Fulgor y caída de un icono de las políticas del PP

La conmoción producida por la inesperada muerte de Rita Barberá marca literalmente el punto final de una de las personalidades políticas más controvertidas de las últimas décadas. Alcaldesa de Valencia durante 24 años e icono del poder municipal del PP a lo largo de esos cinco lustros, su propio partido acabó apartándola cuando el Tribunal Supremo la citó como investigada-imputada por un caso en apariencia mucho menos relevante que otros que había logrado esquivar con anterioridad: el presunto blanqueo de donaciones ilegales por parte del grupo municipal del PP valenciano mediante la llamada técnica del pitufeo, que permite ocultar el origen de una donación voluminosa gracias a múltiples ingresos individuales de cantidades muy menores. Desde que el Supremo anunció su citación el 13 de septiembre y hasta esta mañana, Barberá se mantuvo oficialmente como senadora del grupo mixto.

Barberá dice que ignoraba “todo absolutamente” de las cuentas y se escuda en sus subordinados

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Detrás quedaban tres casos en los que había logrado sortear la espada de Damocles de la imputación. Esquivó la imputación en el caso Nóos, donde fue su vicealcalde, Alfonso Grau, quien acabó en el banquillo por los contratos que una fundación municipal adjudicó a Iñaki Urdangarin tras las reuniones que la propia Barberá celebró con él y su socio Diego Torres. Logró también evitar comparecer como imputada en el llamado Ritaleaks, caso con el que Compromís la denunció tras encontrar un lote de 466 facturas de "gastos suntuarios" por  278.000 euros que pusieron sobre la mesa el despilfarro en el Ayuntamiento de Valencia y que terminó archivado por la Fiscalía del Supremo. Y se libró en un tercer caso vinculado al incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y por el que la denunciaron un diputado socialista, un activista y un abogado y que igualmente acabó archivado por el Supremo. 

Este lunes, cuando finalmente compareció ante el juez del alto tribunal y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, Barberá reconoció orgullosa -así lo definen fuentes conocedoras de su declaración- que había aportado 1.000 euros al PP para la campaña de 2015. Pero negó tajante que la organización le hubiera devuelto esa cantidad mediante la entrega de dos billetes de 500 euros. Varios testigos que trabajaban en el grupo municipal del PP ya habían declarado en Valencia que se les había solicitado el pago de 1.000 euros bajo promesa de recibir su devolución en metálico. En total, en el caso se investiga a las 50 personas cuyas respectivas aportaciones individuales de 1.000 euros habrían servido para justificar -o blanquear- el origen de 50.000 euros depositados en una de las cuentas del partido.

Quienes asistieron a la declaración aseguran que el único tropiezo de Rita Barberá en su casi hora y media de declaración en el Supremo fue el que sufrió justo al entrar a la sala. A partir de ahí, la exalcaldesa que se había negado a abandonar su escaño en el Senado para no perder el aforamiento ante el alto tribunal reiteró una y otra vez que lo desconocía "todo absolutamente" sobre las cuentas del grupo municipal. Y que se enteró por la prensa de la supuesta recepción de donaciones opacas por más de 245.000 euros entre 2006 y 2011. Con esas palabras, Barberá puso ese día definitiva distancia con su antigua colaboradora de confianza y exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, principal investigada en la causa que instruye un juez de Valencia y que dio origen a su comparecencia ante el Supremo. Se distanció también de quienes habían sido sus escuderos en el organigrama municipal: su exvicealcalde Alfonso Grau y el exportavoz municipal del PP valenciano, y Alfonso Novo. Fueron ellos -declaró- quienes controlaron sucesivamente los ingresos y gastos de campaña en las elecciones de 2011 y 2015.