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Caso ERE

Por qué Griñán puede ir a la cárcel y pagar hasta 42 millones pero Chaves sale casi indemne

Anticorrupción avala el auto en el que el juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán

Un total de 23 años de presidencia de la Junta de Andalucía se sentarán en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado formalmente, en su escrito de acusación entregado este jueves al juzgado 6 de Sevilla, a los socialistas Manuel Chaves (71 años) y José Antonio Griñán (70) como responsables penales del fraude de los ERE, que supuestamente permitió el reparto sin control de cientos de millones de euros en ayudas –855, según el juez instructor– entre 2000 y 2011. Ni en la gravedad de las acusaciones ni en la dureza de las penas solicitadas están Chaves y Griñán, viejos amigos hoy distanciados, al mismo nivel. La Fiscalía es mucho más dura con Griñán que con su antecesor en el cargo.

Griñán se expone a la cárcel y la ruina, si la petición de pena de la Fiscalía se cumple en sus términos más severos. La condena de Chaves, en el peor de los casos para él, no tendrá consecuencias prácticas. El Ministerio Público reclama para Chaves diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Si fuera condenado, tendría consecuencias políticas: el legado del histórico Chaves se ensombrecería con el epílogo de una condena. Pero, a efectos reales, en poco afectaría ya una "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años" a un jubilado que dimitió como diputado en 2015 y se dio de baja del PSOE en junio, tras el duro auto del juez Álvaro Martín que ponía fin a la instrucción de la conocida como pieza política de los ERE.

Griñán, que también dimitió como senador y se dio de baja del PSOE, tiene un panorama mucho más oscuro por delante. Anticorrupción no lo acusa sólo de prevaricación, sino también de malversación, al igual que hacía el juez Martín y en contra del criterio del Tribunal Supremo, que instruyó el caso cuando Chaves y Griñán aún eran aforados. Ello implica que la solicitud de condena es de seis años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años.

La pieza política del caso de los ERE acumula 26 acusados. Chaves, Griñán, seis ex consejeros, cinco ex viceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. Entre los ex consejeros imputados hay figuras políticas tan relevantes como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o José Antonio Viera.

26 por prevaricación, 18 de ellos por malversación

Sobre todos ellos (los 26) pesa la acusación de prevaricación continuada y la petición de diez años de inhabilitación. Pero sólo sobre 18 recae además la acusación de malversación.

No están entre ellos los ex consejeros Zarrías y Álvarez. Pero sí Griñán y los ex consejeros Viera, Vallejo, Martínez Aguayo (mano derecha de Griñán desde su etapa como consejero de Economía) y Antonio Fernández. También se encuentra en esta nómina Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de 1999 a 2008, supuestamente el encargado de concretar la negociación de las ayudas irregulares, que contaba con amplio margen de discrecionalidad, según las investigaciones.

A Griñán le tocaría pagar más de 40 millones

La Fiscalía, en su escrito de acusación, establece que estos 18 deberán "responder solidariamente (es decir, pagar) de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", el conocido como "fondo de reptiles" desde donde salían irregularmente las ayudas. El Ministerio Público especifica año a año esta cantidad entre 2001 y 2010. El montante total es de casi 741,6 millones.

En cada año, la Fiscalía especifica qué acusados son los que deben responder solidariamente de qué cantidad. Griñán aparece como responsable en cinco anualidades, de 2005 a 2010, ambas inclusive. La cuantía total asciende a casi 484 millones de euros. A criterio de la Fiscalía, unos años han de responder entre 11, otros entre 12 y otros entre 13. En total, a Griñán le correspondería pagar 42,14 millones de euros. No obstante, especifica el Ministerio Público, de ahí habría que restar "en trámite de ejecución" las cantidades recuperadas por la Junta de Andalucía, el Tribunal de Cuentas y los tribunales.

Permitir el lucro de terceros

Griñán no está acusado por el juez de lucrarse, sino de permitir el lucro de terceros. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según el juez Martín. Sólo serían necesarias cuatro premisas: que el agente sea un funcionario público; que tenga la posesión de los caudales o una facultad de decisión jurídica sobre los mismos; que los caudales sean públicos; que la conducta consista, con ánimo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro sustraiga" tales caudales. Según el juez, en Griñán se dan estos cuatro requisitos.

Su último auto, de junio, describe una acción concertada de todos los investigados, supuestamente implicados en una amplia trama que mantuvo su funcionamiento a lo largo de más de una década, una tesis que comparte con la anterior jueza instructora, Mercedes Alaya. Pero Martín sitúa un hito fundamental que eleva la responsabilidad penal de Griñán (y de otros 17, al igual que hace la Fiscalía) por encima de la prevaricación. Este hito es el Informe Adicional al Informe Definitivo de Auditoría de Cumplimiento del Ejercicio 2003, conocido en 2005, que concluía que el sistema de concesión de subvenciones prescindía del procedimiento legal.

"Hasta ese momento", escribía Martín en su auto, "todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del 'procedimiento específico' (el sistema administrativo empleado para el supuesto fraude) podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias. Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad queda descartada de modo absoluto"."Quien decidió proseguir con la praxis lo hizo asumiendo todas sus consecuencias", añadía Martín, para quien "no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del 'procedimiento específico', ni su alcance malversador".

