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CORRUPCIÓN EN EL PP

El PP recusa a la jueza que le procesó por los ordenadores de Bárcenas

  • Los conservadores aseguran que Rosa María Freire tiene evidentes vínculos con el PSOE, lo que "compromete seriamente la apariencia de imparcialidad"
  • Afirman que el procedimiento contra el PP y algunas personas vinculadas por el borrado de discos duros de Bárcenas es "un arma política que trasciende del plano meramente jurídico"

infoLibre Publicada 14/09/2016 a las 19:36 Actualizada 14/09/2016 a las 20:33    
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Imagen del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Imagen del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

E.P.
El PP solicitó a la jueza Rosa María Freire, que procesó el pasado mes de julio al partido, a su tesorera Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno y al abogado de la formación Alberto Durán, por el borrado de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas, que se retire de la causa al considerar que es un "eficaz instrumento" del PSOE, según informó Europa Press.

La defensa del PP instó esta recusación al dudar de su imparcialidad, ya que, en su opinión, existe un "interés directo o indirecto" en el pleito y se ampara en el apartado décimo del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"No deja de ser significativo a estos efectos que haya sido precisamente la recusada quien ha dirigido por primera vez en España la acción penal contra un partido político lo cual (...) produce un rédito político indiscutible para el PSOE, con el que mantiene una vinculación", añadió Durán en el escrito.

Argumenta que la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid fue propuesta por el exdiputado socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, para sustituir a Javier Gómez Bermúdez en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. En este escrito de 16 páginas, Durán subrayó que existe una "evidente relación" entre ambos dos, ya que "coinciden regularmente en distintos eventos y ponencias".

También señaló que el PSOE la designó como ponente en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que se debatió la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya intervención fue "extraordinariamente crítica con el proyecto de reforma" del PP.

En este sentido, para la defensa del PP estas relaciones con el PSOE "comprometen seriamente la apariencia de imparcialidad" que, a su juicio, un juez debe tener. Según dice el escrito "un observador independiente" no consideraría imparcial –y "precisamente en el momento político en el que nos encontramos", apunta– que el magistrado que interviene en un procedimiento contra una formación haya acudido al Parlamento "a propuesta de su principal adversario político".

Asimismo, ironizaron sobre la coincidencia de que el PSOE haya elegido a la recusada para este debate de "entre todos los expertos que puedan existir en España en Derecho Penal" y lo calificaron de "acción política", ya que su participación sería "indudablemente favorable a sus intereses políticos".

De hecho, continúa diciendo que el procedimiento contra el PP y algunas personas vinculadas por el borrado de discos duros de Bárcenas es "un arma política que trasciende del plano meramente jurídico" e insta a dudar de la "ausencia de interés" de Freire en la causa, al entender que la juez instructora es un "eficaz instrumento de la acción política del PSOE".

Similitudes con la recusación de Espejel y López

Además, el escrito apunta que esta recusación es similar a los autos dictados por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los que apartó a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López de varias piezas del caso Gürtel por su vinculación con el PP.

A su parecer, es "difícil de comprender para la ciudadanía" que estos dos magistrados fuesen apartados por haber sido propuestos por los conservadores para ocupar un cargo de vocal en el CGPJ, y que no se tome la misma decisión con Freire, que fue propuesta para una vacante en la Audiencia Nacional por los socialistas y los mismos la llamaron para "emitir una opinión desfavorable de una ley".

No obstante, la defensa del PP aseguró que todos estos argumentos no son "reproches de ninguna clase", ni a la competencia, ni a la profesionalidad, ni a la orientación política de Freire; pero entiende que es "discutible" su idoneidad para ser la instructora de este procedimiento.

Del mismo modo, subrayó que con este escrito no trata de hacer una valoración de la "evidente" rivalidad entre el PP y PSOE en el actual "momento de inestabilidad política, con un gobierno en funciones y ante un potencial escenario de terceras elecciones generales". Y, enfatizó, tampoco entra a valorar la idoneidad del sistema de nombramientos de vocales del CGPJ ni impugnando la conveniencia de que jueces y tribunales "acudan a llamada" de los partidos políticos para participar en debates parlamentarios.

La instrucción se concluyó en julio

Rosa María Freire concluyó el pasado mes de julio la instrucción y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". El procesamiento fue recurrido por el PP y la Fiscalía en reforma a principios de verano.

Bárcenas dio este lunes instrucciones a su abogado, Francisco Maroto, para apartarse de este procedimiento, alegando motivos económicos para justificar su retirada de la acusación. En la actualidad tiene una quincena de pleitos, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes. El extesorero solicitó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 10.000 euros de sus cuentas para hacer frente a los gastos de su equipo jurídico.

Sin embargo, en la causa de los ordenadores ejercen la acusación otras partes, como la Asociación Libre de Abogados (ALA) o Izquierda Unida, lo que garantiza su continuidad.
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