Independentismo
Las defensas de Mas, Ortega y Rigau piden a Rajoy como testigo en el juicio del 9N
Los abogados del expresidente de la Generalitat Artur Mas, de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau pidieron que en el juicio por la consulta independentista del 9N el tribunal cite a declarar como testigos, entre otros, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En sendos escritos presentados este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y a los que tuvo acceso Europa Press, las respectivas defensas pidieron también el archivo de la causa contra los tres investigados al considerar que ni desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) ni prevaricaron con la consulta del 9 de noviembre de 2014.
La defensa de Mas pidió un total de 11 testigos, pero sólo en los casos de Rajoy y Catalá especifica el por qué solicita que comparezcan: "Para interrogar a los mismos sobre el contenido y alcance de sus declaraciones públicas con ocasión del proceso participativo".
Entre las testificales pedidas por Mas figuran además el exconseller Francesc Homs –también investigado por el 9N, aunque de su causa se encarga el Tribunal Supremo (TS)–, la que era presidenta del Parlament, Núria De Gispert, y el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver.
La lista de peticiones para el juicio –aún sin fecha– la completan: el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el expresidente del Parlament Joan Rigol; el presidente de la ACM, Miquel Buch; el presidente del Greco y juez del Tribunal Supremo de Croacia, Marin Mrcela, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Albertí y Joan Vintró.
Ahora, el tribunal deberá examinar los escritos de defensas y los de la acusación –ya presentados anteriormente por parte de la Fiscalía y la acusación popular– para valorar qué pruebas de las solicitadas admite y cuáles no, para luego fijar la fecha del juicio.
La defensa de Mas insiste en su escrito en que el expresidente no desobedeció porque el Govern "interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo" a partir de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de celebrarse.
Creen que no se puede mezclar el haber puesto en manos de los ciudadanos determinados medios públicos para llevar a un proceso de carácter participativo, según ellos "enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática", con organizar un referéndum oficial desobedeciendo una resolución judicial".
La defensa del expresidente también insiste en que no hubo por parte del Constitucional "una orden concreta, precisa y determinada" de suspensión ni tampoco con un destinatario concreto para que se pueda aplicar un supuesto delito de desobediencia.
"El señor Mas recibió una providencia que ni tenía mensaje, claro, ni se puede considerar completa por falta de aclaración, ni concretaba en su persona la responsabilidad de adoptar una determinada conducta", valoran sus abogados.
Garantizar la seguridad
El fiscal mantiene la petición de 10 años de inhabilitación a Mas y de 9 a Ortega y Rigau
Ver más
En cuanto a la supuesta prevaricación, los letrados lo ven "todavía más inverosímil" pues consideran que, aún aceptando que la consulta podría haberse suspendido, los acontecimientos podrían haber afectado a la seguridad y al orden público.
"Los más de dos millones de ciudadanos que se desplazaron a las urnas aquel 9 de noviembre de 2014 no hubiesen sustituido sus planes, sin más, por una comida familiar", valora el escrito presentado ante el TSJC; en este contexto, consideran que el Govern tenía la obligación de velar para que la jornada fuese lo más segura posible.
El juicio contra Mas, Ortega y Rigau se celebrará por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación de los que le acusa la Fiscalía –que podrían implicar una condena de inhabilitación– al descartar el TSJC la intención de la acusación popular, y a la que se opuso también la Fiscalía, de citarlos por malversación de fondos, lo que sí podría haber supuesto una pena de cárcel.
