El ático de González

El PP lleva ocho meses sin resolver el expediente abierto a González por el ‘caso ático’

Ignacio González y Esperanza Aguirre.

"El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado la apertura de expediente informativo a D. Ignacio González González en base al artículo 18.7 de los estatutos del partido". Así rezaba un breve comunicado emitido por el PP el pasado 11 de marzo. Dos días antes, la jueza del caso ático le había llamado a declarar como investigado, figura jurídica anteriormente conocida como imputado. El expediente lleva desde entonces en un cajón.

Fuentes del PP admiten, a preguntas de infoLibre, que el expresidente madrileño ni siquiera ha sido llamado a declarar ante el Comité de Derechos y Garantías. Un portavoz argumenta, para explicar esta falta de actividad, que tampoco se han producido "novedades judiciales" desde entonces. "Y es lógico que la investigación interna del PP vaya acompasada con la judicial", añade. 

El expediente a Ignacio González se abrió a instancias del PP de Madrid y, en teoría, a partir de ese momento el Comité de Derechos y Garantías tenía que empezar a recopilar toda la información necesaria para comprobar las acusaciones que pesan sobre González, interrogarle y tomar una decisión que podía ir desde el archivo de la causa a la expulsión cautelar del partido mientras se instruye su expediente.

Ignacio González declaró ante la jueza el pasado 18 de abril junto a su mujer, Lourdes Cavero, y a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En esa comparecencia ante la jueza de Estepona (Málaga) Isabel Conejo, el expresidente madrileño mantuvo que desconocía que su mujer había alquilado el inmueble en 2008 a una sociedad inscrita en el Estado de Delaware (EEUU).

Además de por el caso ático, en los últimos días su labor en la Comunidad de Madrid ha estado en el punto de mira por otro escándalo: el de los espías. El lunes, la cadena Ser informaba de que el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) reconocía un espionaje político pagado con dinero público durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional y González como número dos.

En un escrito de calificación, los letrados reclaman que los seis imputados sean llevados al banquillo de los acusados por un delito de malversación de fondos públicos, por supuestamente haber realizado estos seguimientos con medios y dinero de la Comunidad. Para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, pide 18.000 euros de multa y tres años de suspensión de empleo y 9.000 euros y la misma suspensión para el entonces subdirector, Miguel Castaño. La petición para los tres agentes de la Guardia Civil y el empleado público que supuestamente habrían realizado los seguimientos es de un año de suspensión y multa de 1.800 euros. La Fiscalía solicitó, por su parte, el archivo de las actuaciones.

"Causa general inquisitorial"

La semana pasada, infoLibre informó de que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su mujer habían remitido un escrito a la titular del Juzgado número 5 de Estepona en el que se presentaban como víctimas de una conspiración originada en diferentes frentes.

Según el letrado defensor de la pareja, "se ha abierto una causa general inquisitorial con apoyo expreso del propio juzgado, atemperado tan sólo por el Ministerio Fiscal".

En el documento, el matrimonio asegura que la "investigación prospectiva" iniciada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) es consencuencia de una "reacción corporativista"después de que al comisario de Policía Agapito Hermes de Dios, uno de sus afiliados, se le incoaran dos expedientes administrativos tras investigar el caso.

El exdirigente conservador reclama el sobreseimiento del caso, pese a reconocer que todavía falta por conocer el resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá y que llegue la documentación reclamada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en relación con la presencia del presunto testaferro Rudy Valner en España.

"Es público y notorio que las relaciones político-personales entre algunos diarios y el señor González (El Mundo, El Español, otros periódicos digitales y periodistas adscritos) no eran buenas a consecuencia de distintos motivos: unos relacionados con la rescisión de distintos contratos de publicidad y compra de ejemplares con la Comunidad de Madrid u organismos vinculados y otros de índole política", puede leerse en el escrito.

Sin cargos orgánicos en el PP

A día de hoy, González no tiene ningún cargo orgánico dentro de la estructura del PP de Madrid. Tampoco tiene ninguna responsabilidad institucional. Para justificar la apertura del expediente, el partido apuntó al artículo 18.7 de sus estatutos, el que regula las suspensiones cautelares de militancia y funciones de carácter provisional.

Casi un mes antes de la apertura del expediente a González, el 14 de febrero, Esperanza Aguirre, que dejó en septiembre de 2012 la Presidencia de la Comunidad de Madrid en sus manos, Esperanza Aguirreconvocaba a la prensa para anunciar que dimitía como presidenta regional del partido por las sospechas de corrupción de personas que habían hecho carrera política a su lado, como Francisco Granados, ahora encarcelado en el marco de la operación Púnica. operación PúnicaEse mismo día también se dio a conocer que Ignacio González había dejado la secretaría general del partido hacía meses. El hecho de que la noticia hubiese estado oculta hasta ese momento provocó el enfado de la dirección nacional del PP. Presuntamente, González había presentado su dimisión en una carta fechada el 15 de diciembre y registrada seis días después. Pero nadie lo sabía, salvo Aguirre.

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Ignacio González sigue investigado en este caso que se remonta a 2012. Según se desprende del sumario, el expresidente madrileño y su mujer alquilaron a la empresa offshore Coast Investors el ático de lujo, ubicado en Estepona, en 2008 después de que Lourdes Cavero, su esposa, visitara en dos ocasiones el inmueble, que estaba en venta.

El supuesto comprador, un testaferro profesional llamado Rudy Valner, reconoció que compró la vivienda sin visitarla. En una declaración como testigo, Valner aseguró que el propietario de la empresa Coast Investors era el ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto, amigo y socio del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Este último es amigo personal de González y ha sido uno de los grandes beneficiados por adjudicaciones de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Aguirre.

Tras publicar en 2012 El Mundo que González alquilaba un inmueble de lujo a un precio muy inferior al del mercado, el matrimonio acabó adquiriendo el dúplex en diciembre de ese año. La investigación trata de averiguar si el ático es en realidad propiedad de González desde 2008 y si fue un regalo que recibió como soborno.

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