Proyecto Castor

El Europarlamento pide indemnizar a los afectados del Castor después de que el Estado solo pagara a ACS

Plataforma del proyecto Castor.

"La aplicación efectiva del principio de que quien contamina paga a las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro debe extenderse no solo a los costes de prevención y reparación del daño ecológico –tal como se ha logrado en la actualidad en cierta medida a través de la Directiva sobre seguridad mar adentro y la Directiva sobre responsabilidad medioambiental– sino también a los costes de las indemnizaciones por daños y perjuicios tradicionales, en consonancia con el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible". Así reza el Informe sobre responsabilidad, indemnizaciones y garantía financiera en el ámbito de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, aprobado este jueves en el Parlamento Europeo.

El informe cita explícitamente el caso del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado en la costa de Vinarós (Castellón), reconociendo que el proyecto "causó en 2013 aproximadamente 500 seísmos en las costas de Tarragona y Castellón que afectaron directamente a miles de ciudadanos europeos" y, por lo tanto, reconociendo la existencia de afectados.

En octubre de 2014, el Congreso aprobó el decreto ley que suponía la hibernación del almacenamiento subterráneo y autorizó el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa promotora, Escal UGS, filial de ACS. Esta medida supuso la prohibición de realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento.

Ahora, Bruselas, que investiga si la indemnización del Estado fue en realidad una ayuda ilegal a la empresa, pide la plena aplicación y el cumplimiento de la directiva sobre seguridad en alta mar, poniendo de relieve la urgencia de garantizar un marco jurídico adecuado que sea de aplicación de todas las actividades extractivas o de almacenamiento en el mar para que queden obligadas por un parque Europeo antes de que ocurra un accidente grave.

El informe aprobado en la Cámara también hace hincapié en que es necesario lograr un equilibrio entre la "rápida y adecuada indemnización de las víctimas y la prevención del pago de indemnizaciones ilegítimas (también conocido como el problema de apertura de esclusas), a través de una mayor seguridad en cuanto a los niveles de responsabilidad financiera de muchas empresas extraterritoriales y la necesidad de evitar procedimientos largos y costosos ante los tribunales". 

Por todo ello, el documento insta a los Estados a establecer un marco jurídico acorde con las directivas europeas y las directrices recogidas en el informe con el objetivo de garantizar la protección ambiental en este tipo de proyectos de explotación en alta mar y regular el pago y la responsabilidad de las indemnizaciones ante incidentes como el del proyecto Castor. 

"Inaceptable que la ciudadanía no haya recibido ni un euro"

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Con el reconocimiento en el informe de ciudadanos afectados por el almacén de gas submarino Castor, el eurodiputado y portavoz de ICV, Ernest Urtasun, asegura que se "lanza unos cuantos mensajes claros. El Parlamento Europeo vuelve a afirmar que el caso Castor fue un escándalo y que debe tener consecuencias a nivel legal, se deben cambiar las normas para no permitir que vuelva a pasar algo así".

Urtasun también denuncia que los afectados no hayan recibido ninguna indemnización, al contrario que ACS. "todas las personas afectadas deberían cobrar su indemnización, que debería pagar la empresa. Es inaceptable que estemos pagando la indemnización multimillonaria a Escal y a Florentino Pérez y que la ciudadanía afectada directamente no haya recibido ni un euro", asegura el eurodiputado. 

"Junto con la sociedad civil insistiremos a la Comisión para que no cierre el proceso de infracción por ayudas de estados ilegales y seguiremos insistiendo en el Banco Europeo de Inversiones a que no rehúya su responsabilidad. Sin su préstamo el proyecto Castor nunca hubiera salido adelante", concluye Urtasun.

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