La reapertura de Garoña, una posible vía para prolongar la vida de las nucleares en España

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio este miércoles el pistoletazo de salida al debate sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), una polémica que se ha mantenido candente desde su cierre hace cinco años. El organismo ha comenzado ya a estudiar los documentos que su dirección técnica ha elaborado avalando la posibilidad de poner de nuevo en funcionamiento la central, una opción que de ser respaldada por el Consejo, pasará a manos del Gobierno, quien tiene la última palabra.

En diciembre de 2012, Garoña puso fin a su actividad por motivos económicos, ya que según Nuclenor, propietaria de la central, su mantenimiento conduciría a unas pérdidas de unos 96 millones de euros, como consecuencia de los impuestos que desde enero de 2013 gravarían los residuos. A raíz de la clausura, la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a Nuclenor una multa superior a los 18 millones de euros, por carecer del consentimiento previo de los reguladores y del operador del sistema.

Ya en el año 2014, la empresa solicitó una prórroga de 17 años, algo que incumplía el límite de diez años de revisiones periódicas fijado por la guía del CNS. El Gobierno, como respuesta, apostó por una modificación de la guía para evitar la vigencia de dicho principio, lo que permitiría a Nuclenor aumentar su vida útil hasta 2031. El Ejecutivo de Mariano Rajoy encargó entonces un informe al CNS, que tres años después llega a su punto y final dejando a su espalda 30.000 horas de trabajo y 167 documentos que ahora deberán ser analizados para dirimir sobre la posible reapertura de la central.

Lo paradójico, no obstante, radica en que paralelamente a la evaluación de su reapertura, el propio CNS estudia la orden ministerial de cese definitivo de explotación que pende sobre la central. Es decir, mientras se plantea la renovación de su funcionamiento, se trabaja también sobre su cierre.

Precedente sobre la vida útil de las centrales

La amplia información que deben analizar los miembros del Consejo –compuesto por tres consejeros designados por el PP y otros dos por el PSOE– impone una serie de condiciones técnicas e inversiones económicas destinadas a garantizar la seguridad de la central y que la empresa propietaria habría de admitir en caso de reapertura.

No parece, sin embargo, que las entidades que conforman Nuclenor  –Iberdrola y Endesa al 50%– estén dispuestas a asumir el impacto económico. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, prometió a los sindicatos en abril del 2016 que la central se cerraría por motivos económicos. Semanas antes el propio Sánchez Galán admitía que el cierre de centrales nucleares en todo el mundo se estaba produciendo "no por razones políticas, sino económicas, porque no son viables".

Cristina Narbona, miembro del consejo y exministra de Medioambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha venido pronunciando públicamente al respecto mediante sus votos particulares. La socialista entiende que durante los últimos cuatro años ha existido un esfuerzo impulsado desde el Gobierno para cambiar las normas y realizar un proceso a medida que camine hacia la reapertura de Garoña, que sin embargo, considera, es poco probable que llegue a efectuarse.

Con los informes sobre la mesa, el Consejo ha puesto toda una serie de condiciones que actualmente no cumple la central. Estos requisitos, especialmente los económicos, podrían no ser aceptados por las empresas, lo que dejaría un escenario en el que, aun con la central cerrada, se habría validado su vida útil de 60 años –de 1971, cuando nació, hasta 2031, fecha de la prórroga–, un precedente muy valioso para la industria que abriría paso a centrales como la de Almaraz (Cáceres).

Así lo creen también las organizaciones ecologistas que se han pronunciado en contra de la reapertura. Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, entiende que la aprobación dará pie a que el Ministerio de Energía permita aumentar la vida útil de las centrales, de modo que ésta "se extendería hasta 60 años sin que haya habido un debate previo, lo que supone un precedente y un paso más del CSN para prolongar su funcionamiento". Otra de las consecuencias que sentarían precedente es la de apoyar el permiso de renovación por 17 años, cuando en España se venían haciendo revisiones por diez años y la UE recomienda reducir ese lapso de tiempo a seis años.

  Según Greenpeace, la reapertura es "un mero trámite para prolongar la vida útil del resto de centrales"

Greenpeace tampoco titubea al pronosticar que las empresas propietarias "no van a realizar esta inversión". Los ecologistas entienden que "detrás de esto se encuentra simplemente una operación por parte de la industria de querer ampliar la vida útil de las centrales, no un interés real de reabrir Garoña", lo que supone, según interpretan los miembros de Greenpeace, "un mero trámite para prolongar la vida útil del resto".

Precisamente en noviembre del pasado año los grupos de oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos– pidieron por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que pusiera fin al proceso de reapertura de Garoña y que impulsara un debate a fondo sobre la prolongación de vida de las centrales nucleares. Debate que, desde entonces, continúa sin haberse producido.

Oposición ecologista

El estado en el que se encuentra Garoña, además, es a juicio de los ecologistas motivo suficiente para frenar su reapertura. "La central no está en condiciones de seguir, y las peticiones no son suficientes para llevarla a un nivel de seguridad aceptable", analiza Francisco Castejón en conversación con infoLibre. En este sentido, entiende que garantizar la seguridad "al 100% no es posible, lo único que cabe es sopesar la probabilidad de que ocurra un accidente". 

Entre las consecuencias, Castejón denuncia el "sometimiento del medioambiente a un riesgo inaceptable, fugas radiactivas que contaminarían todo el Ebro, las huertas de su alrededor –la catalana, navarra o riojana, entre otras–, y el ecosistema". Además, "los vientos hacia el norte contaminarían el País Vasco".

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También Greenpeace advierte de que "la central es muy antigua y su reactor es similar al de la central de Fukushima", de modo que su puesta en marcha "supondría un peligro para la ciudadanía". Ante esta situación, la tesis que defienden los ecologistas apunta hacia un cierre progresivo de las centrales a medida que agoten su tiempo de vida útil, de forma que sean sustituidas por energías renovables, una alternativa que aportaría "beneficios económicos, de seguridad y medioambientales".

A la oposición ecologista se une también la negativa de las instituciones vascas, que se han manifestado contrarias a la reapertura en reiteradas ocasiones. En el lado opuesto se encuentra el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien entiende que Garoña es "necesaria para la producción energética" y que, con las suficientes garantías de seguridad, crearía "500 empleos directos y cerca de mil indirectos" en el entorno de la localidad castellanoleonesa.

Este diario ha intentado sin éxito contactar con la empresa Nuclenor, que no ha contestado a las peticiones de infoLibre para conocer su postura sobre la posibilidad de una nueva puesta en marcha de la central.