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Corrupción

La expresidenta del Parlament balear confiesa haber cobrado parte del soborno de cuatro millones por Can Domenge

  • Antònia Munar habría recibido esta suma de la promotora Sacresa a cambio de ser adjudicados a esta empresa los terrenos palmesanos de Can Domenge
  • La exdirigente histórica de Unió Mallorquina era la única de los cinco acusados de esta causa que, hasta el momento, no había reconocido los hechos

infoLibre Publicada 03/10/2016 a las 13:57 Actualizada 03/10/2016 a las 14:20    
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Maria Antònia Munar, ex presidenta del Parlament balear.

Maria Antònia Munar, ex presidenta del Parlament balear.

EFE
La expresidenta del Parlament Maria Antònia Munar confesó haber cobrado parte del soborno de cuatro millones de euros que junto a otros dos exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) habría recibido de la promotora Sacresa a cambio de ser adjudicados a esta empresa los terrenos palmesanos de Can Domenge.

Así lo dio a conocer su abogado, José Antonio Choclán, al inicio del juicio que por estos hechos se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. La acusada ingresó además un total de 150.000 euros y la Fiscalía Anticorrupción pide así que se le aplique, además de la atenuante de confesión, la de reparación parcial del daño. También reclama que se tenga en cuenta la de dilaciones indebidas.

La exdirigente histórica de Unió Mallorquina era la única de los cinco acusados de esta causa que, hasta el momento, no había reconocido los hechos, motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción y el Consell de Mallorca, personado como acusación particular, reclamaban inicialmente cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la acusada por un delito de cohecho pasivo.

Las acusaciones también se dirigen contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal –para quien la Fiscalía reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros–; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens –un año y medio de prisión y una multa de dos millones–; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs –pago de 8.100 euros en multas–, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja –63.750 euros en multas–.

Del mismo modo, el fiscal Juan Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva –los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs–.

La expresidenta de la extinta UM –la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas– solicitaba inicialmente su libre absolución al negar haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue "completamente ajena".

Tal y como confesaron todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.

Dinero transportado en una bolsa

Los tres altos cargos, quienes además integraban entonces la cúpula de UM, reclamaron que la empresa les pagara dos millones de euros antes de la adjudicación y otros dos millones antes de la firma definitiva del contrato. Sanahúja, como responsable de Sacresa, "cedió a las exigencias" para poder hacerse con el expediente y realizó las gestiones oportunas para que la cantidad fuese entregada, tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

En concreto, el dinero fue transportado en una bolsa y en las dos entregas fue recogido por Miquel Llinàs, amigo personal de Vicens. Posteriormente, Llinàs se lo dio a éste, quien lo repartía entre Nadal, Munar y él mismo. Una parte de los cuatro millones de euros, según el escrito, fueron utilizados en beneficio de UM.


Cabe recordar que fue el propio Vicens quien confesó que tanto Munar como Nadal, él mismo y la propia UM percibieron esta cantidad por la venta irregular de los solares. El exconseller entregó asimismo ante la Audiencia hasta un total de 160.000 euros del cohecho, lo que junto a su escrito de confesión llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia por estos hechos y a registrar las viviendas de Munar y Nadal sin que en ellas se hallase rastro del dinero que presuntamente cobraron por el amaño del proceso.

A la confesión sobre el presunto cohecho por parte de Vicens se sumó, justo un día antes de la fecha en que estaba fijado el inicio del juicio por la adjudicación de los terrenos, tras más de seis años de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, la del propietario de Sacresa, quien reconoció que pagó el soborno a cambio de que se empresa resultase beneficiaria.

Y ello, aseveraba, tras acceder a la exigencia del dinero por parte de Nadal, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Can Domenge y a otros seis años y tres meses por otras dos causas de corrupción.

Según la versión de Sanahúja, Nadal habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor. La defensa de Sanahúja apuntaba que el exvicepresidente insular contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor oferta.

Munar, condenada a seis años de cárcel 

Una vez celebrado el juicio por la adjudicación de los terrenos, con un total de seis acusados en el banquillo, Munar fue condenada a seis años de prisión, mientras que también fueron sentenciados Nadal (cuatro años de prisión), Vicens (ocho meses), el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer (un año), Román Sanahúja (un año) y el letrado externo de esta mercantil Santiago Fiol (un año y medio de prisión).

Un día después de conocerse la sentencia, el 24 de julio de 2013, la Audiencia decretaba el ingreso en prisión provisional de Munar ante el elevado riesgo de que se fugase con los fondos públicos y comisiones que habría obtenido de forma irregular. La exdirigente de UM se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por las pesquisas en torno al presunto cohecho después de que Vicens y Nadal admitieran ante el juez haber cobrado parte del soborno investigado. Era la primera vez que salía de la cárcel.


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