Cambio climático

Los ecologistas exigen que la ley de cambio climático incluya un plan concreto de reducción de emisiones

Industria en Asturias.

La Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados acordó el pasado miércoles instar al Gobierno a elaborar un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No se queda solo en la mera petición de la intención por parte del Ejecutivo, sino que el texto que ha sido aprobado propone una serie de contenidos que, a juicio de los parlamentarios, tiene que incluir la futura norma.

Según informa Efe, el PP era reticente a incluir en el texto la solicitud de que la ley incluyera, entre otras medidas, objetivos concretos de reducción de emisiones. Tras "varias reuniones improvisadas en el pasillo", recoge la agencia, y una enmienda de Unidos Podemos, una propuesta consensual ha salido adelante.

El objetivo de la ley de cambio climático debe ser, consideran los diputados, concretar el compromiso firmado –pero no ratificado– en el Acuerdo de París. Que no se quede en una declaración de intenciones, sino que se legisle para obligar a los distintos sectores implicados a reducir las emisiones que provocan el efecto invernadero que está calentando a ritmo vertiginoso el planeta. La norma, consideran, debe abordar la mejora de la retención natural de carbono –mediante el buen uso de la tierra–, el impulso a políticas de transporte sostenible, la mejora en la eficiencia energética en multitud de ámbitos y un aspecto que consideran vital, incluido en la enmienda de Unidos Podemos finalmente aceptada: cifras concretas de emisiones que no se pueden sobrepasar. Por el momento, la Comisión Europea, en su última propuesta de reparto de esfuerzos, insta a nuestro país a reducir sus gases contaminantes un 26% con respecto a 2005.

La sociedad civil implicada en la lucha contra el cambio climático, con las asociaciones ecologistas a la cabeza, tiene mucho que decir acerca de qué debe incluir la futura ley de cambio climático, prometida por Rajoy en Marrakech. Los activistas de diferentes organizaciones coinciden en los puntos más esenciales, aunque hay diferencias sutiles en cada reivindicación.

La primera petición es la que Unidos Podemos añadió en la enmienda: una reducción de emisiones cuantificable. El director de Conservación de WWF, Enrique Segovia, pide en nombre de su organización que contaminemos un 55% menos en 2030 en comparación con el año base, 1990, y emisiones 0 en 2050, un objetivo final compartido por empresas como Danone o Iberdrola e implementado ya por países como Reino Unido. La responsable de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, incide en la necesidad de una "contabilización" de los gases de efecto invernadero (GEI) que emitimos y que podemos cortar. Pero advierte: hay que reducir "no solo en los sectores difusos" –transporte, vivienda–. "También hay que exigir al sector eléctrico", que en sus procesos de obtención de energía emite grandes cantidades de dióxido de carbono y de metano a la atmósfera.

En un informe reciente, Amigos de la Tierra apuntaba a los presupuestos de carbono como el eje vertebrador de una futura Ley de Cambio Climático. Un presupuesto de carbono es, explican, un "límite de emisiones establecido que se puede emitir en un determinado periodo de tiempo, bien para la totalidad de la economía o bien por un grupo de actividades, sectores o entidades territoriales". La organización propone tomar la propuesta de la Comisión Europea como objetivo y plantear metas a cumplir a medio camino, no solo para el conjunto del país, sino adaptadas a la realidad de cada sector. Dichos presupuestos serían revisables cada cierto tiempo, algo en lo que coinciden todas las asociaciones, ya que puede cambiar la urgencia con la que tenemos que afrontar el problema.

2016 supera a 1998 como año más cálido en 38 años de datos de sátelite

2016 supera a 1998 como año más cálido en 38 años de datos de sátelite

El segundo gran elemento de consenso que consideran que debe incluirse en la ley de cambio climático es el relativo a la descarbonización de la economía. La obtención de energía eléctrica a través de centrales térmicas que usan carbón fue una de las causantes del aumento de emisiones de GEI por parte de España en 2015 con respecto al año anterior. El carbón sigue, denuncian, fuertemente subvencionado, y el calentamiento global no se podrá frenar hasta que no se frene el uso de combustibles fósiles. Segovia pide "objetivos claros" para alcanzar esta descarbonización, sumados a "una política fiscal que penalice el consumo de combustibles fósiles y que incentive que se hagan bien las cosas", opina.

Nuño considera que la descarbonización no será posible sin contemplar "una transición justa" para los trabajadores empleados en el sector de los combustibles fósiles. Los sindicatos, explica la activista, le preguntaron a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante la COP22 de Marrakech cómo iba a afectar el proceso al mundo laboral. Su respuesta, cuenta, fue que eso depende del Ministerio de Energía: prueba de que la norma no está ni en pañales. Greenpeace, pide, además, prohibir por ley la alargación de la vida útil de las centrales térmicas de carbón, las subvenciones a este tipo de materia prima y el rechazo expreso a nuevos proyectos que utilicen energías sucias.

La lista de deseos de esta futura ley es amplia, dado que el Ejecutivo no ha mostrado aún sus cartas. WWF y Greenpeace también coinciden en la necesidad de tomar medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático que ya se están notando, sobre todo en lo referente a la gestión del agua y su escasez. Esta organización pide mejorar la metodología de medición de gases de efecto invernadero para que el rigor sea máximo a la hora de tomar decisiones. Nuño concluye sus peticiones con la más básica de todas: que sea una norma "transparente" e "inclusiva" a la hora de conocer "cómo se realiza la normativa, quiénes se sientan a realizarla…", demanda. "Tiene que haber un papel importante de la sociedad civil".

Más sobre este tema
stats