La disyuntiva de Granados ante el juez: tirar de la manta o prepararse para su tercera Navidad en prisión

¿Qué significan las iniciales JLM y BG que aparecen en la agenda manuscrita acompañadas de importantes cantidades de dinero? Según el arrepentido David Marjaliza se trataría del empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, de OHL, que habría abonado 1,4 millones de euros de forma irregular al exgerente del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez.

¿Pero qué ha dicho Francisco Granados de estas iniciales o de otras como JEC o LD que se pueden leer en la libreta interceptada por la Guardia Civil? Nada. Según fuentes cercanas al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el presunto cabecilla de la trama Púnica se ha negado a colaborar con la Justicia. Y ese sería el principal motivo, junto a la posibilidad de que destruya pruebas o incluso intente una posible fuga, por el que Granados sigue en la cárcel, mientras que su exsocio David Marjaliza abandonó la prisión hace casi un año.

Y por eso, según explican fuentes de las acusaciones a infoLibre, la única posibilidad que tiene Granados de no pasar la Navidad en la cárcel, en este caso serían las terceras ya que fue arrestado en octubre de 2014, es identificar a las personas que supuestamente habrían financiado de forma irregular al PP de Madrid. Por eso, Granados se encontraría ante la disyuntiva de que o tira de la manta o seguirá en la cárcel.

Piezas separadas

Pero esta no será la única incógnita que Granados deberá despejar del sumario que investiga el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, sino que el exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP madrileño tendrá que especificar su participación en una decena de piezas separadas del caso Púnica caso Púnicaen las que se investigan sus actuaciones como integrante del Gobierno autonómico y del partido en la Comunidad de Madrid, ambos presididos por Esperanza Aguirre.

Hasta el momento, Granados sólo ha reconocido en un recurso presentado en la Audiencia Nacional que el millón de euros que escondían sus suegros, en un maletín guardado en un altillo, y que estos atribuyeron a empleados de Ikea, le pertenece, ya que obedecía a ingresos obtenidos durante su etapa como analista para el Banco Société Générale en una época anterior a los hechos investigados.

Además, el exalcalde de Valdemoro por el PP precisó que el dinero procede de una cuenta que disponía en Suiza y que cerró cuando accedió a su primer puesto político en la Comunidad de Madrid.

A petición propia

La comparecencia de Granados se produce a petición propia, lo que ha generado gran expectación entre los imputados y sus abogados por las revelaciones que pueda realizar ante el instructor de la causa.

Según la providencia de citación, Granados ha solicitado prestar declaración "sobre hechos que son objeto o han sido objeto de investigación". En concreto, hizo esta petición un día después de que la Sección Cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara su prórroga de prisión durante dos años, lo que le supondría pasar al menos su tercera Navidad en la cárcel madrileña de Estremera, que fue inaugurada por el propio Granados durante su paso por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Su principal socio, David Marjaliza, obtuvo la libertad tras realizar confesiones sobre las actividades de Granados al frente de la supuesta trama, lo que puede hacer pensar en que el reo pueda proceder de forma similar, con la intención de salir de la prisión, explican fuentes de las acusaciones a este periódico.

Se sirvió de sus cargos

Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional justificaron su decisión de mantener a Granados en prisión en un auto en el que afirmaban que el ex secretario general del PP se sirvió de los cargos públicos desempeñados desde el año 2000, "corrompiendo a quien fuera menester", para enriquecerse.

Asimismo, el auto especificaba que existen datos "elocuentes y directos de presiones, amenazas y afán de tergiversar, entorpecer o manipular" las manifestaciones de otros investigados, de amigos, familiares y testigos, entre otros.

El abogado Carlos García de Ceca -que defiende a Granados desde hace sólo unos meses-, solicitó en un breve escrito que su representado prestara declaración en "las diligencias previas que se le siguen por la comisión de diversos presuntos delitos".

En un primero momento, el juez Velasco emplazó a Granados para que declarara en enero, aunque al final el reo reclamó que su comparecencia se adelantara, quedando señalada para este miércoles 21 de diciembre.

Una decena de casos

En concreto, el ex secretario general del PP madrileño será interpelado por el juez Velasco sobre las actividades de la trama en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. Un escrito de Anticorrupción de 19 de noviembre de 2015 destaca las presuntas irregularidades cometidas por la red corrupta en el Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la trama Púnica. Como por ejemplo la existencia de importantes comisiones solicitadas y recibidas por recalificaciones urbanísticasrecalificaciones urbanísticas y por ventas de parcelas municipales.

