El TS decide si reabre el caso contra la senadora y exalcaldesa de Cartagena

Tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunirán en los próximos días para decidir si se reabre por segunda vez el caso Novo Carthago en relación a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar BarreiroPilar Barreiro, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal a infoLibre.

El ponente de esta decisión será Andrés Martínez Arrieta, que junto a los magistrados de la Sala de lo Penal José Manuel Maza Martín y Luciano Varela Castro ya obligaron a reabrir el caso al también magistrado José Ramón Soriano, que hasta en dos ocasiones ha dictado el sobreseimiento libre de las actuaciones.

Sin embargo, la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de nombrar a Maza fiscal general del Estado podría alternar la composición del tribunal que tendrá que decidir en los próximos días sobre el futuro judicial de Pilar Barreiro.

Izquierda Unida y los concejales del PSOE en Cartagena Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba, han recurrido en dos ocasiones las decisiones del magistrado que instruye el caso en el Tribunal Supremo.

Tribunal Superior de Murcia

Por el contrario, la investigación que llevó a cabo el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, mantiene imputados a varios integrantes de los Gobiernos regionales del PP. Este magistrado elevó una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la causa.

En su resolución, el juez apreciaba un posible delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la Sala". Tras la dimisión del último aforado de la causa, en concreto el exconsejero murciano de Agricultura Antonio Cerdá, el magistrado Abadía devolvió la misma al tribunal que inició las pesquisas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, cuya titular es la también magistrada Miriam Marín.

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort Novo Carthago que incluía hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor (Región de Murcia) y donde una parte de los terrenos eran Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase del Tajo-Segura.

Tal y como adelantó La Opinión de Murcia, En la resolución judicial en la que archivaba por segunda vez la acusación contra Barreiro, el instructor desestimó el recurso de reforma que habían presentado las acusaciones populares contra un auto anterior del mismo juez que denegaba la petición de volver a tomar declaración en calidad de investigada a Pilar Barreiro.

"El recurso de reforma se sostiene con el único fin de mantener el proceso penal abierto y pasa tal pretensión por peticionar diligencias que motivadamente se consideraron inútiles, repetitivas e innecesarias", especifica el auto, que concluye que las alegaciones vertidas en soporte del recurso "no han conseguido contrarrestar las razones de este instructor en apoyo de la decisión de sobreseimiento libre" de la causa.

Alonso Conesa

En el auto también se rechaza la pretensión del Ayuntamiento de Cartagena de que el Supremo tomara declaración al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, (imputado en Púnica), con el fin de que explicara "la intermediación y comisión en la adquisición de los terrenos de Novo Carthago" por parte de la empresa Hansa Urbana, asociada a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El magistrado instructor señala que esa testifical "no es necesaria ni pertinente en esta instrucción, porque está imputado y prestó declaración en el Juzgado de Instrucción de Murcia" donde está ahora la causa tras perder la competencia el Tribunal Superior de Justicia, "y no se aporta razonamiento alguno que permita catalogarla como diligencia determinante o decisiva respecto al objeto de esta instrucción", escribe el magistrado.

"Practicadas las diligencias de instrucción se descarta todo vestigio de indicio del delito imputado" a Pilar Barreiro, "ya que toda la tramitación de la modificación del plan urbanístico de Cartagena 113 (la urbanización Novo Carthago) se ha llevado a cabo conforme a las normas establecidas por las disposiciones vigentes en cada fase de tramitación".

infoLibre se ha puesto en contacto con Barreiro, que ha preferido no hacer declaraciones sobre la nueva deliberación de los magistrados sobre su imputación.

Pero el nombre de Pilar Barreiro también ha aparecido en el caso Púnica vinculado al también exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso ConesaJosé Antonio Alonso Conesa, a quién el magistrado Eloy Velasco considera uno de los cabecillas de la trama presuntamente liderada por Francisco Granados.

Alejandro de Pedro

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El imputado Francisco Javier Bueno González confirmó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que él mismo había participado en una reunión con el jefe de gabinete de Pilar Barreiro, en concreto Francisco Ferreño, "en relación a la creación de un diario digital" en Cartagena por parte de su jefe Alejandro de Pedro, el informático de la trama.

"Después de la reunión, por parte de Madiva se activa el plan de medios, se crea el diario digital y se pone en marcha realizando trabajos para Pilar Barreiro y para el Consistorio. Posteriormente, se realiza una segunda reunión donde asiste Pilar Barreiro, Paco Ferreño, Alejandro de Pedro y el declarante, dónde se explica por parte de De Pedro el funcionamiento del plan de medios". Hay una tercera reunión, en la que "estaban interesados en el trabajo de Eico sobre la reputación personal de Pilar Barreiro", especificó el imputado a la Guardia Civil, que considera que esos trabajos iban a ser abonados por el Gobierno murciano.

En uno de sus informes sobre la trama Púnica, los agentes de la UCO resaltaban que había "indicios suficientes" para afirmar que el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la exregidora de Cartagena "se concertaron" con los cabecillas de la red corrupta para cometer un fraude "a través de la contratación pública de la Consejería de Educación y costear los trabajos reputacionales de su titular y de la alcaldesa de Cartagena".