Seis asignaturas pendientes trece años después de una tragedia que pudo haberse evitado

Han pasado más de trece años desde que 62 militares españoles perdieran la vida en el accidente del Yak-42 en Turquía. Más de trece años de juicios, vaivenes políticos y lucha continua por parte de las víctimas. Este martes el Consejo de Estado ha dictaminado, por unanimidad, que la responsabilidad del siniestro recae directamente sobre el Ministerio de Defensa, dirigido entonces por el conservador Federico Trillo, actualmente embajador de España en Reino Unido, según adelantó El País.

El documento [consulta el informe íntegro aquí], aprobado el pasado 20 de octubre, si bien asume que las indemnizaciones a los familiares se encuentran ya asumidas, subraya la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente. "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el informe, encargado en 2004 por el entonces ministro de Defensa, el socialista José Bono. El encargo se suspendió durante el proceso judicial y se retomó en 2014. "Dicho con otras palabras –insiste el documento–, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

A juicio de las víctimas, el dictamen, cuyo ponente fue Fernando Ledesma, viene a oficializar "una verdad que llevamos defendiendo las familias durante más de trece años", comenta Curra Ripollés, hermana de uno de los fallecidos, en conversación con infoLibre. Subraya, además, la importancia "no sólo de lo que dice [el informe] sino también de que se haya admitido por unanimidad: todos están de acuerdo en que el avión nunca debió volar y en la negligencia de su contratación". Ripollés entiende que el documento no es vinculante, pero reivindica la "importante representación democrática" del órgano que lo ha elaborado.

A juicio de las familias de las víctimas, las consecuencias del informe habrían de materializarse en la "inmediata destitución de [Federico] Trillo, que nunca debió de ser compensado" con la Embajada de España en Londres. Ripollés denuncia que el entonces responsable del Ministerio de Defensa "sólo representa la deslealtad con los militares y la cobardía, porque nunca aceptó ninguna responsabilidad, sino todo lo contrario". A su entender, "un desleal y un cobarde no puede estar ocupando una embajada", porque "no representa a los españoles". El presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Miguel Sencianes, entiende la permanencia de Federico Trillo en la embajada española como "una aberración". "Hoy decimos que ni un minuto más", sentencia Sencianes, quien recalca que "ahora ha quedado destapada la mentira" que el conservador ha ido alimentando con el paso de los años.

La oposición ha reclamado también el cese inmediato de Trillo, así como una comparecencia de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Este diario ha consultado al Ministerio de Exteriores si actualmente se baraja la destitución de Federico Trillo como embajador en Reino Unido, a lo que la institución ha respondido remitiéndose a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien la mañana del martes zanjó que el asunto está "sustanciado judicialmente".

Federico Trillo desempeña las labores de embajador desde el año 2012. El suyo, sin embargo, no es el único nombre que ha pasado a dirigir una embajada en el extranjero tras ejercer un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Defensa durante el 2003. El entonces secretario general de Política de Defensa y número tres de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, es hoy embajador en Suecia.

La falta de consecuencias políticas es una de las primeras y más importantes lagunas que ha dejado un procedimiento de más de trece años incapaz de dar con los mecanismos adecuados para la reparación de las víctimas. No es, no obstante, el único frente que permanece abierto tras el accidente.

1. Reapertura del proceso

Los abogados de las víctimas Elisabet Martínez y Leopoldo Gay explican en conversación con este periódico que "el procedimiento penal se archivó libremente en el 2012, y está cerrado sin perjuicio de que vamos a estudiar la viabilidad de una nueva apertura a la vista de que el Consejo del Estado ha sido muy claro". Los letrados entienden que el órgano estatal "no ha sido nada sutil al manifestar que el Ministerio de Defensa tenía la información suficiente para revisar ese vuelo, y que se habría podido evitar el fatal desenlace".

Miguel Sencianes admite que una posible reapertura es "difícil" debido al sobreseimiento libre sobre la causa. No obstante, añade, "las familias lo vamos a intentar" a través de la vía contencioso-administrativa. "Queremos seguir adelante por el contencioso-administrativo, o bien abriendo una nueva investigación o bien por la vía que está en manos de Cospedal", señala Sencianes, quien enfatiza en que "realmente está en sus manos impulsar la verdad y poder reparar", de forma que se pongan en marcha "mecanismos para que nunca vuelta a pasar y para que cualquier asunto de contratación estatal sea transparente y preserve, como mínimo, el derecho a la vida".

