El PP reabre el debate sobre la 'pena de telediario' tras la repentina muerte de Barberá

La víctima de una "cacería injustificada", una "servidora pública" tratada "injustamente", "linchada" e incluso "condenada a muerte" por los medios de comunicación. Así se refirieron este miércoles varios dirigentes del PP a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pocas horas después de que se certificase su fallecimiento. Y es que la cúpula conservadora afirmó que con Barberá se habían traspasado "todas las fronteras" y denunció que se le había impuesto una "pena de telediario" que contribuyó a acabar con su vida.

"Sería bueno que todos reflexionáramos. Todo tiene un límite", planteó a este respecto el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando. "Cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y ha dicho" de Barberá y "las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y justificación", denunció por su parte el ministro de Justicia, Rafael Catalá. "Queramos o no este fallecimiento abrirá un debate, pertinente además, sobre la situación de los políticos en determinadas circunstancias", sostuvo por su parte el portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, precisamente quien habló de "pena de telediario".

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, también se pronunció al respecto lamentando que Barberá "haya muerto antes de ver archivada la causa abierta contra ella y, con ello, restablecido el buen nombre" que para él "siempre tuvo". Y Celia Villalobos, exvicepresidenta del Congreso de los Diputados, fue más lejos: la exalcaldesa, según ella, fue sometida a una "persecución brutal" por parte de los medios. "La habéis condenado a muerte", sostuvo Villalobos.

Pero, ¿es cierto que existe ese juicio paralelo por parte de los medios de comunicación a dirigentes políticos que aún no han sido condenados? Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política en la Universitat de València, señala que "buena parte de la percepción de los individuos sobre la corrupción y sobre el papel de los políticos en este tipo de casos tienen que ver con cómo se tratan las noticias", pero afirma que "aunque a veces esto puede ir en perjuicio de los imputados, cuando los medios quitan el foco de estos temas o no cumplen su función de fiscalización, la percepción de los ciudadanos también queda condicionada", ya que se les está privando de una información relevante para el ejercicio de sus derechos democráticos.

En términos similares se expresa Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. "Está claro que los medios influyen en la opinión pública cuando sacan a la luz casos de corrupción, y no sólo en el caso de que el implicado sea culpable, porque poner el foco en la corrupción afecta a partidos sensibles a ese tema, como el PP ahora mismo o el PSOE hace 20 años", sostiene el politólogo, que no obstante plantea que "el derecho a la información de los ciudadanos hace deseable" que este tipo de noticias salgan a la luz. "Lo que me parece preocupante es que el tratamiento de las noticias sobre corrupción se haga en forma de trincheras", critica Orriols, que señala que "eso genera que la ciudadanía perciba que este tipo de casos son, básicamente, orquestados para perjudicar a un partido", y eso provoca que no se les dé la suficiente importancia.

"En el caso de Barberá, no hay ni juicio ni mucho menos linchamiento mediático", sostiene por su parte Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que plantea como prueba de sus palabras que "la prensa y su propio partido fueron incapaces de hacerle dimitir" incluso cuando se había producido una "condena" mediática, "no unánime", por "su incompetencia como gestora de equipos de gobierno, todos ellos imputados".

"Si a veces la llamada pena de telediario es injusta, en otros casos es la única pena que tienen los políticos relacionados con casos de corrupción que han sabido ingeniárselas para que su nombre no aparezca en ningún papel y que no pueden ser condenados", sostiene a este respecto Rodríguez Teruel, que afirma que, a su juicio, una posible condena mediática como la que denuncian los dirigentes del PP "es un riesgo, pero es un riesgo mayor que ni siquiera pueda existir esa pena de telediario".

¿Qué exigen los principales partidos?

Sea como fuere, Barberá no dimitió de su cargo como senadora al ser imputada en el caso Taula, si bien se vio obligada a abandonar el PP tras la presión mediática. Rodríguez Teruel ve este tipo de consecuencias como una prueba de que lo que consigue la publicación de noticias sobre corrupción es la asunción de responsabilidades políticas, y pone como ejemplo el caso de Jordi Ausàs, exconsejero de Gobernación de Cataluña entre 2008 y 2010 y antiguo militante de ERC, que fue declarado culpable de un delito de contrabando de tabaco. "Ausàs fue declarado culpable hace un tiempo, pero como ya no era militante de ERC, a nadie le interesó, porque ya había asumido responsabilidades políticas", sostiene el politólogo.

En España, los principales partidos tienen diferentes baremos a la hora de exigir a sus cargos públicos que abandonen sus puestos si se ven envueltos en un caso de corrupción. En este sentido, destaca el pacto que firmaron PP y Ciudadanos para que la formación naranja apoyase a Mariano Rajoy en su investidura como presidente del Gobierno, ya que se hizo precisamente pensando en el caso de Barberá. El acuerdo establece la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial", si bien posteriormente ambos partidos concretaron que esta condición únicamente afectaba a los cargos públicos que se enriquecieran personalmente de forma ilegal o financiaran irregularmente a su partido.

Por su parte, el código ético del PSOE establece que un cargo público socialista imputado por la Justicia debe dimitir en el momento en el que se le abra juicio oral, y señala que "en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido". Podemos, por el contrario, pone el listón en la imputación, ya que sus militantes deben asumir "el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado" en delitos de corrupción o de otra índole.

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La dimisión en España y en otros países

"Lo cierto es que, en España, la dimisión se entiende como la asunción de una culpabilidad", señala a este respecto Orriols, que no obstante señala que en otros países europeos la dimisión de un cargo público no implica, necesariamente, el fin de su carrera política. El politólogo pone como ejemplo el caso de Peter Mandelson, dirigente del Partido Laborista británico, que dimitió no una, sino dos veces de dos puestos diferentes –ministro para Irlanda del Norte y ministro de Comercio– para, posteriormente, ser nombrado comisario europeo del Reino Unido a propuesta de Tony Blair, entonces primer ministro, en julio de 2004.

Sin embargo, esa concepción de la dimisión como el final de la carrera política de un dirigente puede llevar a que, en algunas ocasiones, un político que sea absuelto no recupere su puesto. Es el caso, recuerda Rodríguez Teruel, de Demetrio Madrid, expresidente de la Junta de Castilla y León, que dimitió al ser imputado y cuyo caso posteriormente fue sobreseído, lo que no impidió las duras críticas del entonces líder de la oposición, un joven José María Aznar, que a la postre sería presidente autonómico y del Gobierno.