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La Audiencia Nacional pide a cuatro comunidades información sobre subvenciones a Ausbanc

  • El juez Abascal acepta así la solicitud de la acusación popular, ya que estima "útil y pertinente"requerir esa documentación
  • Pide a los gobiernos balear, valenciano, gallego, andaluz y a los consistorios sevillano y salmantino toda la información pertinente desde 2004

infoLibre Publicada 07/09/2016 a las 18:33 Actualizada 07/09/2016 a las 19:43    
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La Audiencia Nacional pide a cuatro comunidades información sobre subvenciones a Ausbanc

La Audiencia Nacional pide a cuatro comunidades información sobre subvenciones a Ausbanc

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha extendido la reclamación de información que en junio hizo el magistrado del mismo órgano Santiago Pedraz sobre las subvenciones y convenios otorgadas a Ausbac a las Consejería de Sanidad y Consumo y de Hacienda de Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía, así como a los ayuntamientos de Sevilla y Salamanca, en relación con la investigación por la trama de extorsión y amenazas que la entidad dirigía presuntamente junto a Manos Limpias.

Abascal, que sustituye a Pedraz por sus vacaciones de verano, acepta de este modo la solicitud de la acusación popular, afirmando que resulta "útil y pertinente" requerir la documentación a dichas administraciones para "ampliar la investigación".

Así, dice "completar" la providencia que el 17 de junio hizo el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional en el que ordenó a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad y a las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo y Mujer y Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid poner a disposición de la Policía "toda la información" relativa a ayudas concedidas a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Auscanc Madrid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal queda de este modo autorizada para recabar "cualquier información y documentación complementaria" que consideren de interés para el desarrollo de la investigación.

Abascal pide, al igual que hizo anteriormente Pedraz, que los gobiernos balear, valenciano, andaluz y gallego (además de los consistorios sevillano y salmantino) entreguen a dicha unidad toda la información de ayudas concebidas a Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas desde 2004 hasta la actualidad.

A la Junta de Andalucía se le solicita además información relativa a contratos firmados con el ente público televisivo de la Comunidad y a otra de sus consejerías por su participación en un foro. 

En concreto, al Organismo Rector de la Radio Televisión Pública de la Junta de Andalucía (RTVA) se le exige que aporte a la UDEF la documentación relativa a la compra de programas de televisión o derechos de emisión a las empresas de Luis Pineda. Con ello, pretende determinar si la comprar de dichos espacios televisión o el patrocinio de RTVA "fue conforme a Derecho".
 
También se investiga la participación de la Agencia Andaluza de Energía en el 'XI Foro de la Asociación de Usuarios de Bancos Ausbanc', ya que se sospecha que esta pudo realizarse con un carácter de patrocinio. Se le justifica de este modo documentación sobre la cantidad desembolsada para la celebración de este acto. 

El exdirector de comunicación de Caja Madrid, Juan Astoriqui, ya había apuntado con anterioridad a la buena relación que Pineda mantenía con miembros del PP.


Pedraz investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" contra las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas (encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas) a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.

Además de recibir dinero de subvenciones públicas y cuotas de socios, Ausbanc llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras.

Ciertos investigadores no descartan la posibilidad de que la actividad de Pineda se extendiera al extranjero, y concretamente a países como Reino Unido, Colombia, Venezuela o Estados Unidos, ya que  han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.

Pedraz no duda en considerar a Pineda responsable de delitos de estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a una organización criminal; atribuyendo también estos tres últimos a Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias.








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