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Tribunales

La Audiencia investiga por homicidio imprudente al embajador español en Afganistán

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido una querella contra el embajador y el segundo embajador de España en Kabul (Afganistán), Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá Pardel, respectivamente, en relación con la falta de seguridad en la embajada de España en este país, que el 11 de diciembre de 2015 fue objeto de un atentado que acabó con la vida de dos policías españoles.

En un auto, el magistrado acuerda notificar la resolución a los dos querellados y a la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio del Interior por si quiere personarse en defensa de los intereses del Estado desde el inicio de la instrucción, al objeto de no causarle indefensión si se produjera una declaración de responsabilidad civil, tal y como se solicita en la querella por un delito de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa presentada por las familias de las víctimas y por otros siete policías heridos en el atentado.

La resolución del juez resalta las carencias en materia de seguridad desde el inicio de la construcción de la embajada, en el año 2008, que se comunicaron al embajador y al Ministerio de Exteriores. Según la querella, a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, el embajador "nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del cuerpo de seguridad en la materia".

Estaba de vacaciones

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De acuerdo con los hechos denunciados, el 11 de diciembre de 2015, Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y dejó como encargado y máximo responsable de la cancillería a Oriol Solá Pardel, que según la querella no respetó las normas de seguridad. "Más al contrario, ponía contantemente en riesgo la seguridad del edificio”, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas.

Además, en la mañana del 11 de diciembre los servicios secretos franceses alertaron del riesgo de atentado contra la embajada de España, “lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde (alrededor de las 18 horas) un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”, recoge el auto del magistrado.

Estos hechos, a juicio de Pedraz, tienen "una primera apariencia de infracción penal" por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional resulta “evidente” al tratarse de presuntos hechos cometidos por españoles en el extranjero. El juez ha acordado también incorporar a las actuaciones judiciales las diligencias de investigación penal abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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