Corrupción

Rato gana tiempo pero no se libra de la investigación sobre los pagos de Bankia a su excuñado

Rodrigo Rato.

Rodrigo Rato ha vuelto a ganar tiempo en la causa por la que un juez de Madrid le investiga por presuntos delitos de corrupción, entre ellos fraude a Hacienda, blanqueo y administración desleal. La Audiencia Provincial acaba de anular la apertura de la pieza referida a los pagos que Bankia hizo a Santiago Alarcó, hermano de la exmujer de Rodrigo Rato.

A lo largo del periodo en que Rato presidió Bankia, Alarcó habría cobrado a razón de 33.000 euros mensuales. Contratarle como asesor resultó "muy beneficioso" para Bankia, adujo en septiembre el antiguo delfín de José María Aznar durante su última declaración judicial.

Pero la nulidad dictada por la Sección 23 de la Audiencia, como explica su propia resolución, no implica el cerrojazo definitivo a esa parte del caso, que es lo que pretendía la defensa del exvicepresidente del Gobierno. Lo que hace la Audiencia en un auto difundido este viernes pero fechado el pasado 3 de octubre es obligar al juez instructor a retrotraerse al momento en que decidió abrir esa pieza separada. ¿Y para qué esa retroacción? Para que si el juez aún considera necesario investigar los pagos de Bankia a Santiago Alarcó ordene la apertura de la nueva pieza pero no con una simple providencia como hizo en mayo sino con una resolución cargada de argumentos -lo que en el argot jurídico se conoce como auto- y en la que analice "todas las circunstancias que la justifiquen". El juez abrió esa pieza con una providencia que se limitaba a dejar constancia de que daba ese paso a la vista del contenido de un determinado informe de la Guardia Civil.

En resumen, la Audiencia declara la nulidad de esa pieza separada porque el "déficit de motivación" a la hora de decidir su apertura implicó en sí mismo "una quiebra de derechos" del imputado. Pero eso no significa que la Sección 23 de la Audiencia madrileña entienda que el exvicepresidente y luego director del FMI está siendo víctima de un proceso inquisitorial. Es decir, de una investigación en la que el juez y el fiscal salen de caza sin indicios previos de delito hasta dar con algún hecho que les permita incriminar al investigado.

La defensa del exvicepresidente del Gobierno lleva meses intentando tumbar cada nuevo paso que da el juez en una causa que, por ejemplo, ya ha dejado al descubierto cómo Bankia aprobó un macrocrédito de 350 millones de euros para un grupo inmobiliario del que su máximo responsable, Rodrigo Rato, era accionista secreto

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Citando varias sentencias del Supremo, la Audiencia madrileña subraya que "inquisitio generalis [lo que coloquialmente se denomina proceso inquisitorial]  allí donde el proceso descansa en una sospecha inicial seria, basada en unos hechos concretos constitutivos de delito grave, y no en una pretendida búsqueda sin más, de posibles hechos que hubiera podido cometer el acusado". 

En este caso, y así lo remarca el auto, "la Sala no está en condiciones de afirmar ni desmentir si nos hallamos ante una desviación del objeto del proceso por su amplitud o falta de relación con los hechos y personas investigadas desde la llamada pieza principal. Y ello dada la falta de motivación de la resolución que acordó la incoación de la pieza".

La nulidad le da oxígeno a Rato como ya ocurrió con otra dictada por la misma sección de la Audiencia madrileña siete días después -el 10 de octubre- pero difundida con anterioridad a la que afecta a Santiago Alarcó. Esa otra nulidad se refiere a la apertura de la pieza referida a las conferencias que reportaron a Rato 1,6 millones de euros desde su salida del FMI en 2007.

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