Pero también por la concesión de viviendas protegidas y por la adjudicación de contratos públicos de obra y servicios, "amañados a favor de las sociedades vinculadas a los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid Sicluna, por los que ocuparon el cargo de alcalde de Valdemoro, Francisco Granados y José Miguel Moreno". Según la investigación de la Fiscalía, la trama propició a varios empresarios pelotazos urbanísticos por 709 millones.

Granados tendrá que justificar otros hechos atribuidos a la trama que dirigía en otros consistorios madrileños, entre ellos el de Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco; pero también las adjudicaciones a la multinacional francesa Cofely, para la que Granados actuaba de conseguidor y que consiguió contratos de eficiencia energética por 170 millones. Y también estará obligado a justificar los gastos abonados por fiestas a la empresa Waiter Music, cuyo propietario era amigo personal del exconsejero de Presidencia. El juez Velasco considera que Granados pudo utilizar la firma Waiter Music para financiar al Partido Popular en diferentes municipios.

El patrimonio de Granados

El que fuera número dos de Esperanza Aguirre también será interrogado por el juez y por las fiscales en relación a su patrimonio, en el que destaca dos viviendas de Valdemoro y otra en Marbella (Málaga). El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitó a la Agencia Tributaria "un análisis y valoración" del patrimonio acumulado por el reo durante los 14 años previos a su arresto.

En una providencia, el magistrado reclamaba un examen patrimonial sobre el empresario y amigo de Granados David Marjaliza y  que se investiguen los bienes titularidad "directa o indirecta" de "familiares, personas interpuestas o personas sociales" entre los años 2000 y 2014.

Granados será obligado por el magistrado a despejar las incógnitas sobre la trama internacional de blanqueo de capitales. En concreto, Granados deberá confirmar si es propietario del dinero interceptado a la trama en el exterior.

Granados, que abrió su primera cuenta en Suiza 16 días después de ser nombrado alcalde de Valdemoro en julio de 1999, pudo haber movido hasta 14 millones en sus cuentas en España, Suiza y Singapur entre los años 1999 y 2013 según se desprende de un informe de la Unidad Central Oficial (UCO) de la Guardia Civil.

Reputación de Aguirre y González

Un aspecto importante que tendrá que explicar al juez, que toca de forma directa a la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre e Ignacio González, es la investigación sobre la mejora de la reputación online de cargosonline  de la Comunidad de Madrid. 

Tal y como adelantó infoLibre, la trama generó decenas de noticias para mejorar la reputación en Internet de Esperanza Aguirre, según confirma un informe de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), cuyo propietario es el informático de la red corrupta, Alejandro de Pedro. Según fuentes del caso, Granados pudo haber sido la persona que informó a la Comunidad del trabajo que realizaba De Pedro.

El contrato entre EICO y la Comunidad de Madrid, que generó un mínimo de 120.000 euros de beneficio a la red PúnicaPúnica, se firmó en abril de 2012. Y la responsable en el Gobierno madrileño era Isabel Gallego, la directora general de Medios en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González. Gallego, que aseguró al juez Eloy Velasco que no guardaba ninguno de estos informes, está imputada por el contrato.

Colegios privados y concertados

La trama también mantuvo importantes ingresos con la adjudicación de colegios privados y concertados. Y por eso Granados tendrá que relatar su participación en la adjudicación de los mismos, cuya investigación forma parte de una de las 15 piezas separadas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la sociedad Alfedel se habría embolsado más de 19 millones con los colegios concertados y privados. Asimismo, el magistrado Velasco investiga seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama Púnica y que ingresaron más de 222 millones por la construcción de 13 colegios privados y concertados, según consta en un informe de la Agencia Tributaria.

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La empresa del suelo

Granados será con toda probabilidad interrogado sobre la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio y de su fundación. En concreto, tendrá que defenderse de la acusación del arrepentido David Marjaliza, que en su declaración ante el juez denunció que Granados se había aprovechado de sus cargos en la Comunidad de Madrid para controlar las ventas de suelo del Gobierno regional y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, para solicitar "el pago de un peaje a los empresarios interesados en dichas adjudicaciones para la consecución de las mismas".

La Fiscalía Anticorrupción considera que Granados "no sólo atesoró un abultado patrimonio por sus ilícitas actuaciones desde la alcaldía de Valdemoro, (Madrid), sino que aprovechó sus continuados cargos públicos en la Comunidad de Madrid para situarse al frente de la sociedad pública Arpegio y para gestionar fondos denominados del Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma)".