Violencia género

CCOO pide más contratos a víctimas de violencia machista y UGT un permiso retribuido

Las propuestas de CCOO y UGT para el Pacto de Estado contra Violencia de Género.

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CCOO ha reclamado este lunes, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género del próximo 25 de noviembre, que se cumpla la normativa y se contraten a mujeres víctimas de violencia de género para su reinserción y UGT ha pedido un permiso retribuido, similar al que tienen reconocido las empleadas públicas víctimas de violencia de género que se acogen a una excedencia por esta causa.

El sindicato CCOO ha denunciado en el documento Análisis y propuestas para combatir la violencia de género una serie de deficiencias en la aplicación y evaluación de la Ley Integral, que van desde la falta de contratación laboral de víctimas, la escasa detección de casos en la atención sanitaria, la ausencia de formación en igualdad en el sistema educativo o la falta de recursos para la protección policial de las mujeres en riesgo de ser asesinadas.

El documento, que contiene numerosas propuestas, Comisiones Obreras lo enviará al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios para que lo tengan de cara a un posible Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "De fotos y de leyes estamos hartas porque a las mujeres se nos acaba el tiempo, nos matan", ha aseverado la secretaria confederal de la Mujer del sindicato, Ana Herranz, durante la presentación.

En materia laboral, Susana Brunel, de la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, ha indicado que es "mínimo" el número de contratos que se realizan, que "no se hace uso" del derecho que tienen las mujeres a suspender su contrato con derecho a prestación por desempleo y existe "gran dificultad" para que las mujeres puedan acreditarse como víctimas de violencia machista y, sin ella, no pueden acogerse a estos derechos laborales –el 34% de las órdenes de protección solicitadas son rechazadas–.

Por ello, Brunel ha indicado que CCOO plantea la necesidad de elaborar un plan integral que abarque todos estos aspectos laborales, consensuado con el conjunto de las "fuerzas sociales y políticas"; mayor colaboración institucional para difundir estos derechos de las víctimas de violencia machista; indicadores sobre la situación laboral, tanto en los casos de denuncias como en el de las órdenes de protección; impulsar medidas para la contratación y fomento del empleo y publicar los resultados.

En materia sanitaria, Silvia Espinosa, de la Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios de este sindicato, ha lamentado que pese a que las mujeres e hijos víctimas de la violencia machista acuden con frecuencia a los centros de salud, estos se optimizan poco para la detección de posibles casos y ha subrayado que en 2014 se detectaron 20.369 frente a las 127.746 denuncias.

Asimismo, ha dicho que los recortes han socavado la actividad sanitaria, no sólo en la atención a víctimas sino también en la formación de los profesionales en esta materia. Por ello, ha reclamado un atención "integral" con equipos interdisciplinares para la prevención y la asistencia, además del desarrollo de programas de sensibilización del personal del sistema sanitario.

En cuanto a los mecanismos de protección policiales de las mujeres que sufren violencia machista, Begoña Marugán, adjunta de la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, ha subrayado que la "falta de recursos" incide en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), cuyos datos revelan que el número de mujeres en situación de riesgo es "ridículo", ya que de las casi 60 asesinadas "sólo hay entre seis y ocho".

Para hacer frente a esta desprotección, esta organización propone, entre otras medidas, la creación de centros integrales públicos de atención a las víctimas, con equipos interdisciplinares, que cuenten con la participación de cuerpos policiales, jueces y personal de servicios sociales; más juzgados especializados que cuenten con medios materiales y humanos suficientes; asistencia letrada inmediata o seguimiento de los casos.

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También este lunes, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido al Gobierno políticas activas de empleo que faciliten a las víctimas el acceso al mercado de trabajo y a empleos de calidad, así como una mejora de los derechos laborales para las víctimas, en la que prime la protección y no la reducción ni la pérdida de ingresos, y a las empresas "una cultura de tolerancia cero contra la violencia de género".

Antoñanzas ha alertado de que los recortes en materia de empleo y las reformas laborales "han empeorado la situación de las mujeres víctimas de esta violencia" y la advertido también de que el acoso sexual por razón de sexo ha aumentado un 40% y el acoso el acoso laboral por razón de género un 43%.

La vicesecretaria general de UGT ha reclamado un permiso o licencia retribuida por un periodo inferior a dos meses, similar al que tienen reconocido las empleadas públicas víctimas de violencia de género que se acogen a una excedencia por esta causa; medidas para que las ausencias o bajas médicas de estas trabajadoras no computen como absentismo laboral; más campañas de sensibilización y formación en el ámbito laboral; y una norma de carácter internacional en el seno de la OIT, apoyada por el Gobierno de España, que permita combatir la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo.

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