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Corrupción

Anticorrupción envía dos informes opuestos: el de la jefa exime al presidente de Murcia y el de las fiscales del caso lo incrimina

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El viraje impuesto por el fiscal general del Estado en la Operación Púnica y que ha llevado a Anticorrupción a oponerse a que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea imputado acaba de desencadenar una situación inédita. Sobre la mesa del juez del caso, Eloy Velasco, hay desde el lunes dos informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, formalmente ajenos el uno al otro pero en realidad absolutamente contradictorios.

Un informe, firmado por la fiscal jefe en funciones de Anticorrupción, Belén Suárez, es el que refleja la posición del fiscal general, José Manuel Maza. Y salva en 12 líneas a Sánchez al concluir que los contratos con que la trama habría acometido la tarea de limpiar su imagen en Internet a cambio de dinero público, amén de colocarse en un terreno de difícil "deslinde" –el que separa "la publicidad institucional de la reputacional"– ni siquiera se firmaron. No hubo por tanto "perjuicio" económico. Ni tampoco delito de fraude porque –alega Suárez– no consta que la propuesta del conseguidor y gran experto en lavar la imagen de distintos políticos fuese aceptada por Pedro Antonio Sánchez.

El otro informe, de 27 páginas y suscrito por las dos fiscales asignadas al caso, Carmen García y Teresa Gálvez, se refiere oficialmente solo a la senadora del PP Pilar Barreiro, que goza de aforamiento ante el Supremo y cuya futura imputación se da por segura. Pero el relato de hechos de ese segundo informe involucra abierta y extensamente al presidente murciano en un "plan criminal" destinado a mejorar la reputación de Barreiro y Sánchez con fondos públicos y que para la Consejería que entonces -2014- dirigía Sánchez, la de Educación, habría supuesto un perjuicio contante y sonante:4.600 euros por mes durante siete meses de no ser porque la operación policial abortó la implementación de ese plan cuatro días antes de la fecha fijada para su inicio. 

García y Gálvez solo ponen nombre a los delitos –prevaricación, fraude y malversación– en lo que respecta a Barreiro. Pero las conductas que describen son idénticas en el caso de la senadora y el del jefe del Gobierno murciano y número dos del PP en esa comunidad: la diferencia estriba en que el Ayuntamiento de Cartagena llegó a suscribir los contratos con Alejandro de Pedro y el Gobierno de Murcia, no.

La acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade pedirá al juez Velasco que mantenga su plan de elevar al Tribunal Superior de Murcia una exposición razonada -una especie de auto explicatorio dirigido a otros jueces- con los indicios incriminatorios que pesan sobre Pedro Antonio Sánchez. El abogado Francisco Montiel, de Adade, refuta los argumentos de la fiscal Belén Suárez con un ejemplo: "Es como si la Policía pilla a uno cuando todavía no le ha dado tiempo a disparar la escopeta y decimos, no, no, no hay muerto así que no hay delito".

Según las fiscales de Púnica, la senadora Barreiro, que en 2014 aún era alcaldesa de Cartagena, "se concertó" con el entonces consejero de Educación y convino con él "intermediar" con el supuesto gran conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y su socio José Antonio Alonso "para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del Consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet". Y, también, para que De Pedro utilizase su influencia en el ámbito del PP nacional para facilitar que Sánchez se erigiese en candidato a la Presidencia del Gobierno murciano.

El siguiente párrafo del escrito contiene la primera gran bomba contra Sánchez. "El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por la sociedad EICO [de Alejandro de Pedro] a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación".

La fiscal Belén Suárez aduce en su informe sobre Pedro Antonio Sánchez que no se le puede atribuir el delito de fraude -cuando un político se concierta con un tercero para adjudicarle un contrato que en sí mismo constituye un fraude a las arcas públicas- porque "ni siquiera existen los contratos de publicidad". "La cuantificación de tal eventual perjuicio futuro tampoco puede establecerse a los efectos del delito de fraude del art. 436 del Código Penal, en la medida en que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un denominado "informe preventa" y no la aceptación de las mismas por el citado aforado".

"Además –agrega Suárez–, en cuanto se trata de hechos previos y anteriores a la reforma del Código Penal  (...), que entró en vigor el 1 de julio de ese año [2015], no podría sancionarse la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública, que ahora tipifica el art. 445 del Código Penal".

Las fiscales García y Gálvez, en cambio, recalcan en cambio la existencia de lo que en un momento del escrito definen también como "plan defraudador". Y aportan detalles para ilustrar la presunta participación de Pedro Antonio Sánchez en ese plan, cuya sola existencia implicaría los delitos de fraude y malversación según distintas fuentes jurídicas ajenas a la Fiscalía aun si solo fuera en grado de tentativa. "Las conversaciones telefónicas intervenidas -dice este segundo informe- han revelado que Alejandro de

Pedro, José Antonio Alonso, Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez mantuvieron contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid, fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública

autonómica de Murcia".

El texto dice más: "Las llamadas telefónicas intervenidas -relatan las dos fiscales de Púnica- han puesto de manifiesto que la publicación en las redes sociales de nuevas noticias negativas del Consejero de Educación en el mes de septiembre de 2014 aceleró las prisas de Pedro Antonio Sánchez por sus trabajos y provocó la convocatoria de dos nuevos encuentros en Madrid entre Alejandro de Pedro, el Consejero de Educación y Pilar Barreiro los dias 22 de septiembre y 21 de octubre de 2014, en el "Hotel Palace" y en el "Hotel de las Letras" respectivamente, evitando de nuevo la sede oficial de ambos polfticos. En esa segunda reunión se cerraron las negociaciones ideadas".  La implementación del plan de limpieza de imagen de Sánchez con cargo a los fondos de la Consejería de Educación, explican las fiscales, estaba previsto para el 1 de noviembre. Pero la operación policial ordenada por el juez Eloy Velasco estalló cuatro días antes, el 27 de octubre.

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Lo sucedido desde que Anticorrupción difundió el lunes una nota de prensa con la que anunciaba su negativa a la imputación del presidente autonómico del PP y una vez que el propio Pedro Antonio Sánchez desveló al día siguiente a primera hora que los cuatro fiscales jefe de lo Penal del Supremo se oponían igualmente a que se le investigase ha generado inquietud e incertidumbre en distintos ámbitos jurídicos.

Este miércoles, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aseguró a infoLibre que su asociación pedirá a la Fiscalía General que explique "cómo le llegó la información" a Pedro Antonio Sánchez.

También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitió un comunicado en el que alerta de que "la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado de no promover la investigación" a Pedro Antonio Sánchez evidencia "serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la instrucción de las causas penales". "No alcanzamos –agrega el comunicado- a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito"

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