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Tratado de Libre Comercio

El CETA divide a los socialistas europeos ante la votación definitiva en la Eurocámara

Imagen de archivo del Parlamento Europeo.

El controvertido proyecto de tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) divide a los socialistas europeos. Los socialdemócratas se reúnen en la tarde de este martes para intentar fijar una posición común ante la votación definitiva en la cámara de Estrasburgo, que tendrá lugar el miércoles 15 de febrero. 

La división del grupo se hizo visible el 24 de enero en la votación de la iniciativa en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, previa a su paso por el plenario. Una mayoría de alemanes, británicos, rumanos, italianos se mostraron favorables al texto, mientras que belgas, franceses y austriacos se opusieron por considerar que todavía existía margen para mejorarlo. "Es un tratado que no está acabado, que no tiene nada de un texto del siglo XXI", declaró la socialista belga Marie Arena a Mediapart.

También votaron a favor los españoles que, por el momento, guardan silencio sobre su posición en el pleno de este miércoles. Consultados este lunes por infoLibre declinaron hacer declaraciones hasta la celebración de esa reunión con el resto de delegaciones. Semanas antes, en diciembre, la también socialista Soledad Cabezón había votado en contra del texto en la Comisión de Medio Ambiente.

En un artículo publicado en El País el pasado 14 de diciembre, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, portavoz en la Comisión de Comercio Internacional, defendió que el CETA "sería un buen modelo para construir un orden comercial políticamente avanzado", si bien admitía que no era un buen momento para aprobarlo como consecuencia del "creciente rechazo a la liberalización del comercio" y de las "críticas contra la globalización a la que se responsabiliza en exclusiva del aumento de la desigualdad y la pobreza". 

Sí tienen definida su posición los representantes en la Eurocámara del resto de los principales partidos políticos españoles. Los eurodiputados del PP, que defienden que la supresión de los derechos aduaneros posibilitará que los productos españoles sean más competitivos en Canadá, votarán a favor. En el mismo sentido se expresará el representante de Ciudadanos Javier Nart, que entiende que el acuerdo supondrá una "multiplicación de oportunidades para Europa", no desprotege al consumidor y supone una mejora, a su juicio, en el sistema actual de arbitraje. La otra eurodiputada de la formación naranja, Carolina Punset, no participará en la votación por un problema de salud. De haber acudido, no obstante, habría optado por la abstención. 

Por contra, han manifestado su clara oposición a este tratado tanto los eurodiputados de Podemos como los representantes de IU y Equo. De hecho, los grupos en los que se integran, Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes, intentaron que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara sobre la compatibilidad del proyecto con la legislación comunitaria. Los votos en contra de conservadores y socialistas impidieron que saliera adelante esta moción. 

A favor y en contra 

Tras haber sido ratificada por los Veintiocho, el paso por el plenario es la última etapa del recorrido parlamentario de este proyecto de tratado. La Eurocámara, que tiene derecho de veto sobre los acuerdos comerciales desde la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Lisboa, ya echó por tierra en 2012 otro proyecto de tratado comercial, el ACTA. Sin embargo, en esta ocasión, los equilibrios parecen diferentes.

De hecho, el precedente no es muy prometedor para los detractores de este proyecto de tratado, pues los miembros de la comisión de Comercio lo aprobaron hace poco más de tres semanas con una mayoría muy clara: 25 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El Partido Popular Europeo y los liberales votaron a favor, mientras que los ecologistas y los representantes del GUE (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea) optaron por el no. En el grupo de los socialdemócratas no hubo unanimidad.

Los defensores de este acuerdo aseguran que favorecerá a las empresas de la UE que quieran expandirse hacia el mercado canadiense, que lo tendrán ahora más fácil y podrán beneficiarse de procedimientos simplificados. Por ejemplo, las empresas de la UE podrán optar a contratos públicos a todos los niveles de la administración canadiense, incluida, por primera vez, la administración provincial, responsable de gran parte del gasto público. Sus partidarios creen también que el CETA es la mejor de las respuestas a la “salida” de Trump, porque no es un simple acuerdo de libre comercio al uso, sino un texto, en su opinión, más ambicioso y protector.

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Sus detractores, sin embargo, no creen que las disposiciones sobre protección de los inversores incluidas en el tratado respeten el derecho de los países a regular en defensa del interés público, por ejemplo, para proteger la salud, la seguridad o el medio ambiente. Este lunes activistas y eurodiputados contrarios a este proyecto entregaron en la Eurocámara 3,5 millones de firmas a los vicepresidentes del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek (Verdes) y Dimitros Papadimoulis (Izquierda Unitaria). 

La portavoz de IU en el Europarlamento, Marina Albiol, dijo del CETA que "más que un tratado o un acuerdo es una especie de constitución transatlántica hecha a la medida de la derecha política y económica europea". A su juicio –al igual que otras iniciativas como el TISA o el TTIP– estos acuerdos son ideados "para que la izquierda, aunque gane en las urnas, no pueda aplicar políticas de izquierdas".

Si los eurodiputados dan su consentimiento final en esta sesión plenaria, el acuerdo podrá aplicarse de manera provisional en abril. No obstante, al haber sido declarado además acuerdo mixto, requiere de la ratificación por los parlamentos nacionales y regionales, lo que en la práctica supone que tendrá que superar un proceso de profundo escrutinio. 

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