Pensiones

Las pensiones y los sueldos de los funcionarios, 'rehenes' del PP para presionar al PSOE

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La convocatoria y celebración de las elecciones el pasado 26 de junio ha forjado un escenario de inestabilidad y un Gobierno en funciones que se mantiene en un limbo ante la dificultad de alcanzar acuerdos que inauguren una nueva legislatura. En el marco de ese rompecabezas político, se abren una serie de interrogantes que condicionan la actuación del jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, y todo su equipo. Una de ellas apunta directamente a la cuestión clave de la revalorización de las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

"Si no hay Gobierno no pueden subirse las pensiones ni los sueldos de funcionarios", decía el vicesecretario Sectorial conservador, Javier Maroto, a finales del pasado julio. 

El PP apuntó, en un primer momento, que la imposibilidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 impedía ambos incrementos. Este primer argumento, sin embargo, quedó inmediatamente invalidado por la hemeroteca. A finales del 2011, tras ganar las elecciones y desbancar al PSOE, los conservadores se toparon con una ausencia de Presupuestos que les llevó a aprobar un real decreto ley con el que congeló el salario de los funcionarios y revalorizó las pensiones en un 1%.

El Gobierno se escuda ahora en que, hace cinco años, el Gobierno de Mariano Rajoy no se encontraba en funciones, a diferencia de la situación actual. A principios de septiembre la vicepresidenta conservadora, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó que se estudiaría "concienzudamente" la subida de las pensiones, mientras que Mariano Rajoy admitió, días después, la existencia de "todas las dudas jurídicas" para revisar las pensiones y los salarios de los funcionarios.

Los principales sindicatos del Estado y la oposición han rebatido los argumentos oficiales y han exigido al Gobierno un paso adelante en la revalorización.

La legislación lo permite

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, explica en conversación con infoLibre que la cuestión tiene que ver con "si el Gobierno puede o no actuar, y mediante qué vía". La respuesta a la primera incógnita es, a juicio de Bravo, clara: "Puede, porque cuenta con la posibilidad de resolver asuntos de trámite siempre que sean de urgente necesidad o interés general", tal y como prevé la ley del Gobierno en su artículo 21. Y lo puede hacer, continúa, "mediante la tramitación de un real decreto ley", figura que considera "muy controvertida", pero que el Gobierno "no ha dudado en usar" en reiteradas ocasiones a lo largo de la última legislatura.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, también admite su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno muestre reparo en la publicación de un real decreto ley al respecto "cuando sí lo hizo en el 2011". Para Barrera, "si algo debe hacer un Gobierno en funciones es garantizar el buen funcionamiento de las estructuras mínimas del Estado".

El sindicato también apoya sus argumentos en el artículo 21 de la ley de Gobierno, concretamente en su tercer apartado. Entiende que la interpretación resultante del mismo es la revalorización "inmediata de las pensiones para el año 2017", fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque dicha revalorización "no es una directriz política, sino un mandato de la Ley General de la Seguridad Social", que obliga a su incremento al comienzo de cada año. En segundo lugar, porque "la autorización de la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas para el año 2017 es una razón de urgencia o interés social".

Además, añade UGT, el artículo 86 de la Constitución española sostiene que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos ley", y que deberán ser "inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los diputados".

Precisamente para garantizar el apoyo de la Cámara, el PSOE ha presentado una proposición no de ley –que ya ha sido respaldada por Podemos– para que el Gobierno en funciones apruebe por decreto ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos. 

Según el grupo socialista, el aumento de las pensiones públicas es "una medida de incuestionable interés general, especialmente tras los cambios introducidos por la ley 23/2013 en el mecanismo de revalorización, que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento". Por este motivo, considera, "la situación del Gobierno en funciones no le impide adoptar medidas para incrementar las pensiones públicas y las retribuciones de los funcionarios", dado que "entre las limitaciones a las facultades del Gobierno en funciones no se encuentra la prohibición de dictar decretos ley".

Aunque el PSOE ha garantizado su apoyo en la Cámara baja para sacar adelante un posible decreto ley, Carlos Bravo señala que, aun con el Parlamento disuelto, el artículo 57 del Reglamento de la Cámara permite que la Diputación Permanente realice la aprobación.

Ante esta disyuntiva, el sindicalista sugiere que podría estar usándose la revalorización para alimentar la presión entre las diferentes fuerzas cuando no hay una mayoría clara. Pese a la sospecha, Bravo confía en que "impere la cordura y se incrementen, aunque sea al 0,25% fijado por la reforma del 2013, en lugar de la subida de en torno al 1% que debería ser la realizada".

Por su parte, UGT muestra también cierto recelo ante los argumentos gubernamentales. "Pensamos que el motivo no son las dudas legales, sino publicar el decreto", señala María del Carmen Barrera, que añade, además, su preocupación por "los rumores sobre lo que quieren hacer con las pensiones". Por ello, reclama, "si tienen otros motivos que lo digan claro".

Tal y como apunta Barrera, el sindicato está, en caso de que la situación se mantenga inamovible, "planteando movilizaciones" porque "este tema no puede quedar así, ya sin entrar en la miserable revalorización de la que se habla", denuncia.

Precedentes similares

Aunque con sus particularidades, lo cierto es que la situación actual no resulta completamente novedosa. Así lo apuntan tanto los sindicatos como el grupo socialista, quienes repasan, en primer lugar, las cuatro ocasiones anteriores en las que un Gobierno se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos y, en consecuencia, a dictar decretos ley.

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Tanto en 1983, 1990, 1996 y el 2012, la prórroga presupuestaria vino acompañada por decretos sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, mediante los cuales "se actualizaron previsiones presupuestarias que la simple prórroga automática no hubiera contemplado", apunta el grupo socialista. En los cuatro casos se impulsó mediante esta vía la revalorización de las pensiones, y en todos menos uno –el del 2012– se llevó adelante el incremento retributivo de los funcionarios.

Aunque en ninguno de los escenarios mencionados el Gobierno se encontraba en funciones, sí existen precedentes en la aprobación de reales decretos por parte de un Ejecutivo en dichas condiciones. En 1989, el Gobierno en funciones de Felipe González aprobó uno por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias torrenciales. También González fue quien aprobó, en 1993, un real-decreto sobre la concesión de un crédito extraordinario para atender insuficiencias producidas durante 1991 en el Instituto Nacional de Empleo, en materia de gestación de prestaciones por desempleo. En el mismo año, se impulsó desde el Gobierno socialista otro sobre medidas reguladoras del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza. El tercer decreto-ley de 1993, aprobado por el presidente en funciones, concedía un crédito extraordinario a RTVE y sus sociedades estatales.

No es necesario, no obstante, remontarse a muchos años atrás para encontrar ejemplos al respecto. El pasado 15 de abril, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy aprobó un real decreto ley por el que prorrogaba un año el Programa de Activación para el Empleo.

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