Las causas judiciales y las denuncias relacionadas con la corrupción siguieron aumentando en 2015

La actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada no deja de aumentar. Según los datos recogidos en la Memoria Judicial de 2015, publicada por la Fiscalía General del Estado este martes, Anticorrupción mantenía el año pasado 371 causas judiciales abiertas, 31 más que el año anterior, 2014, en el que el Ministerio Público tramitaba 340.

Los procedimientos que se mantienen abiertos se remontan hasta 1993, año de incoación de las dos primeras causas que en 2015 seguían en trámite. Hasta 2006 se mantenía un ritmo constante en la resolución de las causas pendientes, algo que se debe, sobre todo, al notable incremento de procedimientos que se comienzan a tramitar a partir de ese año, un volumen que ha aumentado cada año.

Fuente: Fiscalía General del Estado;

En la práctica totalidad de las causas correspondientes al período 1993-2000 han sido sentenciadas 32 de 34. En los correspondientes al año 2001, ha recaído sentencia en las dos terceras partes, con siete de nueve procedimientos resueltos; en los del 2002, con cinco causas incoadas, se ha dictado sentencia en tres de ellas, sucediendo prácticamente lo mismo en los del año 2003 (3 sobre 6). En el 2004 se dictó sentencia en los dos procedimientos abiertos.

El 2005 se cerró con 11 causas sentenciadas de 16 abiertas. Es a partir del 2006 cuando comienza a descender de forma notable tal proporción, siendo mayoritarios los procedimientos no sentenciados, aunque se vaya incrementando el número respecto al ejercicio anterior: en el año 2006, 12 sobre 44; en el 2007, cinco sobre 18; en el año 2008, ocho sobre 23; en 2009, dos sobre 16; cinco sobre 28 en el 2010; y en el año 2012, cuatro de 29 procedimientos fueron sentenciados, no habiendo recaído sentencia en ninguno de los procedimientos posteriores.

Respecto a los delitos que constituyen el objeto de estas causas, 60 se siguen por estafa o apropiación indebida, dos por corrupción en el deporte, 102 por delito contra la Hacienda Pública, 45 por falsedad documental, 161 por delitos contra la Administración Pública, 31 por delito contra la ordenación del territorio, 15 por delito de fraude de subvenciones, 98 por blanqueo de capitales, 29 por delito societario, 36 por delito de asociación ilícita y ocho por delitos contra el mercado y los consumidores, principalmente, por el delito de información privilegiada. La suma de estas cifras es mayor que el número total de causas abiertas porque algunos procedimientos se siguen por uno o más de los delitos recogidos por la Memoria Judicial. 

Respecto a los órganos judiciales que siguen las causas, la Audiencia Nacional, tribunal especializado en este tipo de delitos, se encarga de 144, mientras que los procedimientos restantes pertenecen a juzgados y tribunales autonómicos. Andalucía, con 77 causas abiertas en 2015, es la comunidad con más procedimientos en trámite, seguida por la Comunidad de Madrid (37), Cataluña (37), Islas Baleares (27, principalmente en Palma de Mallorca) y la Comunitat Valenciana (25). 

También aumentaron en 2015 los registros de entrada presentados ante la Fiscalía Anticorrupción respecto al año anterior, con un total de 2.405 frente a los 2.163 del año 2014. De estos registros, 621 corresponden a denuncias 

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Las fiscalías provinciales denuncian falta de recursos para luchar contra delitos económicos

La Memoria Judicial de la Fiscalía General del Estado incluye algunos de los preceptos aportados por las memorias de las fiscalías provinciales, entre los que destacan los relativos a los delitos económicos, un asunto que provoca, según lo reflejado en la Memoria, cierto malestar entre algunos fiscales provinciales, debido a la falta de recursos para luchar contra ellos. De esta manera, el documento de la Fiscalía reseña valoraciones como las siguientes: "El Fiscal de Ciudad Real se escandaliza del gran retraso de la mayoría de los asuntos de nuestra competencia. Lo atribuye a la sobrecarga de trabajo de los Juzgados y a la falta de especialización de sus titulares"; "el Fiscal de Castilla y León constata un importante incremento tanto cualitativo como cuantitativo de asuntos".

También destacan las denuncias de fiscales como el de Granada, que lamenta  la "obsoleta estructura de las oficinas de la Fiscalía", o el de Málaga, que resalta la saturación de la Sección, lo que "impide dar respuesta satisfactoria al elevado número de asuntos pendientes". El fiscal de Sevilla también ve con preocupación la "saturación en el trabajo asignado a cada Fiscal", una situación que se agrava, dice "con la reforma del artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal".