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Corrupción

Los partidos de la oposición se comprometen a impulsar una ley que proteja al denunciante de corrupción

  • La Plataforma X la Honestidad se reunió el martes con todos grupos parlamentarios, excepto el PP y Coalición Canaria, con el fin de promover un anteproyecto de ley que defienda a quienes denuncian corruptelas
  • A la cita estaba invitada la asociación Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio González, defendió la importancia de "perseguir y castigar al corrupto"

Publicada 18/10/2016 a las 15:46 Actualizada 18/10/2016 a las 18:40    
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Encuentro de diputados con la Plataforma X la Honestidad en el Congreso de los Diputados.

Encuentro de diputados con la Plataforma X la Honestidad en el Congreso de los Diputados.

EFE.
La Plataforma X la Honestidad ha convocado este martes a todos los grupos que conforman el arco parlamentario con el objetivo de promover un anteproyecto de ley que proteja al denunciante de corrupción en las instituciones públicas. A la cita han acudido representantes de todos los grupos, excepto del PP, que no ha sido invitado –"al ser un partido imputado por corrupción"–, y Coalición Canaria, único partido que no ha contestado a la invitación. También estuvo presente el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, que defendió la necesidad de "proteger al denunciante y perseguir y castigar al corrupto".

El anteproyecto fue presentado por el portavoz de la plataforma, Pedro Arancón, quien estuvo acompañado por Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel, y Luis Gonzalo Segura, quien denunció casos de corrupción en el seno del Ejército. 

Arancón subrayó que la corrupción "afecta a todos excepto a una minoría" y que, por este motivo, la propuesta no debe corresponder a un partido concreto, sino que debe presentarse de forma conjunta. En este sentido alentó a que 16 diputados de distintos partidos sumaran fuerzas para presentar la iniciativa, para lo que fijó una nueva reunión en el plazo de "una o dos semanas".

Por su parte, Ana Garrido lamentó que la ley "obliga a denunciar un delito de corrupción, pero es una ley que está coja porque no existe otra complementaria" que les garantice protección. Consecuencia de esta situación, resaltó Garrido, "la mayoría no se atreve a denunciar". Para la exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla, los beneficios de impulsar una normativa que ofrezca protección a los denunciantes no sólo acarrea beneficios para el ciudadano, sino que acarrea además una serie de ventajas para los partidos políticos porque supondría "recuperar millones de euros para las arcas del Estado" y por ende "unos presupuestos mucho más amplios para gestionar todas las necesidades".

Luis Gonzalo Segura intervino en el acto apelando "a lo sentimental". "¿Cómo le explico a mi familia que tengo que dormir en un coche por denunciar corrupción?", se preguntó el que fue teniente del Ejército de Tierra, y que espera ahora que el Tribunal Supremo resuelva su solicitud de readmisión. "Somos personas, no merecemos estar abandonados por los políticos y por los medios de comunicación", denunció Segura, tras señalar que actualmente cuenta con 17 procesos judiciales abiertos. Respecto a la ley que propone la plataforma, sostuvo que va "más allá de ideologías" y que "no puede terminar siendo politizada de ninguna manera".

Anteproyecto de ley

La plataforma ha desarrollado un anteproyecto de ley que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios que este martes acudieron a la cita en el Congreso de los Diputados. El texto se basa en los principios de tolerancia cero al acoso laboral, de respeto a la dignidad personal, de confidencialidad y de celeridad, en base a los cuales se busca proteger "a todos los empleados públicos y/o denunciantes de corrupción dentro de la Administración Pública, así como a testigos de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO)".

Los principales objetivos de la iniciativa radican en una protección que garantice el mantenimiento de un puesto de trabajo en la administración del denunciante, que además tendrá que ser respaldado mediante un servicio de asistencia jurídica, psicológica y médica. Además, se contempla la creación de un Observatorio de la Corrupción erigido sobre cinco pillares. En primer lugar, la protección de la información a través de un "servidor de datos soberano" que proteja la información filtrada, seguido por una compensación a quienes realizan dicha comunicación "con unos ingresos que les permitan" cubrir sus necesidades básicas mientras estén abiertos los procedimientos judiciales derivados. Además, deberá contemplan una protección legal para el denunciante, que habitualmente "se convierte en un enemigo del Estado".

En cuarto lugar, apuestan por esquivar la censura mediante la publicación de los datos y análisis al respecto en un sitio web totalmente protegido. Finalmente, el incumplimiento de la ley de protección al denunciante de corrupción estaría penada con una sanción económica a través del Tribunal General de la Unión Europea, además de la inhabilitación para cargo público y una multa a los directivos y políticos que no cumplan la normativa.

Apoyo político


Entre los parlamentarios que intervinieron en el encuentro, el diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión contra la Corrupción, Toni Cantó, aseguró que la protección al denunciante es una de la prioridades que están sobre la mesa de su partido, que trabaja sobre cinco aspectos: la confidencialidad de sus testimonios, la disposición de información y asesoría, el mantenimiento de su puesto laboral, la indemnización por daños, y una protección que salvaguarde sus derechos.

El diputado de Compromís Enric Bataller, por su parte, celebró el "trabajo meritorio amparado por la sociedad" de la plataforma convocante y garantizó el compromiso de su formación "desde el programa electoral". La diputada de ERC Ester Capella apostó por legislar "en beneficio por las personas que tienen la valentía de defender las instituciones" e incidió en la necesidad de un apoyo transversal por parte de todos los partidos para sacar adelante el anteproyecto de ley presentado.

En representación del PSOE, Artemi Rallo señaló que "ya no es el momento de la frasología magnificadora sobre la corrupción", sino "el momento de pasar a las acciones y a los hechos". Así, quiso "reafirmar de forma inequívoca" la voluntad de los socialistas por legislar en este sentido. Apostó por la efectividad del "cauce institucional" generado gracias a la Comisión contra la Corrupción, e isistió en "la pertinencia de un órgano que regule la lucha contra la corrupción".

Juan Pedro Yllanes avaló la intención de Unidos Podemos por "empezar a trabajar, porque ya hay un compromiso unánime". Además, recalcó la prioridad de "judicializar todo el trámite de protección para desvincularlo del poder legislativo y ejecutivo" de cara a una verdadera independencia del proceso. En representación de En Comú Podem habló Jaume Moya, quien también apostó por un "órgano independiente" e incidió en que se trata de una cuestión "especialmente técnica".

La diputada de la antigua CDC, actual Partit Democràtic per Catalunya, Lourdes Ciuró, expresó su indignación por la situación actual de los denunciantes, y aprovechó para censurar que "se persiga a alguien por denunciar corrupción", lo que comparó con que "se persiga a alguien por querer votar", en alusión al proceso contra los organizadores de la consulta sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014. Como respuesta, el portavoz de UPyD Gorka Maneiro –que el 20 de este mes dejará de ser diputado en el Parlamento vasco–, añadió que "las resoluciones judiciales se cumplen, también en Cataluña". Abogó además por "despolitizar la justicia en España" y enfatizó en que "si existe corrupción política existe pobreza, desigualdad y bajada de salarios".

En representación del PNV, el diputado Pedro Azpiazu defendió "ponerse manos a la obra y ponerse a trabajar" en busca de una protección jurídica que pase por la elaboración de "un libro blanco" que trate de analizar la situación para "atinar a la hora de legislar". Por su parte, el parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Ricardo Sixto, no pasó por alto la "importancia de la nueva legislatura y de quién pueda tener el Gobierno en España", al tiempo que reiteró el "apoyo total y absoluto" de su partido.

Finalmente, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, incidió en la necesidad de proteger al denunciante y perseguir y castigar al corrupto", además de poner en marcha otras medidas como el endurecimiento de las penas, el aumento de medios materiales y económicos en la lucha contra la corrupción, la creación de juzgados especializados en delitos económicos, y una mayor formación de los jueces.


2 Comentarios
  • 2 Copito 20/10/16 11:50

    Es penoso que en un estado de derecho, se supone, haya que pedir protección para los que denuncian la corrupción, pero es que es una realidad que su acción suele desembocar en acoso y, perdida de su empleo . Lo mismo que se juegan algunos valientes magistrados por impartir justicia.

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  • 1 irreligionproletaria 19/10/16 15:10

    Pero, ¿que partido democrático, requiere legislar "una Ley" de amparo al delator, como si el Estado de derecho, que comprende la legislación competente a los FFPP. así como las leyes civiles y penales para el desarrollo del comportamiento de absolutamente, todos los ciudadanos del Estado, no fueran suficientemente garantista para ejercer los derechos ciudadanos con una tutela judicial efectiva? Bote pronto, en la imagen, aparte de algún@ cogid@ a lazo para la causa. La foto, la componen quienes consideran "que no se falta a la ética política y que no corresponde exclusión de cargos públicos bordelinde con la trama corrupta que se extiende a gobiernos municipales, autonómicos y nacionales Pperos" ¡Abonando el terreno!...no es nueva la delación al oponente político (de ahí el aforamiento) entre opciones políticas similares, pretéritas.

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