Por ello, reclama la necesidad de "un juicio oral donde nos puedan aclarar todas las lagunas existentes". Con él coincide Curra Ripollés, quien considera que el del Consejo de Estado es "un informe tan contundente, que Defensa debe empezar por pedir disculpas y ser valiente para dejarnos abrir la puerta e iniciar el juicio oral que siempre hemos querido".

2. Reclamación patrimonial

Elisabet Martínez y Leopoldo Gay recuerdan, asimismo, que aunque el informe "no es vinculante", lo cierto es que "ayuda al Gobierno, en este caso al Ministerio de Defensa", a posicionarse.

A día de hoy, las víctimas se encuentran "a expensas de que el Ministerio resuelva sobre la reclamación patrimonial que interpusimos en su día", y que actualmente se encuentra en suspenso, independientemenete de las indemnizaciones ya pagadas.

3. Empresas subcontratadas

El origen de las empresas que intermediaron en la contratación del aparato es, para las víctimas, una de las principales lagunas que continúa enturbiando el esclarecimiento completo de las circunstancias que rodean al accidente.

"Los vuelos se llevaban 100.000 dólares en comisiones, y hubo cinco subcontratas de cinco países, entre ellos el Líbano, Turquía y Ucrania", señala Sencianes. En este sentido, añade, "el vuelo se hizo sobre un aparato que no pertenecía a la OTAN, y el mismo acuerdo marco de ventas sobre el que se ha escudado siempre el Ministerio de Defensa impide el uso de aparatos que no son de la OTAN, es decir, no permite el uso de Yakovlev, únicamente acepta empresas europeas u occidentales". Ante tal coyuntura, el presidente de las víctimas concluye que "este tipo de aviones no estaban permitidos, y por tanto alguien nos tendrá que decir por qué se contrataron con estas subcontratas".

4. Ausencia de seguro

La cuestión económica, por su parte, continúa siendo trece años después un asunto sin resolver. "El seguro no está emitido", subraya Sencianes, de manera que "España paga sus 149.000 euros del vuelo a la OTAN, pero nadie hace el seguro".  Por tanto, agrega, "las arcas de todos los ciudadanos han asumido las indemnizaciones, pero en realidad este importe no era una póliza del seguro". Tal y como lamenta el representante de las víctimas, "nadie ha dado explicaciones sobre ello, y siguen sin darlas".

5. Los 43 contratos anteriores

Uno de los pilares básicos en la lucha de los familiares apunta a los contratos de los vuelos realizados con anterioridad al Yak-42. Se trata, señala Sencianes, de comprobar la veracidad de los argumentos defendidos por los militares: "Ellos aseguraban que se seguían contratando reiteradamente estas compañías, a pesar de las quejas, que no eran sólo de comodidad sino también de seguridad".

La forma de constatar tales afirmaciones radica esencialmente en la revisión de los contratos, "que nadie nos ha proporcionado nunca", denuncia el presidente de la asociación. "Queremos llegar a los 43 contratos anteriores y ver cuál es el volumen real, saber si el del Yak fue un error reiterado y no un caso aislado", exige, al tiempo que recalca que "es la base del modus operandi".

6. Identificación de los cadáveres

Documentos oficiales avalan la responsabilidad de Trillo de la que habla el Consejo de Estado

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En mayo del 2009, el general médico Vicente Navarro fue condenado a tres años de prisión por un delito de falsedad documental, como consecuencia de haber falsificado las identificaciones de 30 militares fallecidos. El general, sin embargo, falleció sin haber cumplido condena, y los dos comandantes que también habían sido condenados fueron indultados.

El representante de las víctimas denuncia que "cuando Navarro hace identificaciones sabe que no tiene la disciplina ni el saber para hacerlas, sin embargo firma un acta diciendo que 30 cadáveres no están identificados y que sin prueba de ADN no se puede realizar la identificación". Sencianes se pregunta "por qué un general decide sortear 30 cadáveres sin ser ni siquiera forense", cuestión que él mismo resuelve: "La lógica indica que alguien se lo ordenó".

Más de trece años después, la lucha de las víctimas permanece imparable pese al silencio de los organismos oficiales y a sus esfuerzos por cerrar un episodio no concluso, que deja a sus espaldas toda una serie de frentes abiertos. Resolverlos es el principal mandato de las víctimas para esclarecer la verdad de los hechos que rodean al accidente más grave sufrido por las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.