El equipo de Carmena pide al juez que reabra la investigación sobre la venta de pisos a un fondo buitre

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) acaba de anunciar su adhesión a la solicitud de los afectados para que el juez reabra la investigación penal sobre la venta de 1.860 pisos sociales al fondo buitre Blackstone durante la etapa de Ana Botella. La empresa también se personará en las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas tras el escrito de su fiscal jefe, que cifra en 2,3 millones el quebranto causado por esa operación a la EMVS.

En su escrito, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas recalca cómo Blackstone obtuvo una rebaja de dos millones en el precio de los pisos. Y, como publicó infoLibre, también destapa un hecho sorprendente y que había pasado inadvertido hasta ahora: que Blackstone logró a modo de propina 13 "inmuebles no vinculados" -11 garajes y dos trasteros- sin un solo euro de sobrecoste pese a que la EMVS los valoró en casi 300.000 euros.

La decisión de la EMVS, empresa que preside la concejal Marta Higueras, mano derecha de la alcaldesa Manuela Carmena, se produce después de que los inquilinos afectados por la venta al fondo buitre hayan aportado al juez el escrito del fiscal del Tribunal de Cuentas. El abogado de los inquilinos, José Mariano Benítez de Lugo, considera el escrito crucial para la reapertura del caso por cuanto "confirma las irregularidades" del proceso de venta.

Tanto el PSOE como la asociación de afectados interpusieron querella por la operación Blackstone pero el juez de instrucción número 38 de Madrid archivó provisionalmente el caso en enero de 2015. Nueve meses más tarde, la Audiencia Provincial ratificó el cerrojazo en septiembre de ese año. 

Para entonces no se conocía aún el alud de irregularidades desvelado por la Cámara de Cuentas en su informe sobre la venta de esas viviendas. El informe recibió finalmente el aprobado unánime del pleno del órgano fiscalizador madrileño, donde los consejeros designados a propuesta del PP suman mayoría absoluta. 

Cuando la Audiencia ratificó el archivo provisional de la causa tampoco había arrancado la comisión de investigación impulsada por el Ayuntamiento de Madrid con el boicot expreso y activo del PP.

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La comisión cerró sus trabajos en septiembre con un dictamen demoledor sobre lo sucedido: ni el anterior equipo directivo de la EMVS respetó las normas internas de contratación, ni adjudicó el lote a la mejor oferta económica ni explicó en ningún momento por qué pagó 2,4 millones de euros en concepto de comisión inmobiliaria a una unión temporal de empresas capitaneada por un antiguo directivo de Aguirre Newman, gigante del sector ligado al hermano de Esperanza Aguirre.

El lunes, después de que este diario hubiese publicado cómo Blackstone recibió gratis 11 garajes y dos trasteros "no vinculados" junto con las 1.860 viviendas y sus respectivas plazas de aparcamiento y trasteros "vinculados", Esperanza Aguirre se pronunció sobre el escrito del fiscal del Tribunal de Cuentas. Y lo hizo para decir que ese escrito se basa en un informe, el de la Cámara de Cuentas de Madrid, elaborado por "una socialista que ha puesto 400 tuits contra el PP". 

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se refería a la consejera de la Cámara Mónica Melle. El texto final de su informe obtuvo el aprobado de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas, cinco de los cuales llegaron al cargo aupados por el PP.