similares, hacer efectiva e inmediata la lucha contra el fraude fiscal. 

La medida se refiere a la amnistía fiscal elaborada hace hoy cuatro años por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que buscaba recaudar 2.500 millones mediante la implantación de un gravamen especial a las rentas no declaradas. Esto permitiría una regularización extraordinaria de capitales, previo pago del 10% del importe de los bienes aflorados.

Sin embargo, el balance a enero de 2013 dejaba las pretensiones de Montoro en un cajón bajo llave. La recaudación, según el propio ministro, fue de 1.200 millones de euros, menos de la mitad del objetivo inicial. Según los datos de entonces, los bienes aflorados fueron 40.000 millones, de modo que el gravamen aplicado pasó de un teórico 10% a una media del 3%, debido a que Hacienda flexibilizó las condiciones para que los evasores se acogieran al proceso de regularización.

Ahora, una de las medidas pactadas por PP y Ciudadanos recae directamente sobre los efectos de la amnistía fiscal del 2012. Se trata de un punto incluido en el apartado "lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales". En él, se promete regresar a los términos iniciales y hacer que los beneficiados de la regularización cumplan con el 10% fijado por la norma.

"Difícil encaje jurídico"

El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, explica en declaraciones a infoLibre que la medida estaba contemplada con anterioridad en el pacto entre PSOE y Ciudadanos, por lo que el sindicato ya en su día trasladó a ambos partidos su preocupación al respecto. Tras el acuerdo fallido entre socialistas y la formación de Albert Rivera, la intención de revisar la amnistía fiscal e imponer el 10% a los defraudadores vuelve a estar sobre la mesa de negociaciones.

No obstante, la efectividad de esta medida no está, según los expertos, completamente garantizada. Una de las decisiones tomadas entonces por el ministro de Hacienda, fue que la norma únicamente tuviera efecto sobre los bienes que no habían prescrito. Permitía, de este modo, regularizar el dinero negro pagando un 10% del patrimonio, pero dejaba al margen las ganancias anteriores al 2008, que se consideraban prescritas. Como resultado, gran parte de los evasores que se acogieron a la amnistía sólo pagaron una media del 3% de todo lo defraudado.

"Atendiendo al decreto, había que entender que se refería a los bienes que no habían prescrito", señala Cruzado, quien añade que, de seguir adelante la medida, cabrían "muchas posibilidades de que los tribunales la echaran abajo". Además, tal y como interpreta el presidente de los técnicos, se trata esencialmente de un problema de seguridad jurídica, puesto que "los defraudadores acataron unas condiciones", de modo que revertir esas cláusulas sería de "difícil encaje jurídico".

La puesta en marcha del punto seis del pacto es, a juicio de Cruzado, "prácticamente inviable", aunque, admite, "no parece haber mucha intención" de llevarlo a cabo. El técnico se refiere al final del acuerdo: "Dentro de los límites de la normativa tributaria". Este último matiz evidencia que "el PP no lo debe tener muy claro, porque en el punto ya están poniendo esa venda", considera Cruzado. Además, continúa, los datos económicos ofrecidos por ambos partidos hablan de recuperar 1.000 millones en 2017 gracias a esta y otras medidas, cantidad que "está muy lejos de los 2.800 millones de euros que dejaron de ingresarse por cantidades que se consideraron prescritas.

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Vías alternativas en la lucha contra el fraude

El sindicato de técnicos se mantiene firme en su postura crítica frente a la amnistía fiscal del 2012, "pero una vez llevada a cabo, es complicado" dar marcha atrás, señala Carlos Cruzado. El presidente del colectivo insiste, sin embargo, en la existencia de otras herramientas para combatir el fraude en el fisco. "Planteamos que se revisen las declaraciones a efectos de comprobar la licitud del origen de los fondos", y se examine, de esta forma, "si el origen es o no delictivo". Cruzado asegura "que eso se puede y se debería investigar".

Algunas de las figuras más controvertidas que se acogieron a la amnistía fueron Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del exministro Miguel Arias Cañete, mientras éste se encontraba en el Gobierno, así como parte de las personas y sociedades que se encuentran en los papeles de Panamá, al menos siete investigados por blanqueo en el marco de la operación Púnica, y nombres vinculados al PP como Rodrigo Rato, Francisco Granados o Luis Bárcenas.