Mismo esquema que el juez, pero más rebajado

El escrito de acusación de la Fiscalía se sitúa en un esquema similar al de Martín para el relato de los hechos, si bien su lenguaje es mucho más suave y rebaja las pretensiones de dotar al conjunto de supuestos delitos el carácter de gran trama sistémica. Los 40 folios del escrito de Anticorrupción destacan por su carácter fáctico. Son hechos. Hechos salidos de informes de intervención y auditoría, de actas de reuniones formales de órganos públicos, de normas...

Anticorrupción describe año a año los procedimientos seguidos para el supuesto fraude: el descontrol en el reparto del dinero (que permitía a su vez la inclusión de intrusos en los ERE); la encomienda para que una agencia (primero llamada IFA, luego IDEA) realizara los pagos; la libertad casi total de actuación de Francisco Javier Guerrero; la desatención de las alertas... Y año tras año Anticorrupción atribuye a Chaves (entre otros) hacer o dejar hacer pese al "conocimiento de las deficiencias" puestas de manifiesto en el informe del año anterior.

Griñán llegó cuatro años después

De hecho, los comportamientos supuestamente delictivos de Chaves son anteriores. No en vano, cuando comienzan las presuntas irregularidades, en 2000, Griñán ni siquiera es miembro del Gobierno andaluz. Se incorporó en 2004. Pero resulta que es muy poco después, relata la Fiscalía, cuando se produce el punto de inflexión. Concretamente en 2015.

Aparte de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y del ex director de trabajo Francisco Javier Guerrero, la Fiscalía cree que desde ese año estuvieron en pleno conocimiento no sólo de deficiencias, sino de hechos delictivos que podían tener consecuencias lesivas para el erario público, tanto Griñán como Martínez Aguayo y Vallejo. ¿Por qué? "Tuvieron conocimiento de las conclusiones de la Intervención andaluza", según la Fiscalía, a partir de la comunicación del informe adicional de ayudas de 2003, firmado en 2005 "y cuyas conclusiones fueron repitiéndose en los sucesivos informes de la Intervención de las cuentas anuales de IDEA de los ejercicios siguientes".

"La gravedad de la situación creada"

Al igual que el juez, Anticorrupción ubica en el conocimiento de un informe revelador sobre las irregularidades cometidas el punto de inflexión que desplaza la responsabilidad penal desde la prevaricación hasta la malversación. Según la Fiscalía, Griñán conoció entonces "las consecuencias de la gestión de los fondos del programa 31 L que ya han sido descritas". La Fiscalía escribe además en su acusación: "La gravedad de la situación creada como consecuencia directa y necesaria de la gestión presupuestaria del programa 31 L (el conocido como fondo de reptiles) mediante la utilización de las transferencias de financiación al IFA-IDEA y las actuaciones que se llevaron a cabo por los encausados reseñados de la Consejería de Empleo necesariamente debieron ser conocidas por los encausados Sr Griñán Martínez", entre otros. No dice tal cosa de Chaves. Esa referencia al conocimiento de la "gravedad" de los hechos es para Griñán, no para su sucesor.

No obstante, la Fiscalía no sitúa a Griñán en el escalón más alto de responsabilidad. Si la horquilla para el delito de malversación está entre cuatro y ocho años, para el ex presidente pide seis, al igual que para otros cinco encausados, entre ellos Carmen Martínez Aguayo. En cambio para los ex consejeros Viera, Fernández y Vallejo y para otros nueve acusados pide el máximo, ocho años de prisión.

La posición de la defensa

En el recurso al auto del juez Martín, la defensa de Griñán alegaba que la Consejería de Economía y Hacienda no conocía el procedimiento por el que se elaboraba el presupuesto de Empleo, y que la tarea de comprobar su legalidad no era suya, sino del interventor. Tampoco tenía, señalaba el recurso, "competencia para ordenar los gastos y para adjudicar las subvenciones", mucho menos para "manipular el presupuesto".

El ex presidente no sólo negaba la malversación, sino que subrayaba en su alegación que el artículo del Código Penal que se le aplica ya ha sido "derogado" por la reforma de 2015, algo que por otra parte Martín no oculta en su auto. Es decir, Griñán subraya que la vigente formulación legal del delito de malversación de caudales públicos no sólo excluye formalmente la antigua forma de "consentimiento de que otro sustraiga", sino que no abre posibilidad alguna de recuperarla "ni siquiera acudiendo a una interpretación libre del derecho".

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Críticas del PSOE por la coincidencia con el 'caso Barberá'

Queda por delante batalla jurídica. Y política, por supuesto. La oposición se mostró dura con el PSOE y con su actual líder, Susana Díaz. El PP le exigió que "pida perdón a los andaluces". Podemos describió "una corrupción masiva en un sistema podrido". IU recordó el padrinazgo político de Chaves y, fundamentalmente, Griñán sobre la actual presidenta.

El PSOE, por su parte, emitió un comunicado en el que defendía la inocencia de los dos ex presidentes (también ex ministros y ex presidentes del partido) y criticó la fecha elegida por la Fiscalía para hacer público el escrito de acusación, en referencia al caso Barberá. Concretamente, el PSOE expresó su "sorpresa" por el día elegido.

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